Tras una reunión en privado con el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, destacó con satisfacción dos hechos que resultan favorables para La Moneda: la sentencia no consideró pertinente ordenar la adopción, modificación o adecuación de normas específica de derecho interno y rebajó además sustancialmente la indemnización solicitada.
Un clima de tranquilidad y alivio había esta mañana en La Moneda. A todas luces, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile por «discriminar» a la jueza Karen Atala por su orientación sexual negándole la tuición de sus tres hijas, resultó favorable a las autoridades de Gobierno.
Las razones de tanta felicidad: la sentencia no consideró pertinente ordenar la adopción, modificación o adecuación de normas específica de derecho interno y rebajó además sustancialmente la indemnización solicitada.
Así lo señaló esta mañana el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, tras una reunión en privado con el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, en el Palacio de La Moneda.
“La sentencia además valora los esfuerzos del Estado de Chile para capacitar a los funcionarios públicos en materia de protección de los derechos humanos, orientación sexual y no discriminación. Materia en la cual, se seguirá trabajando conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana”, agregó el secretario de Estado.
En esa línea, dijo que “es importante destacar que este gobierno ha puesto como una de sus principales preocupaciones el fortalecimiento de la cultura institucional de promoción y respeto de los derechos humanos. En esta línea, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha ingresado al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la subsecretaria de DDHH, dependiente del Ministerio de Justicia, que tendrá por misión coordinar y estudiar las instituciones publicas en la materia”.
“Junto con reiterar nuestro compromiso por los derechos humanos y el apego al derecho internacional, el Gobierno implementará a la brevedad las medidas indicadas en la sentencia”, concluyó la autoridad.
Si bien el Ejecutivo podría apelar a un recurso de aclaración, altas fuentes de La Moneda señalaron que la idea —de ahora en adelante— será bajarle el perfil al asunto. Otro hecho que se analiza en el Palacio, es que en la sentencia no se especifica a quiénes debe beneficiar la indemnización. Situación que toma relevancia a la hora de sopesar que las hijas de la jueza Atala declararon no sentirse “victimas” durante el juicio.
