El juez César Orellana aseguró que más allá de las imputaciones de lavado de dinero, uso de información privilegiada e infracciones a la ley de Mercado de Valores y Ley de Bancos, los dos ex altos ejecutivos de la compañía «generaron una pérdida de confianza de los agentes del mercado en el propio mercado».
El magistrado del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, César Orellana resolvió mantener en prisión preventiva al ex presidente del directorio de La Polar y al ex gerente de asuntos corporativos, Julián Moreno, quienes están presos desde el 15 de diciembre del año pasado.
El juez Orellana aseguró que más allá de las imputaciones de lavado de dinero, uso de información privilegiada e infracciones a la ley de Mercado de Valores y Ley de Bancos, los dos ex altos ejecutivos de la compañía «generaron una pérdida de confianza de los agentes del mercado en el propio mercado».
Asimismo, el juez Orellana agregó que «hay un perjuicio patrimonial importante, más allá que no se quiera ver ese punto por las defensa de los imputados, que ha afectado no solamente al sistema accionario, de valores, sino que otros sistema como son el de AFP’es, y al público en general. Se suma a todo esto tanto el número de delitos imputados como la reiteración.» aseguró el juez.
El magistrado finalizó su alocución que duró casi 40 minutos señalando que «sin siquiera considerar la pena probable que se le pueda imponer a los imputados si es que son condenados, entiende el tribunal que cae en el escenario de ser un peligro para la seguridad de la sociedad» al momento de argumentar porqué resolvió mantener la prisión preventiva de ambos ex altos ejecutivos.
La decisión fue criticada por la defensa de Pablo Alcalde, encabezada por el abogado Jorge Bofill, quien reclamó que otro de los imputados, el ex gerente general de la empresa, Nicolás Ramírez tiene similares cargos y está con firma mensual y arraigo nacional y no en la cárcel.
Bofill apuntó que en la audiencia de formalización del 14 y 15 de diciembre «nosotros ese día discutimos y demostramos que no existe el delito de lavado de activos y hoy demostramos que no existe el delito de uso de información privilegiada».
Jorge Bofill anunció que recurrirán ante la Corte de Apelaciones de Santiago ante este fallo adverso.
Por su parte, el defensor de Moreno, el abogado Miguel Chávez se sumó a las palabras de su colega respecto que es muy difícil preparar una buena defensa de su representado si éste se encuentra en la cárcel.
Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, que persigue delitos tributarios cometidos en el marco del denominado “Caso La Polar”.
La acción del Servicio se dirige contra Pablo Alcalde, en su calidad de representante legal de la sociedad Inversiones; Julián Moreno, gerente corporativo de Productos Financieros de la sociedad; María Isabel Jazmín Farah Silva, gerente corporativo de Administración; Nicolás Ramírez, gerente general; y Jaime Ripoll Monsalve, contador general de la sociedad, “por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso 1° del Código Tributario”, según precisó el SII en un comunicado.
También está dirigida contra todos quienes resulten responsables.
“La acción judicial se sustenta en que, de los antecedentes recabados hasta la fecha y que constan en la carpeta de investigación que conduce el Ministerio Público, el SII ha llegado a la convicción de que las personas antes mencionadas, interviniendo en razón de sus cargos en la sociedad emisora y operadora de la tarjeta de crédito de Empresas La Polar S.A., en forma mancomunada consignaron o permitieron que se consignaran en los balances respectivos datos carentes de realidad. La adulteración de estos ítem resulta precisamente de las maniobras realizadas por los querellados para mantener artificialmente vigente la cartera de clientes, que de haber reflejado la realidad se habría mostrado como morosa, modificando y alterando sustancialmente las cuentas del Balance de la sociedad emisora y operadora de Inversiones SCG S.A, configurando de esta forma el tipo penal contemplado en el inciso primero del artículo 97 N°4 del Código Tributario”, aseguró el SII.
Chávez señaló que «deberemos trabajar con más fuerza para que los tribunales crean en nuestra posición y evidentemente que la prisión preventiva de mi defendido genera problemas en la preparación de una correcta defensa».
Por su parte, el fiscal del caso, José Morales afirmó que no es inconveniente que el juez Orellana en el debate de estas medidas cautelares impugnara al Ministerio Público sobre no tener por acreditado el delito de uso de información privilegiada en el caso de Pablo Alcalde.
Morales aseguró que «esa es una parte de la resolución, que tiene rango transitorio, es un aspecto en que la Fiscalía tendrá que buscar nuevos antecedentes, pero en los sustancial, los cargos imputados, entre ellos el lavado de activos se mantiene.
En la audiencia también se conoció que el Servicio de Impuestos Internos se querelló en contra de Alcalde, Moreno, la ex gerenta de administración y finanzas, María Isabel Farah, el ex gerente general, Nicolás Ramírez y el ex ejecutivo, Jaime Ripoll por el delito tributario de «declaraciones maliciosamente incompletas»
La jefa de la Unidad Jurídica del SII, la abogada Maritza Navarrete informó que la idea de la querella es «apoyar el trabajo del Ministerio Público y aún no podemos establecer cuanto es el fraude tributario porque siempre se falsearon los estados financieros de la empresa»
En tanto el SII comunicó que «la acción judicial se sustenta en que, de los antecedentes recabados hasta la fecha y que constan en la carpeta de investigación que conduce el Ministerio Público, el SII ha llegado a la convicción de que las personas antes mencionadas,(…) en forma mancomunada consignaron o permitieron que se consignaran en los balances respectivos datos carentes de realidad».
En cuanto a los montos de impuestos evadidos, el SII sostuvo que la adulteración antes referida «impide determinar el verdadero monto de los impuestos que debían pagar las diversas empresas integrantes del Holding, precisamente por la falsedad de sus registros contables».
