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Entidad también pide aclarar rol de Subsecretaría del Interior

CDE se querella en caso Cencosud por falsa ayuda humanitaria ingresada tras el terremoto

por 15 diciembre 2011

CDE se querella en caso Cencosud por falsa ayuda humanitaria ingresada tras el terremoto
El organismo se querelló contra quienes resulten responsables por los delitos de contrabando y fraude al fisco. La guerra con el holding liderado por Horst Paulmann tiene su génesis en el ingreso de camiones desde Argentina con mercancía rotulada como “ayuda humanitaria”, que en la práctica no fue donada a los damnificados por el terremoto, pero que le permitió ahorrar más de un millón de dólares en impuestos. Finalmente canceló lo adeudado, pero sólo después de destaparse la olla. Según el CDE el ingreso de esta mercadería “le permitió fraudulentamente a esa empresa acogerse a una ley de excepción y liberarse -ilegalmente- de una serie de obligaciones aduaneras referidas a la fiscalización”.

En medio de la compra del 85% de Johnsons, de la millonaria adquisición de la cadena de supermercados brasilera Prezunic y la reciente entrega de las llaves a los futuros locatarios del mall Costanera Center, el holding liderado por Horst Paulmann enfrenta un negro escenario. El jueves, la Fiscalía Nacional Económica propinó un duro golpe al rubro de los supermercados tras requisar material de las oficinas de las principales cadenas del país, en el marco de una investigación  sobre eventuales prácticas contrarias a la libre competencia. Tottus, Walmart, Unimarc y Cencosud saltaron al ojo del huracán, a días de las acusaciones por la supuesta colusión de la industria de los pollos.

Pero no es el único flanco que complica a Cencosud.

Hace un mes, el 15 de noviembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de contrabando y fraude al fisco ante el Juzgado de Garantía de Los Andes, la que fue declarada admisible el mismo día y remitida al Ministerio Público.

Una mala noticia para el gigante del retailer, que en marzo de 2010 y tras el terremoto del 27 de febrero, ingresó mercadería caratulada como “ayuda humanitaria”. Ayuda que nunca fue entregada a los damnificados, ya que las 4.228 toneladas de mercancía fueron vendidas a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).

Según la querella del CDE a la que tuvo acceso El Mostrador, en total fueron 183 los camiones que entre el 3 y el 30 de marzo del año pasado ingresaron al país con mercancías remitidas por Jumbo Retail Argentina S.A. a Cencosud Retail S.A. por el Paso Los Libertadores.

Pañales, fideos, leche y sacos de dormir eran algunas de las mercancías, que en ese momento se vieron eximidas de pagar tributos y de ser inspeccionadas por la Aduana, porque se registraron como donaciones lo que según el CDE  “no sólo era falso, sino que permitió que se excepcionara a la empresa Cencosud Retail S.A. de una serie de obligaciones aduaneras referidas a las fiscalización, almacenamiento de la mercancía, retiro de la misma y pago de derechos e impuestos, todo sin ninguna verificación material de la mercancía declarada”.

De esta forma la compañía se ahorró el pago de un millón 183 mil dólares en derechos e impuestos. Y a pesar de que meses después regularizó los pagos, según detalla el CDE, “el supuesto carácter de donación se mantuvo atribuido a la mercancía, por varios meses, ocultándose la realidad, hasta la formulación de las observaciones que efectuó la Contraloría a la Aduana de los Andes, y sólo a partir de ese momento se iniciaron las gestiones para pretender aclarar la situación real de las mercancías”.

El CDE solicita que se aclare si efectivamente la Subsecretaría del Interior envió una comunicación a la Presidenta Argentina, Cristina Kirchner, rogándole que autorizara a la firma Jumbo Retail Argentina enviar a Chile urgentemente y a través de los canales más expeditos mercaderías con fines humanitarios. También se insta a que se informe si alguna repartición estatal instruyó a la empresa para rotular su mercadería como “ayuda humanitaria”.

Estas observaciones de la Contraloría se realizaron en un pre informe de 2010 en que se concluía que Aduana no exigió de manera obligatoria el “Certificado de donación para el retiro de las mercaderías, motivo por el cual ingresaron al país, como ayuda humanitaria, cargamentos que no tenían esa calidad”, citando el caso de Cencosud y sus camiones, que “no estuvieron sujetos a los controles correspondientes en el puerto terrestre, y tampoco al pago de derechos e impuestos”.

Gato por liebre

La entrada del Consejo de Defensa del Estado en esta historia obedece a una solicitud de la Dirección Nacional de Aduanas para que se querellara contra el holding Cencosud. Anteriormente la entidad había denunciado el caso ante el Ministerio Público.

Los argumentos del CDE son lapidarios y apunta no sólo a la empresa sino también al rol de funcionarios públicos: asegura que el ingreso de la mercadería rotulada como ayuda humanitaria “le permitió fraudulentamente a esa empresa acogerse a una ley de excepción, le permitió liberarse-ilegalmente-de una serie de obligaciones aduaneras referidas a la fiscalización, almacenamiento de la mercancía, retiro de la misma y pago de derechos e impuestos, todo sin ninguna verificación material de la mercancía declarada por parte del Servicio de Aduanas, lo que supone la intervención de funcionarios públicos que permitieron que aquello sucediera, a lo que se agrega que el supuesto carácter de donación (asistencia humanitaria) se mantuvo atribuido a la mercancía, por varios meses, ocultándose la realidad, lo que debió ser consentido por los funcionarios eventualmente involucrados”.

La querella explica cronológicamente los hechos, detallando que en el proceso de revisión realizado por la Aduana de Los Andes de los ingresos por concepto de donaciones por el Paso Los Libertadores, se constató que el mayor importador correspondía a Cencosud, “cuyo despachador fue el agente de Aduanas Sandro Rossi”.

Luego,  entre los meses de mayo y junio de 2010 “desconociendo la administración de Aduanas que no se trataba de donaciones, se verificaron varias comunicaciones con la Agencia de Aduanas Rossi, destinadas a regularizar la situación aduanera de las mercancías consignadas a la empresa Cencosud”.

El 25 de mayo se presentó la primera Declaración de Ingreso sin pago de derechos, “la que fue rechazada por la Aduana de Los Andes, por no acreditar la liberación de derechos con el certificado del Ministerio del Interior”.

En junio de 2010 el Servicio de Aduanas fue informado por la Contraloría que, según lo indicado desde la Onemi, los alimentos enviados desde Argentina a Cencosud y “que entraron como ayuda humanitaria, correspondía a compras efectuadas por la Onemi que no tendrían el carácter de donación”. Luego, el 8 de junio se fijó un plazo a la empresa de Paulmann - que en los primeros 9 meses de este año ha tenido utilidades netas por 186.100 millones de pesos - para que presentara los certificados de donación requeridos.

Veinte días después y a través de un correo electrónico, la Agencia de Aduanas comunicó que, según un acuerdo entre Cencosud y la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio del Interior, los camiones que arribaron como ayuda humanitaria producto del terremoto “se internarían bajo régimen general, cancelándose todos los derechos que correspondían”. A través de ampliaciones de plazos y facilidades, finalmente el holding terminó pagando entre el 22 de septiembre y el 4 de octubre de 2010 los derechos de aduana e IVA que no había cancelado inicialmente.

Para el CDE este pago está lejos de ser una solución, ya que recalca que “la circunstancia de que entre la fecha de ingreso de las mercancías y la del último pago efectuado transcurrieran más de seis meses, evidencia que fue sólo la actuación de la Aduana, posterior al ingreso físico de las mercancías al país, lo que provocó las gestiones de dicha empresa para intentar regularizar su situación aduanera”.

Hasta la fecha uno de los 183 camiones aún no regulariza su situación, ya que no ha cumplido con las certificaciones de salud, por lo que no han sido importadas ni pagados los derechos e impuestos, ignorándose su destino.

Consultados al respecto desde Cencosud remitieron un comunicado enviado cuando recién se destapó el caso a principios de este año. El mismo que fue publicado como un inserto en la prensa nacional y donde se explica su versión de los hechos, que señala que actuaron como mandatarios del gobierno chileno y que “con la sola intención de lograr poner en manos de los damnificados del terremoto y el tsunami aquello que necesitaban con urgencia, Cencosud envió mercadería desde Argentina respondiendo a una solicitud del Gobierno de Chile, sin obtener beneficio económico (…) la compañía actuó de buena fe, siguiendo las expresas indicaciones del gobierno de Chile y la autorización del gobierno argentino”.

El “ruego” a Cristina Kirchner

Entre las diligencias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado, se incluye que el Servicio de Aduanas informe el nombre, cargo y detalles de las personas que intervinieron en los hechos y que remita los sumarios administrativos o investigaciones relativos al caso. También pide información sobre investigaciones al respecto en Argentina y cómo fue clasificada la mercadería, “como cuestión previa a un eventual exhorto internacional”.

En el país trasandino se abrió un proceso penal contra Cencosud por contrabando calificado en la exportación de ayuda humanitaria, luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunciara que la compañía vendió alimentos donados en Argentina, con su consecuente evasión impositiva.

Por otra parte el CDE intenta contrastar  el relato de los hechos dados por Cencosud a través de los medios, para lo cual solicita que se oficie al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para que informe si efectivamente el gobierno se contactó con la compañía para solicitar la provisión de artículos de primera necesidad para los damnificados. También si Cencosud actuó en calidad de mandatario del gobierno y si se instruyó a través de la Subsecretaría del Interior a las distintas reparticiones públicas para que dieran todas la facilidades para no entorpecer el ingreso de dicha mercadería.

Además, se solicita que se aclare si efectivamente la Subsecretaría del Interior envió una comunicación a la Presidenta Argentina, Cristina Kirchner, rogándole que autorizara a la firma Jumbo Retail Argentina enviar a Chile urgentemente y a través de los canales más expeditos mercaderías con fines humanitarios. También se insta a que se informe si alguna repartición estatal instruyó a la empresa para rotular su mercadería como “ayuda humanitaria”.

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