Han pasado dos años desde el 27/F y las vidas de algunos chilenos aún siguen en el suelo. Largos y dilatados juicios, falta de viviendas alternativas y nulas soluciones. Se trata de aquellos que esperan no sólo que la reconstrucción avance, sino que las empresas a las que algún día les entregaron millones de pesos respondan por sus departamentos que quedaron inhabitables.
Todos pensaron que fue un milagro. De hecho, fue lo primero que escuchó Mirta Peña después del terremoto. Que era un milagro que estuvieran vivos.
Días antes de esa madrugada del 27 de febrero de 2010, el sacerdote Rodrigo Domínguez de la parroquia El Buen Pastor, ubicada en Rodrigo de Araya con Macul, había ido a bendecir las dos torres de departamentos del condominio Sol Oriente, en el número 2301 de Avenida Macul y 2302 de Exequiel Fernández.
Por eso, los vecinos pensaron que no había otra explicación para que los dos bloques, a pesar del impacto de los 8 grados que habían azotado sus cimientos, siguieran en pie.
“Es como si hubiesen explotado los fierros”, cuenta Mirta retorciendo sus dedos para que no queden dudas de lo que trata de explicar. Su departamento, el nº 1202 del edificio de Macul, 4 dormitorios, 60 millones de pesos pagados con su jubilación –al contado–, sillones dorados, adornos pensados estratégicamente después de toda una vida de ahorro, ya no servía para nada.
Dos años después, su departamento y el resto que completaban ambos edificios, siguen inhabitables. No les han devuelto la plata ni entregado condiciones de vivienda alternativas. Es la misma realidad en la que quedaron sumergidos cientos de chilenos después del terremoto del 27 de febrero.
Uno de los casos emblemáticos es el de los edificios Don Tristán y Don Luis. El primero tenía 36 departamentos; y el segundo, 40. Algunos de los habitantes recobraron los dineros invertidos mediante los seguros. Sin embargo, quienes habían pagado al contado aún no reciben ninguna respuesta.
Mirta Peña pagó 60 millones de pesos al contado por su departamento en Avenida Macul. Hoy no tiene departamento, ni una solución habitacional. Además de perder su dinero, debe pagar otro arriendo por $ 210.000.
“A mí, el banco me devolvió la plata que había puesto de pie. Pero yo había hecho mejoras, otras personas perdieron sus automóviles, hay una vecina que incluso no pudo solucionar el tema con su banco y sigue pagando dividendo. Nos vendieron un edificio de semi lujo y casi perdimos la vida. La primera vez querían darnos 200 mil pesos para que nos quedáramos contentos”, reclama Pamela Márquez, propietaria de uno de los departamentos de Don Tristán.
Ambos edificios fueron demolidos, ya que no eran reparables. Actualmente hay una investigación penal a cargo del Fiscal Jefe de Maipú y ya se formalizó por estafa a uno de los dueños de la empresa constructora Mujica y González, Álvaro Mujica.
[cita]“Antes del terremoto iban todos a saludarnos, era tan hermoso. Había comprado todo de nuevo, invertimos plata. Incluso las niñas del aseo del edificio me decían que mi departamento era mejor que el piloto. Todo combinaba”, dice Mirta Peña.[/cita]
Según fuentes ligadas a la investigación, el Fiscal podría ampliar las formalizaciones hacia los representantes de la inmobiliaria (Francisco de Aguirre) y a quienes participaron en el proceso de venta.
El abogado de las víctimas, Alfredo Morgado, señala que la empresa inmobiliaria ha efectuado ofertas y propuestas económicas “con el objeto de evitar la persecución de la investigación, ampliación de la formalización y ser llevados a juicio oral. Propuesta que a la fecha ha sido rechazada por los vecinos, sin perjuicio de que pudieran llegar a un acuerdo ante una mejor propuesta”.
Toda la espera ocurre en un país que tenía una norma clara respecto a las responsabilidades en materia de construcción. Los consumidores tienen derecho a adquirir viviendas de calidad, por eso existe una regulación especial (Ley de Calidad de la Vivienda) que establece el derecho a la garantía con plazos determinados según los daños que se presenten en el inmueble nuevo. Las empresas deben responder cuando se producen problemas en las terminaciones, durante los primeros 3 años; problemas en las instalaciones durante los primeros 5 años y problemas estructurales durante los primeros 10 años desde la compra de la vivienda. Cuando las fallas afectan a un conjunto habitacional, existe la posibilidad de ejercer las acciones colectivas contempladas en la Ley del Consumidor.
Después del terremoto, Mirta Peña debió trasladar todas sus cosas a una nueva vivienda. Aunque había pagado los 60 millones de su departamento al contado, ahora no cuenta con ese dinero y, además, debe pagar todos los meses un arriendo de $ 210.000 por otro departamento en Avenida Grecia. “Fue muy fuerte para nosotros. Nos dijeron que era lo mejor de Macul y descubrimos que era puro yeso. Se reventaron los fierros en el subterráneo y muchos profesionales que vieron los edificios dijeron que se redujo el costo de construcción. Afortunadamente teníamos vecinos arquitectos, fueron los primeros en hacer un chequeo al edificio”, cuenta Mirta, que no ha podido pegar una pestaña desde la madrugada del 27 de febrero. Ahora vive amarrada a los 12,5 milígramos de Somno-xr, un inductor del sueño que toma para enfrentar el insomnio que padece desde entonces.
La municipalidad de Macul, con fecha 13 de mayo de 2010, emitió el certificado que ordena la demolición de ambas torres; sin embargo, la contraparte pidió que se estudiara un nuevo peritaje. Lo que la empresa quiere es poder reparar los departamentos y devolverlos a sus dueños.
Esta es una de las fotografías que tomaron los vecinos del condomino Sol Oriente después del terremoto.
La constructora que levantó el proyecto es Sigro; una de las empresas más grandes del rubro. Está presente en todos los sectores: infraestructura, oficinas y viviendas residenciales. En el directorio figuran los nombres de Hernán Delorenzo Achondo, presidente; Juan de Dios Palma, director; Carlos Alberto, director y Fernando Delorenzo, director ejecutivo. Entre sus hitos se cuentan haber construido el edificio de Codelco (1985), el hotel Ritz-Carlton (2002) y la Clínica Avansalud (2011).
Desde su creación en 1982, Sigro ha construido más de 1.700.000 metros cuadrados en diversas obras a lo largo del país. Hernán Delorenzo, responde por primera vez a un medio de prensa por los cuestionamientos post terremoto.
“El primer vendedor es la inmobiliaria. La empresa constructora ha sido contratada por la inmobiliaria, al igual que fue contratado el calculista, el mecánico de suelo y todos los especialistas que intervienen, por lo tanto la inmobiliaria es la que tiene la relación contractual con las personas”, señala y suma datos: “No es nuestra competencia el proyectar ni revisar proyectos. No somos proyectistas, de manera que si existen falencias en algún proyecto, escapan a nuestra responsabilidad”.
El ingeniero civil cuenta que ambas torres se levantaron con bastante tiempo de diferencia, por eso sugiere dónde puede haber estado la falla: “Cuando los problemas se repiten, calcados, estamos hablando de un problema de proyecto. Puede estar en el cálculo estructural o en la mecánica de suelo, como también puede estar dentro de la norma, pero un terremoto de 8,8 también es de un impacto tremendo”.
-¿Lo que no se entiende es que haya edificios que sí aguantaron y es la misma norma?
-Yo diría que hay algunos calculistas más audaces y otros son más conservadores. Después del terremoto la norma se volvió más exigente.
-¿Y quién le responde a las personas por lo que pagaron?
-La inmobiliaria está haciendo todos los esfuerzos por revertir la orden de demolición y reparar el edificio, que es algo que a todo el mundo le conviene, porque si hay que demolerlo la demolición la pagan los propietarios. Si se repara, eso lo paga la inmobiliaria. Si yo fuera propietario, creo que lo más inteligente sería apoyar la reparación.
Según Delorenzo, “todos los informes técnicos que se pidieron tanto al Idiem como al Dictuc o Cesmec y varios otros, llegaron a la misma conclusión: la primera es que el edificio fue construido de acuerdo el proyecto, no se robó el cemento ni ninguna de las cosas que se dice. La segunda conclusión es que el edificio es reparable”.
No piensan lo mismo en la municipalidad de Macul. Roberto Morales, jefe de gabinete del municipio, dice que ellos tienen otra conclusión: “Los informes técnicos dicen que no es posible y que tienen serias fallas estructurales y que en consecuencia para poder habitarlos se requiere su demolición”, asegura y cuenta que el municipio contrató a un ingeniero civil estructural que entregó este veredicto.
[cita]“Los daños del edificio son única y exclusivamente consecuencia del terremoto”, explica Julio Gamboa, abogado de Numancia, y agrega que: “la responsabilidad de la inmobiliaria es haber elegido a los profesionales y encargados de la ejecución de la obra, no ha intervenido en los actos que constituyen la base de la responsabilidad. Se lo ha encargado a especialistas de primer nivel. De modo que no nos cabe la menor duda de que no hay error en los proyectos”.[/cita]
El abogado que representa a varias familias afectadas, Hipólito Palavicino, asegura que pasados tantos meses de litigio, “la parte deudora apuesta por que la gente se aburra, que acepte todo lo que ellos quieren. Les pasaron 100 mil o un millón de pesos a algunas personas antes y por eso hay gente que recién está demandando”.
Lo que la gente quiere no es arreglar el lugar, sino que les devuelvan la plata que gastaron.
“No quiero recordar más ese momento”, dice Mirta. Y sigue: “Mi vida era otra, feliz, me sentía tan confiada, recompensada de tantos años de trabajo y dije ‘por fin estamos en nuestras casa’. Antes del terremoto iban todos a saludarnos, era tan hermoso. Había comprado todo de nuevo, invertimos plata. Incluso las niñas del aseo del edificio me decían que mi departamento era mejor que el piloto. Todo combinaba”.
En la web de la inmobiliaria Numancia, entre sus proyectos realizados aparece flamante el edificio Marina del Sol, con sus 9 pisos y 84 departamentos, de entre 3.500 y 5.500 UF, en perfecto estado. Sin embargo, en la realidad, este inmueble construido en 2004 y ubicado entre 1 y 2 poniente con 6 norte en Viña del Mar, se encuentra en reparación a causa de los graves daños que sufrió la noche del 27 de febrero de 2010. Ante la negativa de la empresa de pagar los arreglos, descartando su responsabilidad, el comité de vecinos encargó un informe que determinó que las deficiencias de la estructura eran previas a la catástrofe.
A las 3:15 del 27 de febrero, Nelson Ramírez llegaba a su departamento en el piso 15 del edificio Marina del Sol. Venía de escuchar a Ricardo Arjona en el Festival de Viña del Mar. Cuando empezó el terremoto, acababa de acostarse junto a su esposa, mientras sus hijas, suegra y empleada dormían. “Se escuchaba cómo se reventaban los aceros y los tabiques”, recuerda. Al salir al pasillo principal, Ramírez se topó con un vecino bajando por la escalera y gritando que se incendiaba el piso 19. “Tuvimos que bajar, pero un muro de la caja de la escalera se había caído. Amarré a mis niñitas para no caernos al aire y empezamos a bajar con mi suegra al hombro”, relata Ramírez quien agrega que el contrapeso de uno de los ascensores se rompió y cayó sobre la jaula, destrozándola. “Se inundó el primer piso. El agua empezó a subir por los ductos de ventilación y a caer hacia la recepción”, explica. Y el incendio en el último piso se provocó luego de que, con el movimiento, se soltaran las calderas y se golpearan unas con otras. En el estacionamiento, un muro se cayó y aplastó varios autos.
En el edificio Marina del Sol de Viña del Mar se reventaron tabiques, muros y pilares del edificio.
El informe solicitado por los vecinos a la empresa Ramón Goldsack y Asociados LTDA. dictaminó que: “el diseño estructural del edificio no consideró la inclusión de elementos estructurales necesarios para resistir los esfuerzos a que estuvo sometida la estructura durante la ocurrencia del sismo del 27 de febrero de 2010 y, por lo tanto, presenta en la actualidad una capacidad resistente insuficiente para resistir un terremoto de iguales características”.
Sin embargo, “en la inmobiliaria lo negaron todo, dijeron que estábamos inventando estudios. Nos dijeron que estábamos tratando de buscar responsabilidades, desligándonos del terremoto, para sacar provecho”, cuenta Arturo Fuentes, miembro del comité de vecinos del Marina del Sol.
Así, los propietarios decididieron presentar una demanda contra Numancia. Como prueba, el juez solicitó que se realizara un peritaje judicial al edificio cuyo informe reveló hechos que evidenciaron las falencias de la estructura. “Por su solidez implícita es dable usar la premisa que el Edificio “Marina del Sol” presenta daños tras el sismo de 27 febrero 2010. Según las Normas Oficiales Chilenas, ello no debió ocurrir, de la forma que presenta, en una obra de edificación de las características de este inmueble”, concluyó el fiscalizador.
La inmobiliaria Numancia es propiedad de Basilio López Calleja, uno de los empresarios más ilustres de la zona, dueño de las librerías Lápiz López y vicepresidente del Club Español de Viña del Mar. Actualmente, la empresa continúa negando cualquier responsabilidad en los hechos. “Los daños del edificio son única y exclusivamente consecuencia del terremoto”, explica Julio Gamboa, abogado de Numancia, y agrega que “la responsabilidad de la inmobiliaria es haber elegido a los profesionales y encargados de la ejecución de la obra, no ha intervenido en los actos que constituyen la base de la responsabilidad. Se lo ha encargado a especialistas de primer nivel. De modo que, no nos cabe la menor duda de que no hay error en los proyectos”.
Cerca de 1.400 millones de pesos se requieren para reparar el inmueble en su totalidad, pero la aseguradora de los departamentos asignó alrededor de 300 millones menos, por lo que los vecinos presentarán un reclamo en la Superintendencia de Valores y Seguros. El edificio se encuentra deshabitado y las obras de reconstrucción en proceso, mientras los propietarios no saben bien cómo terminarán pagando por estas.
