Piñera decidiría esta semana nombre para la Corte Suprema que debe aprobar el Senado

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Desde el 26 de julio que está sobre el escritorio del Presidente Sebastián Piñera la quina que elaboró la Corte Suprema con los candidatos que propone para llenar la primera de las tres vacantes que hay en estos momentos en el máximo tribunal del país. Una decisión no menor, dado que con ello el mandatario tiene la posibilidad de marcar una impronta en el tribunal, que se pronuncia sobre variados temas de relevancia nacional. El Senado está a la espera de la definición presidencial para ver si ratifica o no la propuesta, ítem que siempre está marcado por intensas negociaciones y en el que, en más de una ocasión, el Ejecutivo ha registrado un traspié.

Hasta el viernes en Palacio precisaban que el Presidente iba a dedicar estos días, precisamente a escoger un nombre de la quina que el pleno del máximo tribunal zanjó, en su sesión del 25 de julio y que tras la votación de los supremos, quedó integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer (por derecho propio), Carlos Aranguiz (9 votos), Juan Muñoz (7 votos), Lamberto Cisternas (6 votos) y Carlos Cerda (5 votos).

Cabe precisar que dicha quina se iba a elaborar una semana antes, el miércoles 18, pero en dicho pleno se resolvió un cambio de criterio para interpretar el concepto de la máxima antigüedad por derecho propio, que terminó modificando el escenario: hasta ese día dicho cupo le correspondía al juez Juan Escobar, pero terminó favoreciendo al ministro Pfeiffer, debido a que ahora se considera al ministro con más años de ejercicio en el tribunal de alzada y no al más antiguo del escalafón.

El hecho, generó un tenso debate en el seno de la Suprema, debido a las fuertes discrepancias que hubo entre los magistrados por las razones que motivaron dicho cambio.

Más allá de este impasse, en el gobierno saben de la oportunidad que tienen para establecer un sello en el máximo tribunal, considerando que esta quina es sólo para llenar la vacante que dejó el ministro Jaime Rodríguez Espoz, quien jubiló el 27 de mayo. Una vez zanjada esta sucesión la Suprema debe elaborar otras dos quinas y el Presidente elegir dos nombres más, para suplir las vacantes que se produjeron veinte días después, con el alejamiento de la magistrada Sonia Araneda (el 14 de junio) y de Adalis Oyarzún, al día siguiente.

En el gobierno explicaron que a diferencia de otras ocasiones en que se ha negociado en “paquete” entre la Concertación y la derecha los cupos en la Suprema, con el objetivo de mantener ciertos “equilibrios” políticos, en esta ocasión la estrategia será zanjar cada nombre por separado.

No hay que olvidar que el artículo 78 de la Constitución establece que el nombre que elije el Presidente de la quina que elabora la Suprema, debe ser aprobado por los dos tercios de los senadores en ejercicio, un quórum bastante alto que obliga generalmente a negociaciones entre los distintos bloques políticos.

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, es el encargado de llevar adelante las tratativas tanto con la Alianza como con la oposición, una vez que el nombre elegido por Piñera sea enviado a la Cámara Alta.

En general, los senadores vinculados habitualmente a la negociación de los temas judiciales con el Ejecutivo han optado por evitar pronunciarse, por anticipado, sobre sus candidatos. Sólo el senador UDI, Hernán Larraín, precisó que lo idea es apuntar a “una Suprema muy profesional, independiente, que represente la identidad del país, las distintas visiones y filosofías del derecho que hay, que no solo cuenten las tendencias políticas”.

En esa línea, Larraín consideró que hay que “ver a los jueces en un concepto más amplio, analizar el contexto histórico de sus fallos puntuales y considerar toda su obra jurídica, su trayectoria como juez, como abogado, su aporte académico”.

Quien es quien

Las palabras de Larraín no son menores, considerando que al menos, dos nombres de la quina en distintas ocasiones, han sido rechazados anteriormente en el Senado, precisamente por cierto sello político que se les atribuye: Cerda, a quien la derecha vetó cuando fue propuesto el 2006 al Senado y Pfeiffer, a quien la Concertación bloqueó su ascenso el año 2008.

Cerda es reconocido en el mundo judicial por tener méritos de sobra para las funciones y el perfil de un Supremo, sin embargo su larga trayectoria en tema de derechos humanos provocó que no fuera visto con buenos ojos por sectores de derecha. Cuando fue vetado el 2006 estaba a cargo de la investigación sobre la fortuna de Augusto Pinochet.

Como contrapartida, el ministro Pfeiffer tiene como talón de Aquiles la dura crítica de los sectores concertacionistas, por su inclinación a la tesis jurídica a favor de la Ley de Amnistía. Investigó la muerte del fundador de la UDI Jaime Guzmán y condenó a integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

El resto de la quina que evalúa el Presidente Piñera está compuesta por el juez Aranguiz, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, una de sus causas más conocidas fue el pago de coimas en la licitación de plantas de revisión técnica, que afectó a parlamentarios de la Concertación.

Por su parte, el ministro Muñoz fue parte de la sentencia que ordenó la reintegración de un grupo de alumnos del liceo Miguel Luis Amunátegui, quienes habían sido expulsados por participar de las movilizaciones estudiantiles del año pasado.

El caso que hizo conocido al juez Cisternas fue el de la fuga en helicóptero de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, investigación en la que estableció el paradero de uno de los fugados en Cuba.