“Me imagino que el Poder Judicial tendrá especial preocupación de generar esos controles o detenerlos si existen y han fallado. No habría tampoco ningún inconveniente para que eso se pudiera estudiar por una reforma legal, como que la Contraloría u otros entes pudieran tener esos controles”, explicó el vocero de gobierno.
El gobierno calificó de delicada la situación surgida tras la decisión del presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, de no denunciar un posible delito de colusión, de acuerdo a un audio de una sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que fue filtrado el miércoles pasado.
El vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, instó a la Suprema a aclarar lo sucedido y agregó, de acuerdo a La Tercera, que “lo que señala en esta eventual grabación que se ha dado a conocer es lo que tendrá que precisar, aclarar, el propio Poder Judicial, la propia Corte Suprema, y en este caso, me imagino el presidente don Milton Juica”.
Además, precisó que el gobierno no cuenta con los antecedentes del caso, por lo que reafirmó su postura de que es el Poder Judicial el que debe aclarar lo sucedido.
Chadwick también dijo que el tema de una mayor fiscalización del Poder Judicial ha sido un debate extenso, ejemplificando con lo ocurrido en el Congreso donde se han generado varios controles para la administración de sus recursos.
“Me imagino que el Poder Judicial tendrá especial preocupación de generar esos controles o detenerlos si existen y han fallado. No habría tampoco ningún inconveniente para que eso se pudiera estudiar por una reforma legal, como que la Contraloría u otros entes pudieran tener esos controles”, explicó el vocero de gobierno.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, calificó de delicada la investigación sobre el Poder Judicial, mencionando que “me parece naturalmente delicado e importante que el Ministerio Público investigue la información (…), es correcto y nos parece adecuada la investigación”.
“Lo razonable que debe ocurrir en una sociedad democrática, bajo estado de derecho, es que cualquier tipo de ilícito ocurran donde ocurran, tienen que ser investigados en forma muy acuciosa, particularmente cuando suceden dentro de entidades públicas”, afirmó.
En tanto, la Fiscalía investigará la licitación de contratos a una empresa que se adjudicó más del 80 por ciento de proyectos inmobiliarios del Poder Judicial, informaron fuentes oficiales citadas por EFE.
Así lo confirmó el portavoz de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Ledesma, quien dijo que «en el transcurso de esta jornada se van a solicitar los antecedentes».
No obstante, Ledesma precisó que hasta ahora no tienen «mayores novedades».
«Sabemos lo mismo que señaló el Ministerio Público este jueves. De haber mérito de investigar se va a analizar», sentenció.
Por su parte, el Mercurio señala que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial determinó no enviar al Ministerio Público los antecedentes de la investigación interna.
El organismo sostiene que “los señores consejeros acordaron por unanimidad que no había mérito para denunciar a la justicia penal tal situación, circunscribiendo los hechos exclusivamente a la responsabilidad administrativa”.
Sin embargo, el presidente electo de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dijo que el máximo tribunal no enviará al Ministerio Público ningún antecedente, a menos que fuera requerido y una eventual investigación de la fiscalía tendría que determinar si los hechos tienen carácter de delito.
