«Queda un trabajo muy grande por delante y muy difícil, y no creo que esté garantizado que podamos llegar a la meta porque en casos similares, en países bastante más desarrollados que el nuestro, ha tomado bastante más tiempo», reconoció el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna.
Dos años se cumplen desde el terremoto de 8,8 grados Richter y el tsunami que azotaron a la zona centro sur de Chile el 27 de febrero de 2010, con cifras de reconstrucción que contrastan entre lo que plantea el gobierno y lo que dicen sus opositores.
El presidente Sebastián Piñera dio una cuenta pública en que aseguró el pasado viernes que el país ha hecho un «esfuerzo gigantesco» para responder con un 68% de reposición en materia de viviendas, obras públicas, salud y educación, mientras que en el caso específico de quienes perdieron sus casas hay un 47% de avance.
Y es precisamente en la cantidad de viviendas construidas donde está la mayor contraposición de números, ya que en la opositora Concertación —que gobernó durante 20 años antes de la llegada de Piñera— aseguran que los logros reales bordean el 10%.
Por su parte, en el gobierno subrayan que el hecho de dar una respuesta y haber iniciado ya la construcción de casas es relevante para cumplir la meta que impuso el mandatario de que antes del fin de su labor todos los chilenos afectados tengan su propia vivienda.
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, dijo a BBC Mundo que ya se entregaron los subsidios para las 222 mil casas que —según datos oficiales— destruyó el terremoto. La autoridad destacó que se trata de un paso importante, aun cuando la meta de concretar la construcción de estas obras en los dos años restantes es complicada.
«Queda un trabajo muy grande por delante y muy difícil, y no creo que esté garantizado que podamos llegar a la meta, porque en casos similares, en países bastante más desarrollados que el nuestro, ha tomado bastante más tiempo», señaló.
Piñera reconoció que más de 3.000 personas deberán pasar un tercer invierno en aldeas con viviendas de emergencia, pero propuso un subsidio de arriendo para que los habitantes de estos lugares puedan buscar una casa temporal o se vayan a vivir con un familiar.
Mackenna afirmó que este subsidio representa una respuesta parcial «para las familias que van a tener su solución en construcción, y por un período relativamente acotado (…) para que aquellos que no quieran pasar un tercer invierno (en los campamentos de emergencia) no lo tengan que hacer necesariamente».
En Constitución (a unos 365 kilómetros al sur de Santiago) hay cuatro aldeas en disímil situación según denuncia el presidente de la agrupación de damnificados de la ciudad, Pablo Díaz, afirmando que uno de estos campamentos ha recibido una gran ayuda estatal en detrimento de los otros tres. Y el dirigente rechaza el subsidio de arriendo.
«La gente no lo acepta, porque según ellos es por 18 meses y la plata que da el Gobierno no les asegura que van a estar los 18 meses…No lo están aceptando, porque el gobierno no aparece como aval de ellos», aseguró a BBC Mundo.
El Observatorio de la Reconstrucción, organismo formado por expertos de la Universidad de Chile, reportó que las cifras reales de avance en vivienda son de un 10%, ya que la medición debe hacerse según la cantidad de casas nuevas entregadas.
Similar es la postura de la opositora Concertación, donde la ex ministra Laura Albornoz acusa a Piñera de dar números engañosos al mezclar datos de construcción con obras de reparación, planteando que muchas de éstas son menores e igualmente se incluyen.
«El gobierno engaña cuando intenta sacar un porcentaje promedio de dos cuestiones que tienen finalidades distintas, porque una cosa es reparar una muralla trizada y otra muy distinta es que se construyan casas para las personas que viven en aldeas», declaró a BBC Mundo.
Tras el terremoto, Albornoz fue nombrada por Michelle Bachelet como delegada presidencial en Constitución, donde denuncia que los campamentos «hoy día están instalados tal cual, siguen viviendo las mismas personas, las mismas familias, y no ha variado nada».
La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, rechazó estas críticas y le aseguró a la BBC que la labor del gobierno ha sido óptima, al punto de ser reconocida por eminencias como el jefe del programa para la Reducción de Desastres y la Recuperación del Banco Mundial, Christoph Pusch.
«Aquellas obras públicas que se dañaron y que su reconstrucción requiere solamente del gobierno han avanzado con una eficiencia enorme. En los en que se requiere de la voluntad de los habitantes, de la voluntad de los damnificados, permisos de construcción o instalaciones extras, naturalmente que el tema es más lento», afirmó.
Sin embargo, en lugares como Dichato —balneario que se ubica a más de 500 kilómetros al sur de Santiago y fue devastado por el tsunami— hay damnificados que piden que los esfuerzos no sólo vayan hacia las aldeas.
«De los afectados por el terremoto, un 10% se encuentra en aldeas y campamentos, que es donde se ha enfocado el gobierno, pero hay un 90% restante que corresponde a sitios residentes, zonas rurales o comités de allegados que no han sido considerados», señaló Lorena Arroyo, vocera nacional del Movimiento por una Reconstrucción Justa.
El terremoto golpeó a más de 50 ciudades y 200 pueblos de Chile, generando según los datos oficiales 526 muertos y 25 desaparecidos. El daño no fue sólo en viviendas, afectando a cuatro mil establecimientos de educación, 40 hospitales y unos dos mil puntos de infraestructura pública.
