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Reporteros sin Fronteras critica a tribunal que rechazó recurso de amparo a periodista en Aysén

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó ayer la acción legal presentada a favor del director de «Canal 40 TV Aysén», Samuel Chong Rivera, quien argumentó que los agentes de la PDI no mostraron su identificación al exigirle la entrega de los videos.


La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) criticó este jueves la negativa de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de amparar a un periodista ante un intento de la Policía de apropiarse de videos grabados durante recientes manifestaciones en esa región austral.

Ese tribunal rechazó el miércoles el recurso de amparo presentado a favor del director de «Canal 40 TV Aysén», Samuel Chong Rivera, quien argumentó que los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) no mostraron su identificación al exigirle la entrega de los videos.

RSF recordó en un comunicado que oficiales de la PDI dijeron haber informado al periodista de la orden de investigación por «infracción de la Ley de Seguridad del Estado» (LSE).

La organización consideró que la decisión de la corte es «peligrosa e inoportuna» porque debilita la protección de datos y fuentes periodísticas, y recordó que la LSE es una herencia de la dictadura militar y no ha sido modificada desde entonces.

La apelación a la LSE «no concuerda con una perspectiva de diálogo entre las autoridades, los representantes de las fuerzas del orden y la profesión, tras la violencia sufrida recientemente por los periodistas. Seguimos haciendo un llamado al diálogo deseado», indicó RSF.

Además, también se refirió a las manifestaciones, «duramente reprimidas», contra la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia, autorizada el 4 de abril por la Corte Suprema.

En relación con ello, la organización defensora de la libertad de prensa advirtió especialmente contra todo intento de «criminalizar» a los medios de comunicación locales.

La región de Aysén vive desde principios de 2012 fuertes protestas sociales debido al aislamiento del territorio, los elevados precios de los carburantes, el bajo salario mínimo y la falta de infraestructura médica y sanitaria.

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