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Acusó a Cultura de no haber respetado su fuero maternal

Contraloría dictamina que Galia Díaz no debió subir al avión accidentado en Juan Fernández y complica a Cruz-Coke

por 15 diciembre 2011

Contraloría dictamina que Galia Díaz no debió subir al avión accidentado en Juan Fernández y complica a Cruz-Coke
El ente fiscalizador ordenó "indagar las eventuales responsabilidades administrativas" de quienes ordenaron la participación de la funcionaria en el viaje. La comunicadora audiovisual gozaba de un derecho irrenunciable a amamantar a su bebé de ocho meses, lo que en la práctica se hacía imposible al estar a más de 670 kilómetros de su lugar de residencia.

Murió a los 36 años, dejando tres hijos, la menor una bebita de sólo ocho meses. A mediados de los noventas Galia Díaz comenzó a trabajar en la división de Cultura del Ministerio de Educación. En 2003 al crearse el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) la comunicadora audiovisual ingresó al organismo para trabajar primero en Santiago y luego en las oficinas en Valparaíso. Según colegas, fue despedida cuando regresó de su posnatal, pero ello no se concretó debido a su fuero. Por esa razón habría sido trasladada hasta la oficina regional en Quillota.

El 2 de septiembre pasado abordó junto a otras 20 personas el fatídico último vuelo del CASA 212 de la Fuerza Aérea de Chile, que se estrelló en las aguas del archipiélago de Juan Fernández. Junto a Romina Irarrázabal –cuyo cuerpo aún no aparece- viajó para capacitar y enseñar a los creadores y aristas de ese lugar en el marco de la postulación para los fondos de cultura. Llevaban los diplomas de un concurso literario que querían organizar y una serie de libros con la misión de acercar la Cultura a esa comunidad.

La Contraloría General de la República emitió esta semana un dictamen que declara ilegal la participación de Galia Díaz en ese viaje.

“No se ajustó a derecho la orden o disposición en virtud de la cual la señora Galia Díaz Riffo debía cumplir funciones en la aludida localidad, puesto que ello hacía imposible, en la práctica, el ejercicio del derecho a alimentación de que gozaba, atendido que esa zona distaba de su lugar de residencia en más de 670 kilómetros”, establece el dictamen.

Además el ente fiscalizador precisó que “correspondiendo que la Contraloría Regional de Valparaíso inicie las diligencias necesarias a fin de indagar las eventuales responsabilidades administrativas que de estas circunstancias derivaren para quienes lo hubieren ordenado”.

El dictamen responde a una solicitud que hizo el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Gabriel Ascencio, a menos de una semana del accidente.

En paralelo a la solicitud de Ascencio el también diputado DC Juan Carlos Latorre ofició al ministro, Luciano Cruz Coke, para que informe sobre las “eventuales irregularidades cometidas a las normas legales relativas al estatuto de derechos de protección a la maternidad”, en el caso de la funcionaria, utilizando el mismo argumento.

Por otro lado, Héctor Díaz, padre de la profesional denunció que su participación en el vuelo "fue el resultado de un acoso laboral” que estaba sufriendo por parte de la jefa del Departamento de Ciudadanía y Cultura, la hija de la ex ministra de Educación Mónica Jiménez, Macarena Barros Jiménez. Luciano Cruz Coke ordenó la apertura de un proceso disciplinario, con el fin de aclarar este punto. Las conclusiones de tal proceso deberán ser puestas a disposición de la Contraloría, según ordena el dictamen del ente fiscalizador.

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