El llamado lo hizo a todas las instituciones que concurren en la prevención, persecución y juzgamiento de los delitos, instándolas a «no desgastarse ni enfrentarse», sino a buscar soluciones coordinadas por el bienestar superior de los ciudadanos.
En el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional en Santiago y ante la presencia de altas autoridades nacionales y de seis fiscales generales de Latinoamérica, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, rindió este jueves la quinta Cuenta Pública de su gestión cuando ya cumplió más de la mitad de su periodo constitucional.
El balance anual, transmitido online a través de la página web www.fiscaliadechile.cl, relevó el trabajo investigativo desplegado durante el año 2011 respecto de los delitos de cuello y corbata, que estuvieron marcados por el alto impacto de casos como La Polar, que involucró delitos contemplados en la ley de mercado de valores, de bancos y de lavado de dinero. O como el caso Farmacias, la primera investigación penal sobre actos contra la libre competencia.
“Lo hemos sostenido de manera clara y precisa: la Fiscalía de Chile va a perseguir con celo no sólo los delitos violentos, sino también los delitos de cuello y corbata, que en la población producen no solo un perjuicio económico, sino que además un alto nivel de frustración frente a su impunidad. La Fiscalía de Chile busca y trata de hacer justicia para todos, cautelando los principios sobre los cuales se sustenta el Estado Social y Democrático de Derecho, y resguardando los derechos fundamentales de las personas”, enfatizó el Fiscal Nacional en su discurso.
En la misma línea, Sabas Chahuán informó que durante 2011 fueron formalizadas 11 investigaciones por el delito de lavado de dinero, lo que representa un incremento del 38% respecto del año anterior. A su vez, se lograron 17 sentencias condenatorias por el mismo ilícito, es decir, un 70% más de condenas que en el año 2010.
Destacó además que Chile experimenta alzas significativas en la comisión de ciertos delitos, con crecientes índices de victimización e inseguridad de la población. “No es posible desconocer tampoco, prácticas delictivas particularmente graves que, aunque afortunadamente todavía no generalizadas, existen; tales como delitos de incendio, colocación de artefactos explosivos, atentados contra funcionarios públicos como el cobarde ataque que acabó con la vida del Carabinero Hugo Albornoz, o crímenes de odio y discriminación, como el sufrido por Daniel Zamudio. Nos preocupa algunas situaciones de trata y tráfico ilícito de inmigrantes que se han advertido en nuestro país, la explotación servil de seres humanos, o la esclavitud sexual forzada de mujeres extranjeras”, sostuvo.
Frente al actual panorama, llamó a “no desgastarse y enfrentarse entre las instituciones que deben concurrir en la prevención, persecución y juzgamiento de estos hechos, sino que, por el contrario, se deben buscar soluciones coordinadas por el bienestar superior de nuestros ciudadanos. Ello, por supuesto, sin poner en entredicho la voluntad irrestricta de las autoridades superiores del Ministerio Público y de cada Fiscal y Funcionario por defender y cautelar la independencia y autonomía institucional, cada vez que sea necesario. Sin perjuicio de ello, reafirmamos nuestra permanente disposición, en la búsqueda de fórmulas nuevas y asociativas para enfrentar el crimen, en la integración de instancias conjuntas con todos los actores del sistema de control penal, en mejores y más permanentes coordinaciones, y en comunicaciones e intercambio de información delictiva más fluida. Deseamos una sola trinchera para enfrentar la delincuencia, no dos frente a frente”.
