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Cámara de Diputados rechaza informe de comisión investigadora sobre Caso Kodama

El informe proponía revisar los mecanismos de control de los Ministerios de Vivienda y Obras Públicas y del Servicio de Vivienda y Urbanismo, y establecía responsabilidades de ex funcionarios del Serviu de la Región Metropolitana y el ex asesor de la entonces titular del Minvu Magdalena Matte, Álvaro Baeza.


Por 33 votos a favor y 37 en contra, la Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión de Vivienda que investigó el llamado Caso Kodama, que salió a la luz pública luego que esta empresa demandara al Ministerio de Vivienda por el no pago de un sobrecosto por $17.000 millones, en el que habría incurrido por la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, como parte de las obras del Transantiago.

El informe proponía revisar los mecanismos de control de los Ministerios de Vivienda y Obras Públicas y del Servicio de Vivienda y Urbanismo, y establecía responsabilidades de ex funcionarios del Serviu de la Región Metropolitana y el ex asesor de la entonces titular del Minvu Magdalena Matte, Álvaro Baeza.

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Juan Carlos Latorre, dijo que el rechazo al informe refleja lo que ha ocurrido durante este año, y es que «el Gobierno ha hecho un intento exitoso por acallar el desarrollo de una investigación que sólo ha podido ser efectiva a través de la Contraloría, del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, pero aquí en la Cámara la comisión investigadora no hizo su pega al punto que ni siquiera citó a la ex ministra Matte». Lo que se refleja en la ausencia a la votación de un importe grupo de parlamentarios de la Alianza, comentó el legislador.

El parlamentario agregó que el rechazo al informe «es lo que la Cámara de Diputados tenía que hacer», porque aseguró que este texto sólo sirvió para ganar tiempo durante una investigación que no fue efectiva, que no citó a las personas que debió haber convocado, incluyendo a la ex secretaria de Estado.

Esto, porque según el legislador, se quiso evitar el costo político que significaba que una ex ministra de Estado tuviera que concurrir a una comisión investigadora a explicar algo que ella misma tuvo que denunciar en su momento, y que es un hecho gravísimo dentro de la administración de recursos del Estado, precisó.

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