La senadora calificó de «inaceptable» que se produzcan apremios ilegítimos contra las alumnas que han sido detenidas por la policía uniformada. La parlamentaria recordó que en Chile, desde 1998, está vigente la «Convención de Belém do Pará», correspondiente a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: “De acuerdo a esta convención en nuestro país está prohibida toda manifestación de violencia física, síquica y sexual contra las mujeres, en espacios públicos y privados, y especialmente si es cometida por agentes del Estado”, hizo hincapié.
La senadora del PS Isabel Allende expresó su preocupación frente a las denuncias que han estado recogiendo diversas organizaciones y corporaciones a raíz de las detenciones de estudiantes mujeres en las recientes movilizaciones.
“Me he informado a través de la Corporación Humanas de los casos de una joven universitaria de la USACh y de una estudiante del Liceo Darío Salas, que se han visto afectadas. Es preocupante que personal de una institución como Carabineros de Chile esté incurriendo en prácticas vejatorias contra las estudiantes”, declaró la parlamentaria.
En ese sentido, recordó que en Chile, desde 1998, está vigente la «Convención de Belém do Pará», correspondiente a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: “De acuerdo a esta convención en nuestro país está prohibida toda manifestación de violencia física, síquica y sexual contra las mujeres, en espacios públicos y privados, y especialmente si es cometida por agentes del Estado”, sostuvo Allende.
La legisladora finalizó diciendo que espero que este tipo de denuncias no se constituyan en un patrón de conducta de Carabineros para con las estudiantes mujeres.
“Sería inaceptable tener que continuar viendo actitudes vejatorias y discriminatorias por género entre Carabineros. Es de esperar que sus autoridades tomen las medidas correspondientes”, concluyó la senadora.
Por su parte, los estudiantes secundarios de Rancagua que acusaron a Carabineros de desnudarlos en la comisaría, tras ser detenidos de forma posterior al desalojo del liceo «María Luisa Bombal», anunciaron que presentarán acciones judiciales ante la Unicef, el Sename y el tribunal respectivo, consignó Radio Cooperativa.
El presidente del Centro de alumnos del citado liceo, Cristián Cisternas, relató los hechos: «Primero se nos traslada al Hospital Regional a constatar lesiones, en el cual no nos sacaron las esposas, y un carabinero empezó a agredir a mis compañeros empujándolos. Después se nos traslada a la Primera Comisaría de Rancagua, y ahí se nos quitan las pertenencias, después se nos llevó a un baño, en el cual Carabineros nos obligó a desvestirnos, a quedar desnudos y realizar sentadillas».
«Entre mis compañeros habían mayores de edad y menores de edad, mujeres también, el menor de 14 años se negó, y el Carabinero le gritó: O te la quitas tú, o te la quito yo», narró el dirigente.
En enero de este año la Corporación Humanas interpuso una querella contra quienes resultaran responsables de violencia física y sexual en contra de una estudiante de 14 años detenida durante una protesta en plena efervescencia del movimiento estudiantil en 2011.
La entidad, hasta la fecha, ha recibido múltiples denuncias de desnudez forzada y violencia genérica de parte de Carabineros. Las ciudadades con más denuncias son: Santiago, Antofagasta, Rancagua y Calama Incluso, una joven declaró que varios efectivos policiales le propinaron lumazos, le pegaron en su órgano sexual y se bajaron los pantalones delante de ella, frotándole sus genitales en la cara y en el cuerpo, durante su traslado a la Comisaría, lo que duró más de tres horas.
EL informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2011, editado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales determina que: «Carabineros de Chile ha introducido novedosas prácticas de control, entre las que se cuenta personal infiltrado, así como el uso injustificado de balines y violencia».
«La violencia policial se ha vuelto la moneda de cambio para el control de manifestaciones autorizadas y en el ejercicio de la facultad establecida en el Decreto Nº 1.086 para disolver las marchas no autorizadas. Tanto así que al cierre de este Informe notas de prensa informaban sobre más de 800 detenidos en el contexto de una marcha “prohibida”, con un llamado de atención de UNICEF sobre la violencia que el Estado ejerce en contra de niños, niñas y adolescentes, y con un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la ausencia de proporcionalidad en las medidas adoptadas por el Estado de Chile al prohibir marchas, al regularlas de forma inadecuada, y al reprimirlas utilizando violencia desmedida», destaca.
«La actuación de la policía uniformada en las protestas de este año motivó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a citar al ministro del Interior y al general director de Carabineros, Eduardo Gordon, para que explicasen las actuaciones policiales. Los convocados no asistieron, y el general director solo lo hizo en una ocasión muy posterior, a raíz de las detenciones de los diputados Sergio Aguiló (Ind.) y Hugo Gutiérrez (PC). La detención ilegal de diputados merece respuesta; la violencia contra ciudadanos comunes y corrientes, en cambio, silencio. A principios de agosto, el ministro Hinzpeter finalmente concurrió a la Cámara de Diputados, donde respaldó sin matices el obrar de Carabineros en el control de las manifestaciones», señala.
«A lo anterior se suma el reclamo de los manifestantes que acusaron a Carabineros de lanzar lacrimógenas desde helicópteros», agrega.
