“Sostenemos la investigación penal respecto de todos los ciudadanos por igual. En el caso de los parlamentarios enfrentamos una complicación adicional: el desafuero. Éste es un privilegio procesal que primero tenemos que ganar, para recién tener la posibilidad de discutir en un juicio si esta persona es o no culpable. No hay ningún pronunciamiento de responsabilidad previo”, comentó Marta Herrera.
La directora de la Unidad de Anticorrupción y vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, aseguró que el fallo del Tribunal Constitucional que desestima el desafuero del diputado Jorge Sabag, priva a la ciudadanía de saber a ciencia cierta si el parlamentario es o no culpable de los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible por investigados. El TC acogió el requerimiento de inaplicabilidad formulado por el legislador.
“La investigación se relaciona con el presunto mal uso de los fondos destinados a arriendo de sedes distritales. En su caso, habría arrendado como sede distrital un establecimiento que es de propiedad de una sociedad, de la que él forma parte y que administra su hermano. La propiedad fue cedida en comodato por el padre del diputado (el senador Hosain Sabag Castillo)”, explicó la jefa de la Unidad de Anticorrupción y vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
Según se explica en el sitio web del Ministerio Público, a raíz de la investigación, la Fiscalía de Valparaíso solicitó a la Corte de Apelaciones de Concepción el desafuero del parlamentario. Sin embargo, éste fue rechazado y la Fiscalía decidió apelar. Luego de ese trámite, la Corte de Apelaciones concedió a la Fiscalía dicho recurso para que así la Corte Suprema conociera el caso. Fue entonces cuando la defensa del diputado presentó el requerimiento de inaplicabilidad formulado en el TC. Este impide a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado apelar a la Corte Suprema de la decisión por estimar la acción como inconstitucional.
Los ministros del Tribunal Constitucional que votaron a favor del requerimiento del diputado Sabag fueron el presidente Raúl Bertelsen, Marcelo Venegas, Hernán Vodanovic, Enrique Navarro, Francisco Fernández, Carlos Carmona, José Antonio Viera-Gallo, Iván Aróstica y Gonzalo García. En contra votó la ministra Marisol Peña.
“Sostenemos la investigación penal respecto de todos los ciudadanos por igual. En el caso de los parlamentarios enfrentamos una complicación adicional: el desafuero. Éste es un privilegio procesal que primero tenemos que ganar, para recién tener la posibilidad de discutir en un juicio si esta persona es o no culpable. No hay ningún pronunciamiento de responsabilidad previo”, comentó Herrera.
Según la jefa de Anticorrupción “el pronunciamiento del TC nos dice que el único que tiene una posibilidad de apelar es otro parlamentario. Y no el órgano encargado de la persecución penal, o sea la Fiscalía, ni el querellante, que es el CDE, que representa a la víctima de estos delitos de corrupción. El diputado no puede ser llevado a juicio, por lo tanto, la ciudadanía nunca va a poder saber si es o no culpable”.
Según Marta Herrera, en casos similares anteriores, como los de los entonces parlamentarios Nelson Ávila, Amelia Herrera y del diputado independiente, René Alinco, la Fiscalía pudo apelar a la Corte Suprema, siendo acogida la solicitud, lo que confirma el criterio que una resolución rechazada de desafuero, puede ser apelable.
“El argumento de Sabag es que se afectaría la igualdad ante la ley y en la Fiscalía nos acogemos al mismo argumento para decir que justamente lo que se protege es esa igualdad”, argumentó Marta Herrera.
