Maya Fernández Allende (PS), Jaime Castillo (DC), Pablo Vergara (PPD), y Manuel Guerrero (Juntos Podemos), pedirán que el Tribunal Regional Electoral indague la conducta de la autoridad y se pronuncie sobre una supuesta inhabilidad. Además, lo acusan de una serie de agresiones a vecinos e integrantes del Concejo Municipal.
“¿Estamos frente a una situación de desequilibrio emocional de una autoridad encargada de conducir los destinos de una comuna de la importancia de Ñuñoa?”.
Esta pregunta fue planteada por los concejales de Ñuñoa, Maya Fernández Allende (PS), Jaime Castillo (DC), Pablo Vergara (PPD), y Manuel Guerrero (Juntos Podemos), quienes anunciaron que quieren dilucidar la situación, recurriendo al Tribunal Regional Electoral para que se pronuncie “luego de evaluar el comportamiento psicológico” del alcalde Pedro Sabat.
Además de la conocida polémica, que involucra a la autoridad municipal por asegurar que la toma del Internado Nacional Femenino era un “puterío”, los concejales afirman que Sabat “también ha agredido verbal y físicamente a vecinos, como el caso del camarógrafo Jaime Díaz Lavanchy, a la concejala de Renovación Nacional, Claudia Vera, a los concejales suscritos, y de modo reciente a la presidenta del comunal Ñuñoa del Colegio de Periodistas, Alejandra Placencia».
«Esta característica agresiva y de descontrol del alcalde Sabat parece una norma habitual de conducta que podría dejar entrever alguna situación de carácter patológico. El mismo se ha encargado de declararlo en privado y abiertamente, también en los Tribunales», aseguran los concejales en una declaración publicada este viernes.
El grupo de representantes comunales anunció que el lunes formalizarán una solicitud de inhabilidad contra el padre de la diputada Marcela Sabat, pidiendo que el organismo indague sobre el cumplimiento del alcalde “de los preceptos establecidos en el artículo 55 bis de la Ley de Probidad Administrativa”.
El comunicado de los concejales precisa que la aludida norma plantea “que no podrá desempeñar funciones de directivo superior de la Administración del Estado, quien ‘tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales’”.
