Además se investiga al concejal Miguel Rivera, hijo del jefe comunal; el jefe de Comunicaciones del municipio, Eduard Jara; el secretario municipal, Nelson Cuevas; el director de Obras, Gastón Sanhueza; el jefe del departamento de Personal, Mario Gutiérrez; el director del departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Patricio Garrido; y el director del Serplac, Miguel Peña.
Ocho horas duró la audiencia de formalización de cargos en contra del alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD) y otros siete empleados del municipio, que se realizó desde las 9:30 horas de este viernes en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.
Esto en el marco de la investigación del fiscal regional de La Araucanía, Francisco Lujbetic, sobre la participación de estas ocho personas en delitos de cohecho, exacción ilegal, fraude al fisco, lavado de dinero y apropiación indebida de prestaciones.
Además, del alcalde Rivera, fueron formalizados: el concejal Miguel Rivera, hijo del jefe comunal; el jefe de Comunicaciones del municipio, Eduard Jara; el secretario municipal, Nelson Cuevas; el director de Obras, Gastón Sanhueza; el jefe del departamento de Personal, Mario Gutiérrez; el director del departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Patricio Garrido; y el director del Serplac, Miguel Peña.
Cabe recordar que en 2011 se conoció de la investigación secreta en contra el alcalde, lo que habría generado la renuncia del entonces fiscal del caso, Andrés Cruz, por la presunta filtración de las indagatorias.
La magistrada Humilde Silva decretó prisión preventiva en contra del alcalde, por los tres meses que durará la investigación.
Mediante una nota en el sitio web del Ministerio Público se explican uno a uno los delitos imputados a la autoridad municipal. A continuación este detalle que también puede revisarse en www.fiscaliadechile.cl.
Los cargos imputados a Rivera, se iniciaron con el delito de exacción ilegal, es decir el funcionario público intervino por razón de su cargo en la contratación de servicios con el objeto de defraudar al ente público, en este caso al municipio. Además, están involucrados el secretario municipal, Nelson Cuevas, y el jefe de personal, Mario Gutiérrez.
El ilícito se habría concretado luego que los tres imputados se concertaran y solicitaran a funcionarios municipales la entrega de diversas sumas dinero, conforme a su capacidad de endeudamiento, para adquirir un inmueble en Hualpén, conocida como “Casa Ciudadana”.
Los funcionarios que no disponían de los montos requeridos, debieron solicitar créditos por sobre el millón de pesos, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Coopeuch.
La casa fue comprada, pero inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, a nombre de los tres imputados y otras dos personas, el colaborador de confianza de Rivera, Patricio Garrido, y el hijo del edil, Sebastián Rivera.
El segundo hecho imputado consideró los delitos de cohecho, imputados a Rivera y Gutiérrez, y apropiación indebida de prestaciones, a los colaboradores de confianza del municipio, Nelson Cuevas, José Miguel Peña, Patricio Garrido y Eduard Jara.
Según los fiscales, los créditos solicitados por los funcionarios e incluso por algunos de los imputados, fueron descontados por planilla de los sueldos, transacción autorizada por el edil, pero recompensados con el pago indebido e injustificado de horas extra.
Con ello, Rivera y Gutiérrez habrían defraudado al fisco en más de 35 millones de pesos, el primero por autorizarlas y el segundo por solicitarlas.
Cuevas, Peña Garrido y Jara en tanto, enfrentaron cargos por apropiación indebida de prestaciones, por recibir dineros extra no trabajados desde enero 2009 a diciembre 2010.
El delito de Cohecho también fue imputado a Rivera, a su hijo, Miguel Ángel Rivera, y al Director de Obras Municipales, Gastón Sanhueza.
Sanhueza habría cobrado a nombre del alcalde, cinco millones de pesos a un empresario, para iniciar los trámites de la autorización municipal de extracción de áridos necesaria para realizar las faenas, pese que la ley no fija pago de derechos.
El empresario se negó. Sin embargo, Sanhueza insistió, pero la respuesta fue negativa.
No conformes con los resultados de su gestión, Miguel Ángel Rivera intentó nuevamente persuadir al empresario, pero la respuesta nuevamente fue la misma.
En cuarto orden, y esta vez sólo al alcalde, se le imputó el delito de cohecho reiterado luego que, según la Fiscalía, hubiera recibido el pago de 105 millones de pesos de manos de otro empresario para que le otorgara autorización municipal para las faenas de su empresa de extracción de áridos.
Sin embargo, estos pagos se habrían hecho bajo estrictas condiciones: levantar un procedimiento de clausura en curso, disponer la no fiscalización por parte de inspectores municipales, dejando a libre arbitrio la declaración de material extraído, permitiendo, por ende, el cobro de menores derechos municipales.
Finalmente, Rivera fue imputado por lavado de dinero, luego que los delitos anteriores produjeran utilidades ingresadas directamente a su patrimonio personal, y con el fin de ocultar o disimular su origen, adquirió nuevos bienes, como casas, parcelas, y vehículos, inscribiéndolos a nombre de terceros, preferentemente de su grupo familiar cercano.
