La primera iniciativa dará mayores atribuciones y «sanciones más drásticas» a las empresas que incumplan con las jornadas laborales y las velocidades máximas de las máquinas.
El diputado y presidente de la comisión de Transportes de la Cámara Baja, Gustavo Hasbún (UDI), informó hoy que la primera semana de marzo ingresará dos proyectos de ley para sancionar y hacer un control efectivo los mecanismos de fiscalización a los buses interurbanos del país.
La primera iniciativa dará mayores atribuciones y «sanciones más drásticas» a las empresas que incumplan con las jornadas laborales y las velocidades máximas de las máquinas.
El parlamentario detalló que estos castigos «irán a la suspensión y retiro de los buses en circulación, hasta la cancelación de la autorización del recorrido (ya que) nosotros creemos que estas sanciones son la única forma que situaciones de este tipo no ocurran».
La idea es despachar el proyecto al Senado lo más pronto y que de aquí al próximo periodo estival o fin de semana largo, este ya sea ley.
Lo anterior, dijo el diputado, «porque en la actualidad, los fiscalizadores controlan una máquina y al conductor, pero ésta no se retira. Además, él puede sigue trabajando, por lo que es un verdadero peligro ambulante».
Acotó que «no es que no se quiera retira el vehículo o retener al sujeto (conductor), sino que la ley no lo faculta, sólo se cursa la infracción y el chofer puede seguir conduciendo el bus».
La segunda moción busca modificar el decreto 212, ya que hoy el transporte público y el interurbano se regula con un decreto del Ministerio de Transporte.
Según Hasbún, «lo que nosotros vamos a hacer es que por ley se obligue que los recorridos interurbanos sean licitados: No puede ser que todavía estos recorridos dependan del libre mercado; situación que en los últimos años ha quedado demostrado que no funcionan, no son efectivos, no son eficientes y por lo demás, trae consigo una serie de problemas y daños colaterales tremendos a los usuarios, sobre todo en materia de seguridad vial».
Puntualizó que «son dos fórmulas efectivas de terminar con los abusos que comenten las empresas y también terminar la impunidad que se ha ido generando, porque al estar licitados los recorridos, se puede poner término inmediatamente a la concesión cuando hay incumplimiento de contrato».
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