Aún cuando la Asociación de Diplomáticos de Carrera de la Cancillería ha intentado eliminar al máximo las denuncias, no ha sido posible erradicarlas del todo. Este es un proceso que ha seguido debido a la preocupación que le genera que resulte perjudicada la imagen corporativa del organismo, por haber un socio involucrado.
Para los simples mortales, trabajar en una representación diplomática fuera del país es sinónimo de viajes, paisajes exóticos y glamour. Sin embargo, para quienes se desempeñan en las distintas delegaciones no sólo es un trabajo como cualquier otro, sino que puede llegar a ser complicado, difícil e insufrible. Sobre todo, cuando se es objeto de acoso laboral de parte del jefe y se está a miles de kilómetros del lugar donde se debe hacer la denuncia y de quienes finalmente aplicarán, si corresponde, las sanciones procedentes. Esa es la situación que enfrentan los tres funcionarios del Consulado General de Chile en Guayaquil. Su cónsul, José Miguel González Serrano, está siendo acusado de acoso laboral, por lo que la Cancillería abrió un sumario administrativo para determinar su responsabilidad en los hechos que sus subordinados le imputan.
El 25 de abril del año 2011 el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió un documento conocido como código de “buenas prácticas laborales” con la Asociación de Diplomáticos de Carrera de la cartera (ADICA). El texto pretende desterrar, tanto en territorio chileno como extranjero, el acoso laboral y sexual que habría existido históricamente en esta instancia, como en otras de la administración pública. Asimismo, se envió una circular a todos los funcionarios para que conocieran sus derechos y la forma de denunciar, en el ánimo de que estos hechos no se repetirían. No obstante, el optimismo se vino abajo cuando a través del conducto de receptores de denuncias se recibió la del mencionado consulado, en contra de su titular.
Las alarmas de ADICA se encendieron, cuando a fines de enero se presentó la primera denuncia oficial del año 2012, ante la receptora en Chile, Marta Chalhub, una de los cuatro que ostentan este cargo honorario. ¿La autora? Fabiola Huete Ferri, cuya labor consiste, entre muchas otras tareas, en “reemplazar al cónsul general en su ausencia y asumir sus responsabilidades”, según consta en la página oficial del consulado de Chile en Guayaquil. En la Cancillería aseguran que la funcionaria en cuestión tiene 31 años de antigüedad en el cargo y que el cónsul sobre quien recae la denuncia también “lleva más de 30 años de carrera funcionaria”. Lo llamativo es que días más tarde los otros dos empleados de la representación chilena se sumaron a la acusación. Ellos son Carol Farías, con 2 meses de trabajo en el consulado y Norberto Mieles con 31 años de servicio, ambos de nacionalidad ecuatoriana. Y el denunciado, en este caso, asegura desconocer las razones de la investigación.
Tras una investigación sumaria se habría llegado a la conclusión de que existen antecedentes para abrir un proceso administrativo y esa es la etapa en que está la denuncia, la cual ya ha recorrido varias instancias desde que se inició. En la cartera aseguran que la Fiscal que lleva la causa depende directamente del subsecretario, Fernando Schmidt Ariztía, bajo quien está la responsabilidad de encabezar la investigación y resolver, aplicando desde una amonestación hasta una destitución, pasando incluso por “adscripción” a Chile. El sumario debería definir si existe base y argumentos para que los tres funcionarios de la legación estén acusando a su superior de “acoso laboral”. En la Cancillería se sostiene que el sólo hecho de haber pasado de investigación sumaria a sumario administrativo, indica que “había antecedentes suficientes” para ello.
[cita]La primera afectada en realizar la denuncia fue contactada por El Mostrador. Fabiola Huete explicó la forma cómo se manifiesta el acoso laboral del que ella y sus compañeros estaría siendo objeto. Según relata, el cónsul “describe comportamiento y actitudes de total falsedad en contra mía, en comunicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Y en ellas también descalifica al señor Mieles”. Agrega que González acostumbra a “darme órdenes, para que cometa faltas, que son contrarias a los reglamentos e instrucciones que nos imparte la Cancillería. El decirle al señor Mieles que vaya buscando otro trabajo. Ordenarle a la señorita Carol Frías que vaya a realizar trámites bancarios personales, con la consiguiente espera de la persona que estaba atendiendo. Hacer que trabaje hasta altas horas de la noche, durante varios días, sin que haya un real situación que lo amerite”.[/cita]
Con todo, algo que llama la atención es que pese a que González Serrano está siendo sumariado por acoso laboral, ni él ni sus denunciantes han sido trasladados o removidos mientras se desarrolla la investigación. Algo que no ocurre en Chile, ya que cuando se produce una denuncia de este tipo se toma la medida precautoria de separar al demandado del denunciante. Sobre el tema consultamos al presidente de ADICA, Francisco Devia, quien admitió que en el reglamento que regula estas materias hay un vacío. Según señaló, cuando se le consultó al director de Recursos Humanos de la Cancillería sobre si se habían adoptado medidas precautorias en este caso, les explicó que no, “por un problema práctico de qué hacemos con tres funcionarios denunciando a uno. ¿A dónde se trasladan? Ya sea los tres o el funcionario denunciado. Pero más allá del caso en particular, yo creo que habría que modificar las medidas preventivas del procedimiento”. El problema consistiría en que una de las medidas preventivas consiste en “asignar transitoriamente al funcionario denunciado a otra unidad dentro de la misma institución. Aplicable sólo a quienes se desempeñan en Chile”.
Es allí donde está el problema, porque los funcionarios que se desempeñan fuera de Chile —como en este caso— quedan desprotegidos por el ordenamiento de la propia Cancillería. Algo que confirma Devia, señalando que “por este artículo efectivamente quedan desprotegidos y nos sorprende, porque hay que pensar que la mayoría de los funcionarios del Servicio Exterior de Chile, o sea dos tercios, están cumpliendo funciones en el extranjero”.
La primera afectada en realizar la denuncia fue contactada por El Mostrador. Fabiola Huete explicó la forma cómo se manifiesta, desde su punto de vista, el acoso laboral del que ella y sus compañeros estaría siendo objeto. Según relata, el cónsul “describe comportamiento y actitudes de total falsedad en contra mía, en comunicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Y en ellas también descalifica al señor Mieles”. Agrega que González acostumbra a “darme órdenes, para que cometa faltas, que son contrarias a los reglamentos e instrucciones que nos imparte la Cancillería. El decirle al señor Mieles que vaya buscando otro trabajo. Ordenarle a la señorita Carol Frías que vaya a realizar trámites bancarios personales, con la consiguiente espera de la persona que estaba atendiendo. Hacer que trabaje hasta altas horas de la noche, durante varios días, sin que haya un real situación que lo amerite”.
Huete detalla aún más los malos tratos de que serían objeto ella y sus compañeros de trabajo en el consulado, añadiendo que su jefe “usa frases de descalificación hacía la misma señorita Frías que cuando ella se niega a seguir escuchándolo, la amenaza con que si sale de su oficina, tome sus cosas y se vaya”. Sin ir más lejos, hace un par de semanas, González “le solicitó a una ciudadana chilena y a su esposo ecuatoriano, que se quejen en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, de una manera tan insistente, que dichas personas salieron totalmente descompuestas de su oficina, a tal punto de expresarle a la señorita Frías que la única queja que pondrían sería en contra del cónsul si su trámite no está listo en el tiempo que él les informó”.
Por lo pronto, Huete asegura que “la investigación sumaria fue elevada a sumario administrativo. Según ha informado la Fiscal, la investigación continúa y se ha prorrogado el plazo hasta el 12 de abril”. Mientras que en el Ministerio de Relaciones Exteriores confirman que la denuncia de los funcionarios está en la etapa de sumario administrativo en contra del cónsul, este tiene una información diferente. Aunque se excusó de hablar con El Mostrador debido a que está imposibilitado por “el imperio de la ley”, señaló que, según lo que ha averiguado “existe una nueva prórroga (la última) de la investigación sumaria/sumario (no sé bien qué es), por 20 días hábiles más, a contar desde el 13 de abril”.
Tal como están las cosas, Fabiola Huete asegura que su situación —que fue denunciada también ante la ADICA y la Asociación de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (AEMRE)— y la de sus otros dos compañeros, es “de total afectación, ya que se ha degradado nuestra calidad de vida laboral y personal, con una conducta que no es sana de parte del cónsul”. Los denunciantes tampoco tienen protección de las instancias que en Ecuador deberían abordar el problema. Ello, porque si bien dejaron copias en el Ministerio Laboral de esa nación de la denuncia que enviaron a la Cancillería en Chile, no la formalizaron, pues si lo hacían “se iniciaría un juicio laboral en contra de nuestro empleador, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”, algo que no desean.
