Entre otras acciones, Luis Eduardo Villarroel pide investigar la disolución de sociedades conyugales, la creación y modificación de sociedades y otras operaciones que sólo se explican como consecuencia del escándalo que enfrenta la compañía y que tiene a tres ex ejecutivos con prisión preventiva. Además, también se solicita la incautación de un disco externo presentado por la defensa de Julián Moreno exhibido por su abogado en la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que probaría la destrucción de evidencia.
Una serie de diligencias solicitó el miércoles pasado el abogado Luis Eduardo Villarroel, representante de accionistas minoritarios de La Polar ante los fiscales Luis Inostroza y José Morales. El objetivo es dilucidar y ampliar la investigación en torno a operaciones comerciales, como las liquidaciones de sociedades conyugales, la creación y modificación de sociedades, los reconocimientos de deuda, la constitución de prendas y otras acciones realizadas por los imputados en el escándalo que envuelve a la multitienda.
En el caso del ex director de La Polar, Pablo Alcalde, se pide que se investigue la disolución de la sociedad conyugal con su esposa María Inés Lagos, materializada en junio pasado, ya que en la práctica dicha operación modifica el haber patrimonial de las partes, dificultándose la acción de los acreedores. “Especialmente la valoración real de cada uno de los bienes con que se quedó cada una de las partes. Esto porque es la forma conocida de cómo se sacan bienes de un patrimonio que son de mayor valor y se valorizan a menor valor para traspasarlo al otro cónyuge”, señala el texto.
También se pide investigar en torno a la creación y modificación de sociedades. “Todos estos actos adolecen de causa, salvo la que no sea únicamente la de evadir la persecución por parte de los acreedores”. Por ello, señala el texto, “la esencia de estas operaciones es el ocultamiento y lavado de activos y para esto se pusieron valores a las participaciones y cesiones que no son los reales o comerciales de acuerdo al patrimonio real de cada una de las empresas”. En este escenario, se solicitan peritajes a cada uno de los bienes que componen los patrimonios de los actos jurídicos realizados para determinar su valor comercial y real. Además, se pide se oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que informe de las sociedades en las que participa Alcalde directa o indirectamente.
Durante la audiencia de formalización de los ex ejecutivos de La Polar, el abogado de Alcalde, Jorge Bofil informó que su cliente no recibía remuneración como Presidente de la compañía y que sólo percibía una pequeña dieta. Pero según la Memoria Anual de la compañía la situación era muy diferente. Por lo tanto, se solicita que se oficie a La Polar para que informe de todas las participaciones a cualquier título que Alcalde percibió en su cargo de miembro del directorio y como presidente.
[cita]En el caso del ex director de La Polar, Pablo Alcalde, se pide que se investigue la disolución de la sociedad conyugal con su esposa María Inés Lagos, materializada en junio pasado, ya que en la práctica dicha operación modifica el haber patrimonial de las partes, dificultándose la acción de los acreedores. [/cita]
Por otra parte, explica el escrito de Villarroel que inmediatamente de conocido el estado real de la empresa se comenzó a destruir información, según los medios de prensa. “Pues bien, el disco duro presentado en la Corte de Apelaciones por el abogado Chávez es prueba tangible que esos dichos tienen asidero legal, y sería uno de los elementos de prueba de la obstrucción a la justicia por parte de los ex ejecutivos”. Por ello se solicita la incautación del disco externo que contiene información del disco duro de Julián Moreno, y que fue exhibido por su abogado en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asimismo, se solicita un informe pericial para determinar qué bienes fueron aportados a una serie sociedades que constituyó el ex gerente de productos financieros junto a su esposa e hijos luego de destapado el escándalo. Moreno también liquidó su sociedad conyugal.
En cuanto a María Isabel Farah, ex gerenta de Administración, que constituyó dos nuevas sociedades en los últimos meses -una de ellas un día antes del destape del escándalo- y que además realizó una serie de usufructos a favor de sus familiares, se solicita determinar el valor real de los bienes entregados en usufructo, las causas reales, los redactores de los contratos, “todos los cuales deben ser citados ante usted para dar razón y justificación de sus actos”.
Con respecto a todos los imputados y eventuales responsable por los delitos de la ley de Bancos, el abogado pide solicitar a La Polar los balances y memorias de todas sus empresas filiales o coligadas, “con composición de todos sus ejecutivos y directores, contadores y auditores internos y externos, con la descripción de los cargos y la remuneración y participaciones, bonos o cualquier forma de ingresos recibida por esto”.
Especialmente de las empresas Inversiones SCG, que emite las tarjetas de crédito y presta el dinero, Corpolar, que administra la tarjeta de crédito y Collec, que efectúa las cobranzas de las deudas impagas.
También que se cite a declarar al gerente general de Pricewaterhouse Coopers (PWC), se oficie al SII para se pronuncie sobre la eventual comisión de delitos de carácter tributario por parte de los imputados en las modificaciones a las sociedades de en que los imputados son socios o accionistas.
“Se hace presente al señor Fiscal que el Señor Director del Servicio de Impuestos Internos era socio de la firma PWC hasta que asume el cargo, como también varios funcionarios de su confianza que renunciaron a la misma para asumir en el Servicio, hecho que los inhabilitaría por la especial participación de esta firma en los luctuosos hechos que investigan y en los cuales eventualmente podrían tener responsabilidades”.
Por último también se piden diligencias en torno a la constitución de sociedades de Nicolás Ramírez, el ex gerente general renunciado 5 meses antes que salieran a la luz las irregularidades de La Polar. Así como las modificaciones a sociedades previamente constituidas por Pablo Fuenzalida, ex gerente de Informática, el 7 de diciembre de 2010.
Lo que según el escrito es curioso, ya que “coincide con operaciones hechas por Pablo Alcalde en diciembre del 2010 (…).Esto lleva a presumir que tenía la misma información de su jefe superior y que no es otra que el real estado de los negocios de La Polar S.A”.
Por eso, “mirado en su conjunto todas las operaciones realizadas por los altos ejecutivos de la empresa, no queda menos que concluir que había una coordinación perfectamente establecida de lo que había que hacer en el momento que la situación fuera insostenible”.
