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Investigación de Fiscalía e informe de la Cámara refuerzan agenda antilucro y complican a Beyer

Alejandra Carmona López
Por : Alejandra Carmona López Co-autora del libro “El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca”. Docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile
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Todo apunta a que un primer objetivo de la investigación, que realizará un fiscal con dedicación preferente, será establecer si hubo fraude al Fisco. Esto, en medio de una maraña de vínculos que ponen al gobierno en el foco: tres ministros en ejercicio están ligados directamente con universidades cuestionadas y las críticas contra el titular de Educación —por la forma en que ha enfrentado las últimas revelaciones sobre el lucro— son el bombo de la fiesta.


El 12 de octubre del año pasado, las palabras del ex ministro de Educación Felipe Bulnes quedaron registradas: “Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando. Incluso, es público y notorio —algunas personas se refirieron a ello antes de que surgiera esta polémica— que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”. Bulnes se refería a la normativa que prohíbe el lucro.

Esas mismas palabras, pronunciadas ante la comisión investigadora de la Cámara que el lunes anunció que había universidades que lucraban, son las que chocan como en un frontón con el actual titular de la cartera, Harald Beyer, quien le bajó el perfil al informe de los parlamentarios y se encontró con fuertes críticas, en medio de un escenario que cuestiona también a ministros de Piñera. “Nosotros vemos que hay dos tipos de responsabilidades: penales; que vamos a hacer velar en la Fiscalía y en el Consejo de Defensa del Estado, porque hay un desfalco claro de parte de empresarios. También hay responsabilidades políticas de este gobierno, porque hay gente como Lavín (Mideplan, ex Educación) y ministros como Larroulet (Secretaría general de la Presidencia) y Teodoro Ribera (Justicia) que estarían involucrados en estos hechos delictuales”, dice el presidente de la FECh, Gabriel Boric. Esto por los vínculos de los dos primeros con la Universidad del Desarrollo; y del último, por la U. Autónoma, fundada por Ribera y su padre. Según el último informe del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) de 2009, la Autónoma es la tercera universidad que más ganó ese año y cerró su balance con $11.796 millones.

Boric también dispara contra el titular de Educación: “Creo que hasta el momento sus declaraciones han sido poco responsables. Decir que el trabajo de la comisión es poco serio y deslegitimarlo, en realidad, es poco serio de su parte y muestra la poca voluntad política del ministro”.

[cita]Para el sociólogo Alberto Mayol es muy diferente hablar de la la ilegitimidad teórica del lucro a hablar de la ilegalidad como acto delictivo. “Estábamos acostumbrados al delito, lo justificábamos y la letra de la ley no importaba. Hoy se hace efectivo el escenario punitivo del lucro y es un nuevo síntoma del enorme éxito del movimiento estudiantil, modificando radicalmente la correlación de fuerzas e impugnando a los poderosos dentro del sistema que teóricamente los protegía”.[/cita]

La lucha contra el lucro fue una de las principales demandas del movimiento el año pasado. Sin embargo, reposó y abrió espacio a otras peticiones más urgentes. Hasta hoy, cuando el tema vuelve a ocupar portadas de diarios no solamente como una exigencia estudiantil, sino avalado por un informe de la Cámara y del que se habla por primera vez, seriamente, como delito.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, anunció que un fiscal con dedicación preferente tomará los antecedentes del caso, que sólo llegaron en tres hojas de denuncia. Apenas tenga en sus manos el informe completo, se designará al funcionario. Según fuentes cercanas a la investigación sería muy difícil perseguir un delito como “lavado de dinero”, que es uno de los ejemplos que se han puesto sobre la mesa al momento de hablar de la forma de operar de las universidades. “Es más probable que la investigación se enfoque en fraude al Fisco”, aseguran.

El tema no es menor para la Fiscalía. “Casos como el de La Polar… los delitos de cuello y corbata, están en la mira. Sobre todo si afectan a gran parte del país”, comentan al interior del organismo.

El cambio de escenario

Aunque el lucro siempre estuvo en la agenda, el conflicto de la U. del Mar y el nuevo escenario (fiscal+informe) lo convierten en un tema más serio para las autoridades y la clase política. “Ahora se instala no como un problema puntual, sino que general, estructural, que es necesario abordar revisando las reglas del juego”, dice Marco Moreno, cientista político, quien augura una mayor cantidad de marchas por este motivo. “Esto es porque reinstala en el movimiento estudiantil una demanda que el Ministerio no ha procesado adecuadamente, porque la discusión sobre el lucro quedó como en el aire y podría generar un escenario distinto para la movilización del 28 de junio”, añade, sumando críticas a la forma en que Beyer ha enfrentado el tema. Y agrega que  “cuando el ministro le baja el perfil al informe al decir que no hay denuncias formales genera un hecho político importante”.

Para el sociólogo Alberto Mayol es muy diferente hablar de la ilegitimidad teórica del lucro a hablar de la ilegalidad como acto delictivo. “Estábamos acostumbrados al delito, lo justificábamos y la letra de la ley no importaba. Hoy se hace efectivo el escenario punitivo del lucro y es un nuevo síntoma del enorme éxito del movimiento estudiantil, modificando radicalmente la correlación de fuerzas e impugnando a los poderosos dentro del sistema que teóricamente los protegía. Más impactante resulta cuando en el horizonte de denunciados están grandes empresarios del país y tres ministros de Estado vigentes”.

Todo esto impacta en el corazón de los empresarios, según Mayol: “La necesidad de reexaminar procesos y prácticas, de pensar que quizás un empresario se sentía haciendo el mayor aporte al país y que de pronto puede ser juzgado incluso en tribunales por sus prácticas. Es decir, el pasar desde la figura del empresario Teletón al empresario imputado, es un cambio de posición enorme y de gran impacto para los grandes grupos económicos”.

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