Ex autoridades del Gobierno de Bachelet insisten en su inocencia por caso Tsunami

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El ex subsecretario del Interior del Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, alegaron inocencia al ingresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde se realiza – desde las 09:00 horas de este lunes- la maratónica audiencia de formalización por cuasidelito de homicidio por el denominado caso Tsunami.

“Tengo la conciencia muy tranquila de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para evitar y para mitigar los efectos de una catástrofe como que mi país no conoce otra. Estuve donde tenía que estar y actué conforme a la información que tenía. Comprendo el dolor de los familiares de las víctimas del tsunami, porque no hay dolor más profundo y desgarrador que la pérdida de un ser querido y por eso he hecho mía esa pena y ese dolor desde la misma madrugada del 27 de febrero”, sostuvo la ex autoridad.

Por su parte, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, dijo “estoy tranquila, como he estado siempre, lo único que y lo he dicho mil veces, yo aquella noche concurrí responsablemente a cumplir con mi deber como directora de Onemi y ahora vengo aquí a escuchar lo que se me imputa y a demostrar mi verdad”.

En tanto, en entrevista con Radio Agricultura, el abogado querellante, Raúl Meza, adelantó que pedirá la la prisión preventiva para los ocho imputados, por su responsabilidad en las muertes posteriores al terremoto.

“Nos parece que lo que tiene que evaluar y valorar el juez de garantía es la naturaleza y los efectos de la comisión de este delito, y en ese sentido en términos de magnitud o de lo que se denomina la extensión del mal causado, obviamente que las consecuencias de este cuasi delito fue la muerte de 156 compatriotas y 25 desaparecidos”, indicó.

Asimismo, aseguró que solicitará que sea la justicia militar la que se haga cargo del caso: “es algo muy relevante, lo que no han querido entender ni la fiscal ni el resto de los querellantes en cuanto a la cuantía de la pena. En la justicia penal ordinaria no va a llegar a más de tres años, en cambio ante la justicia militar vamos a eventualmente tener, en el evento que se impute cuasi delito de homicidio o incumplimiento de deberes militares, sanciones que van por sobre los cinco años y un día y, por lo tanto, penas privativas de libertad efectiva por parte de los eventuales condenados”.

El abogado Alfredo Morgado contradijo lo anterior señalando que “la unanimidad de los colegas que representan a las víctimas del tsunami, con excepción de un abogado que representa a una familia, estamos contestes en torno a que la competencia debe permanecer en la justicia ordinaria y debe ser una sola investigación, a cargo del Ministerio Público”.

Las autoridades civiles y militares que serán formalizadas a partir de este lunes, además de Carmen Fernández y Patricio Rosende, son el entonces jefe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), Mariano Rojas; el ex jefe del Centro Nacional de Alerta Temprana (CAT) Johaziel Jamett; el ex jefe de turno de la Onemi Osvaldo Malfanti; el sismólogo de la Universidad de Chile, Carlos Aranda.

Además, el asesor técnico del Director del SHOA Andrés Enríquez Olavarría; y el ex jefe de turno del SHOA, Mario Andina Medina.