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Jueves, 14 de diciembre de 2017 Actualizado a las 16:13

El mercado está controlado mayoritariamente por Santillana y SM

Así funciona el millonario negocio de los textos escolares

por 21 febrero, 2012

Así funciona el millonario negocio de los textos escolares
En el sector público se trata de un proceso de licitación altamente competitivo y una editorial que domina el terreno. En el área privada, las sospechas caen sobre la eventual relación entre editoriales y colegios. Si usted quiere comprar libros usados no es fácil: las empresas reorganizan las mismas materias —aunque en diferentes páginas— haciendo indispensable la nueva edición que publican cada año, aunque no existan cambios sustanciales. Esta es la oferta que los padres están obligados a pagar.

Este año, el Ministerio de Educación superó las cifras de 2011 e hizo entrega de 17.410.000 textos escolares a un total de 3 millones de estudiantes. De estos, 385 mil libros corresponden a educación parvularia, 11.050.000 a educación básica y 5.975.000 de educación media. El monto total que la entidad invirtió en la compra es de aproximadamente 22 mil millones de pesos, 3 mil millones más que el año pasado, cuando se gastaron $18.255.723.000.

Esta vez, 92 fueron los ejemplares que los especialistas de la Unidad Curricular escogieron de entre una amplia gama de propuestas hechas por varias editoriales que participaron en la licitación. De éstas, el gran ganador fue Santillana que se quedó con la edición y publicación de 26 libros, seguido por Cal y Canto con 14 y Norma de Chile (NM) con 12. Así, las principales editoriales abarcan respectivamente el 28%, 15,2% y 13% del mercado de los textos  escolares que compra el Mineduc. Este año Santillana, el principal oferente, se llevó $5.310.755.000 a partir del proceso de venta.

Son los mismos nombres que se repiten en una industria que ha sido cuestionada no sólo por la publicidad en sus textos, sino también por el precio que han alcanzado en los últimos años. Sólo un dato: según el último informe del Servicio Nacional del Consumidor, realizado y publicado en 2011, los textos escolares representan el 80% del valor total de la lista de útiles escolares y alcanzan una suma cercana a los $170 mil pesos.

La principal aliada de la cartera de Educación ha ido lentamente perdiendo terreno. En 2010, Santillana —del grupo Prisa— contaba con el 43% de este mercado, mientras Cal y Canto y Norma de Chile —de empresas Carvajal S.A— ocupaban cada uno el 14%. Altas fuentes de la industria explican que este proceso es cada vez más competitivo.

Santillana tiene una amplia tradición trabajando con el gobierno. Esta alianza no sólo abarca la licitación de los textos, sino también la participación y cooperación de la editorial en diversas iniciativas. En 2011, la empresa se sumó a la campaña del Ministerio de Justicia “Un libro para la reinserción”, aportando a la construcción de bibliotecas en centros del Sename y Gendarmería. También participó en la iniciativa gubernamental encabezada por Cecilia Morel, “Elige Vivir Sano”, con un camión en forma de escenario, y en un proyecto con Endesa llamado “Aprendiendo con Energía”. En 2010 fijó un Convenio de Colaboración con la Presidencia de la República para el desarrollo del material educativo “Trivia, Juego del Bicentenario”.

Los subvencionados

La licitación de las empresas en el proceso de compra de los textos escolares del Mineduc tiene otra cara de la moneda: la inscripción de los establecimientos educacionales en el proceso de acreditación. A partir de éste, la institución asume voluntariamente el compromiso de recibir los textos distribuidos por el gobierno, repartirlos a cada uno de sus estudiantes, y finalmente usar el material en la enseñanza que imparten. Este año, fueron 10.700 las escuelas municipales y colegios particulares subvencionados que recibieron los libros.

El vocero de AMDEPA, Ismael Calderón, cuenta que el año pasado se presentó una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica para que se investigaran los vínculos entre las editoriales y los colegios, particularmente en el caso de Santillana. “Que nos deje claro su comportamiento como editorial en los convenios que figuran en algunas listas de útiles escolares.

Sin embargo, tanto padres como profesores han denunciado que algunos colegios particulares subvencionados que reciben los libros, luego exigen a los apoderados la compra de otros, aludiendo a una deficiente calidad de los primeros.

Esta situación ha sido transmitida en reiteradas ocasiones por la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (AMDEPA), que ya en 2009 presentó una denuncia contra ocho establecimientos educacionales que no hicieron uso de los textos recibidos y por el contrario, solicitaron otros a los padres. Según cuenta Ismael Calderón, vocero de AMDEPA, estos eran el colegio La Concepción en La Florida, colegio Antupirén en Peñalolén, el colegio Inglés San Gabriel en Quilpué, el colegio Los Alpes de Maipú, el colegio Atenas de La Florida, Tupague en Puente Alto y la Escuela Básica Weston Academy de Quilicura.

A raíz de situaciones como ésta, Bárbara Figueroa, encargada del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores, explica que en la práctica no existirían motivos para solicitar otro libro. “Ningún colegio que recibe los textos del ministerio debería pedir otro más, porque están ahí todos los materiales. En un texto de éstos están contenidos prácticamente en un 100% todos los planes y programas, para todos los cursos y en todas las asignaturas. No hay ninguna justificación que dijera que necesitan otros más”, asegura. Asimismo, Figueroa explica que en muchas ocasiones, la iniciativa de solicitar este material proviene directamente de los sostenedores de los colegios: “A nuestro parecer uno podría pensar que lo que prima como criterio es el tema publicitario, generar la falsa impresión de que es un colegio de alta exigencia por solicitar otros textos. Y que puede tener que ver con un compromiso que establecen los sostenedores con algunas casas editoriales de manera que eso pueda tener un beneficio para ellos en algún momento”.

El vocero de AMDEPA cuenta que el año pasado se presentó una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica para que se investigaran los vínculos entre las editoriales y los colegios, particularmente en el caso de Santillana. “Que nos deje claro su comportamiento como editorial en los convenios que figuran en algunas listas de útiles escolares. Ellos pueden vender incluso en los mismos colegios. Eso va en contra de las libertades del consumidor”, afirma Calderón, quien además asegura que en los próximos días y en conjunto con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, volverán a reiterar ante la FNE la denuncia que, además, incluye los altos costos de los textos escolares en el mercado.

Por otro lado, existen otro tipo de iniciativas que estrechan los vínculos entre los colegios y las editoriales. Entre éstas se encuentran las jornadas de capacitación para profesores y directores financiadas por las empresas y la donación de textos a las bibliotecas de los colegios. Jimena Carrasco, encargada de comunicación y marketing de Santillana, cuenta que la empresa “cuenta con un servicio de asesoría pedagógica permanente durante el año, el cual es otorgado a los colegios cuando ellos lo solicitan”. En el caso de SM, la empresa posee una red de representantes que visitan los colegios a nivel nacional para presentar los proyectos y el catálogo editorial existente con la ayuda de folletos y material didáctico.

Un consumidor maniatado

En abril del año pasado, los diputados José Manuel Edwards (RN) y Mónica Zalaquett (UDI) de la comisión de Economía, junto a la presidenta de la comisión de Educación, María José Hoffman (UDI), plantearon la iniciativa de invitar al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, a exponer los antecedentes recavados respecto al valor de los textos escolares y a la posibilidad de colusión de parte de quienes componen dicho mercado. Según los parlamentarios, el objetivo de esta medida era finalmente analizar los mecanismos para regular el sector. Sin embargo, la idea jamás prosperó y en la actualidad, la situación del mercado de los textos escolares sigue siendo prácticamente la misma.

La mayor parte del mercado de los textos escolares que se venden en las librerías se reparte entre dos editoriales: Santillana y SM. Ésta última posee el 39% de las ventas. Los libros de educación básica de la primera cuestan alrededor de $27 mil y $28 mil en el caso de enseñanza media. Si consideramos que de 1º a 8º básico se exigen cuatro textos en total, y de I a IV medio se solicitan, los gastos anuales por alumno tan sólo en libros escolares son de $107.960 y $161.400 respectivamente. En el caso de SM, las cifras son similares. A esto hay que agregar que cada curso de un colegio particular subvencionado puede tener hasta 45 alumnos y en el caso de los privados, alrededor de 25. Cada uno de éstos deberá comprar sus propios textos escolares: los cálculos revelan que las ganancias de las editoriales son enormes.

En las librerías del tradicional barrio de materiales escolares, San Diego, los propietarios explican que ellos, en cambio, ganan apenas $500 pesos por texto y que en realidad su verdadero negocio son los libros de lectura. Además, cuentan que las editoriales no les permiten devolver o cambiar los libros que sobran, pese a que en los colegios se les piden a los apoderados las ediciones anuales. Así los padres se ven forzados a comprarlos pese a que muchas veces no se le realizan cambios sustanciales al contenido de los libros, sino que se altera el orden de las páginas o se divide su contenido en más volúmenes que el año anterior.

Según el mencionado estudio del Sernac sobre el mercado, entre las principales editoriales, precisamente las que tienen los costos más altos, las diferencias de precios son mínimas. Sin embargo, el informe constata que por el precio más caro, un consumidor podría llevar hasta casi tres de los textos más baratos.

Ante la persistencia de este tipo de situaciones en el mercado de los textos escolares, la diputada y miembro de la comisión de Economía, Mónica Zalaquett, asegura que se pondrá en contacto con la comisión de Educación para persistir en el tema: “Esta vez se debe jugar un rol fiscalizador más importante. Los textos escolares afectan mucho a la gran población chilena y alzas tan importantes, cuando se tienen dos o más niños, significan un alza de presupuesto no menor. La fiscalía debiese darnos garantías de que aquí las alzas no responden a ningún tipo de acuerdo, pero yo creo que el Sernac también va a jugar un rol importante”.

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