La asesoría a Pablo Alcalde que lleva a Fernando Barros al caso La Polar - El Mostrador

Jueves, 14 de diciembre de 2017 Actualizado a las 19:39

Citado como testigo este miércoles

La asesoría a Pablo Alcalde que lleva a Fernando Barros al caso La Polar

por 1 febrero, 2012

La asesoría a Pablo Alcalde  que lleva a Fernando Barros al caso La Polar
El influyente abogado deberá explicar ante los fiscales José Morales y Luis Inostroza su rol en los movimientos patrimoniales del ex director de la cadena del retail, que según el Ministerio Público podrían ser calificados como lavado de activos. Y es que entre diciembre de 2010 y agosto de 2011 el ex ejecutivo realizó una serie de operaciones financieras y jurídicas que para el Ministerio Público no tenían otro fin que ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros obtenidos en La Polar. Según cercanos a Barros este mantendrá su versión, enviada por escrito hace unas semanas, en que explica que asesoró a Alcalde estrictamente en temas de planificación hereditaria. Función que cumplió sólo hasta el 9 de junio, cuando estalló el escándalo.

Este miércoles el abogado Fernando Barros, defensor en Londres del General Pinochet y miembro de uno de los estudios más reputados de la plaza, está citado a la Fiscalía Centro Norte. Sin embargo, no asistirá como representante de alguno de sus clientes, sino como testigo en una de las tantas aristas del emblemático Caso La Polar.

En la cita con los fiscales José Morales y Luis Inostroza, el socio de Barros y Errázuriz deberá entregar detalles sobre su rol como asesor del ex director de La Polar, Pablo Alcalde –elegido por el diario La Tercera como el ejecutivo de la década-, y explicar si en definitiva estuvo o no envuelto en lo que el Ministerio Público calificó durante la audiencia de formalización realizada el 14 de diciembre pasado, como “actos de ocultamiento o disimulación del origen ilícito” de los bienes de los ex ejecutivos Alcalde, Julián Moreno e Isabel Farah. Bienes que, según la Fiscalía, habrían sido ingresados en el patrimonio de cada uno de los imputados desde el 2006.

En el caso de Alcalde, la Fiscalía incluyó entre las “diversas operaciones financieras y jurídicas, que tienen por objeto ocultar y disimular el origen ilícito de los dineros obtenidos” una serie de acciones ocurridas entre el 27 de diciembre de 2010 y el 12 de agosto de 2011. Entre éstas se cuentan transferencias entre la Corredora de Bolsa Larraín Vial, dos empresas pertenecientes al laureado como mejor ejecutivo de la década (Asesorías Galicia Limitada e Inversiones Maipo Ltda.) y el propio Alcalde, así como retiros e inversiones nominales en Fondos Mutuos.

El nexo con Barros

El 5 de enero pasado Alcalde, constituyó junto a su hermano José Fernando Alcalde la sociedad colectiva Inversiones Trinidad, con un capital total de 2 mil millones de pesos. El ex gerente general de La Polar aportó con el 99% de este monto.

Veinte días después el ejecutivo realizó otro importante trámite jurídico: la separación total de bienes con su esposa desde hace 33 años, María Inés Lagos. Al respecto, la Fiscalía señaló que es necesario considerar el contexto en que sucede la disolución de sociedad conyugal, “porque a mediados de enero de 2011 renuncia a su cargo el gerente general Nicolás Ramírez, informándole (es decir, recordándole) a Pablo Alcalde del estado de los negocios y la necesidad de aumentar drásticamente las provisiones, luego de lo cual el imputado realiza diversas actividades destinadas a ocultar su patrimonio y asegurarlo frente a la inminencia del descubrimiento de la situación de La Polar al mercado y público general”.

A través de un escrito enviado a la Fiscalía Centro Norte en diciembre pasado, el abogado explicó que sus asesorías se habrían iniciado en julio de 2007, cuando Alcalde le consultó “respecto de los pasos que serían recomendables para implementar una planificación hereditaria familiar, teniendo en su caso la particularidad de que una de sus hijas no puede valerse por sí misma”, y habrían terminado inmediatamente después de destapado el escándalo, el 9 de junio de 2011.

Ambos trámites fueron realizados por Fernando Barros.

A través de un escrito enviado a la Fiscalía Centro Norte en diciembre pasado, el abogado explicó que sus asesorías se habrían iniciado en julio de 2007, cuando Alcalde le consultó “respecto de los pasos que serían recomendables para implementar una planificación hereditaria familiar, teniendo en su caso la particularidad de que una de sus hijas no puede valerse por sí misma”, y habrían terminado inmediatamente después de destapado el escándalo, el 9 de junio de 2011. Además, recalcaba que la asesoría legal que le prestó en ningún caso estuvo relacionada con la enajenación u ocultamiento de bienes del patrimonio familiar.

“De hecho, ni el suscrito ni ningún miembro de nuestro estudio realizó acto alguno de asesoría al Sr. Pablo Alcalde con posterioridad a esa fecha. En los días siguientes se hizo entrega a sus nuevos asesores de la documentación respectiva y se les informó de las operaciones efectuadas”.

Pero hasta hoy no se sabe de quiénes se trata. Lo que podría cambiar este miércoles, ya que según fuentes cercanas el abogado informaría el nombre de sus sucesores en la asesoría del ex gerente general de la multitienda a los fiscales durante su declaración.

Las movidas legales

Hasta el día que cambió el destino de La Polar, hubo otra serie de trámites que la Fiscalía califica como “operaciones de lavado de activos”. Entre ellos, una serie de reconocimientos de deudas y prendas entre empresas ligadas a Alcalde. Por ejemplo, el 1 de febrero en la Notaría de Raúl Undurraga, Asesorías Galicia Ltda. en que Alcalde tiene 99,9% de participación, reconoce adeudar a Inmobiliaria Las Pilastras $1.382.837.335, fijando como plazo para pagar 5 años. Ese mismo día Las Pilastras, en la cual Alcalde tiene un porcentaje menor de participación, reconoce adeudar a este último 1.382.837.335, fijando el mismo plazo para pagar. Más tarde la misma inmobiliaria y Alcalde celebran un contrato de prenda a favor de este último, que se constituye sobre el monto adeudado por Galicia a Las Pilastras. O sea, $ 1.382.837.335.

Luego de otros trámites similares, el 25 de abril, Las Pilastras y Alcalde celebran un contrato de prenda a favor de este último, que se constituye sobre el monto adeudado por Inversiones Trinidad -constituida el 5 de enero- equivalente a $ 1.133.799.998.

Precisamente, este habría sido el último trámite jurídico realizado mientras Barros continuaba siendo asesor del ingeniero comercial. Después, el 27 de junio, tras el hecho esencial que destapó la olla en torno a La Polar y después de que fue desvinculado de sus funciones en la empresa, liquida parcialmente la sociedad conyugal con su esposa María Inés Lagos. El patrimonio familiar ascendía a más 8 mil millones de pesos. ($8.376.286.624). Tres mil de los cuales ($3.539.210.402) quedaron en manos de su esposa. Alcalde no se adjudicó nada, ya que según el escrito el resto de los haberes serían liquidados y adjudicados en el futuro.

Para un abogado cercano al caso “lo feo es que él no se adjudica nada en la liquidación. Entonces, esos bienes para cualquier acreedor quedan en una verdadera nebulosa jurídica, porque en la práctica pertenecen a ambos no como esposos, sino como personas individuales”.

También llama la atención que, por ejemplo, se adjudicara a Lagos una cuenta por cobrar en contra de Las Pilastras por $ 1.382.837.335. Sí, los mismos millones que estuvieron circulando jurídicamente entre empresas y sociedades relacionadas con la familia Alcalde. Así como los $ 1.133.799.998 en contra de la misma Inmobiliaria.

Pero el festival de las “operaciones de lavado de dinero”, en opinión de la Fiscalía no terminan allí. Entre otras, el abono de 600 milllones a la cuenta de Alcalde por parte de Larraín Vial el 4 de julio, tras lo cual Alcalde gira un cheque de 350 millones para su cónyuge. O la modificación el 12 de agosto de Agrícola Haya Roja, cuyos socios son Asesorías Andacollo, donde Alcalde tiene 50% de participación, y otro tanto es de su esposa. Andacollo aporta 10 mil pesos en efectivo. Mientras, María Inés Lagos entrega $ 3.532.280.402. La mayor parte correspondiente al aporte y cesión de cuentas por cobrar que mantiene con Inmobiliaria Las Pilastras.

Todos estos movimientos, que curiosamente se repiten en el caso de los ex ejecutivos Farah, Moreno y Nicolás Ramírez, no sólo han llamado la atención de la Fiscalía, que indaga quiénes asesoraron los traspasos de bienes que podrían caer en la figura de lavado de activos. Los abogados de los accionistas minoritarios de La Polar solicitaron al Ministerio Público una serie de diligencias tendientes justamente a dilucidar los actos jurídicos patrimoniales sospechosos. Una de las cuales pedía justamente citar a Barros.

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