“Hay una responsabilidad directa de los carabineros que operaron en el lugar en un procedimiento de desalojo y robo en lugar no habitado, donde se detuvo a diez personas, donde dos eran menores de edad», dijo el general Gustavo González. Lo anterior, mientras crecen las denuncias por el exceso de violencia de los uniformados e incluso por agresiones de índole sexual, que llevaron al INDH a elaborar un informe sobre violencia policial y a Codepu a denunciar “la más brutal represión ejercida por Carabineros en contra de estudiantes secundarios».
El alto mando de Carabineros informó este miércoles que fueron sancionados cuatro policías que obligaron a desnudarse a unos alumnos de secundaria tras haber sido arrestados en el marco de las protestas estudiantiles.
La información la entregó el general director de la institución, Gustavo González, quién explicó que los hechos se dieron después de la detención de diez alumnos del liceo María Luisa Bombal, de la ciudad de Rancagua, a unos 90 kilómetros al sur de Santiago.
González señaló que se realizó una investigación «y hay una responsabilidad directa de los carabineros que operaron en el lugar en un procedimiento de desalojo y robo en lugar no habitado, donde se detuvo a diez personas, donde dos eran menores de edad».
El director general de Carabineros, que deberá comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado para explicar el exceso policial, añadió que «hubo un problema con el registro y la vestimenta que no estuvo acorde al protocolo que corresponde con menores de edad».
Los alumnos afectados, siete hombres y tres mujeres, fueron detenidos el pasado 13 de agosto tras participar en una toma. Ya en el cuartel policial fueron obligados a desnudarse y pasar varias horas en el calabozo, según denunciaron los padres y apoderados de los estudiantes.
Los estudiantes piden desde mediados del año pasado por una educación pública, gratuita y administrada en el nivel básico y secundario por el Gobierno central y no por los municipios, como ocurre en la actualidad.
A nivel universitario buscan el fin del lucro existente en muchos centros privados y de los altos costes de las carreras, que deben solventar con créditos del sistema financiero.
El Gobierno ha respondido con ofertas de créditos más baratos, más becas y una reforma tributaria que se debate en el Congreso, que busca recaudar hasta 1.000 millones de dólares para la educación, pero se niega a los cambios estructurales del sistema que exigen los estudiantes.
En el marco de la movilización estudiantil, los jóvenes se han tomado varios recintos educacionales que han sido desalojados por la policía, pero horas después vueltos a ocupar por los estudiantes.
Asimismo, y con el apoyo de organizaciones sociales y el Colegio de Profesores, a partir del segundo semestre han realizado varias marchas en Santiago y otras ciudades del país.
Casos de violencia
Ha sido precisamente en el contexto del desalojo de las tomas y los procedimientos para disolver marchas que se han producido una serie de hechos de violencia que han motivado una serie de denuncias que hoy están en manos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Asimismo, a la luz de estos hechos,la Corporaciónde Promoción y Defensa de los Derechos del Puebo (Codepu) advirtió que sus observadores han sido testigos de “la más brutal represión ejercida por Carabineros en contra de estudiantes secundarios».
La entidad advirtió que los policías ya no se limitan a la disuasión de manifestaciones, sino que se han enfocado en “provocar lesiones y vejaciones».
«Hemos constatado en terreno y recibido numerosos testimonios de diversas prácticas que ya se han hecho comunes en las detenciones: tortura hacia niños y niñas, vejaciones sexuales en carros policiales y comisarías a niñas adolescentes, agresiones físicas y verbales, amenazas, disparos de lacrimógenas al cuerpo, golpes con bastones y escudos, estrangulamientos con bastones, golpes de pies y puños, cargas de caballería y perros. Además, se ha evidenciado un uso irracional de carros lanza agua y el uso indiscriminado de gases, incluso en espacios cerrados o semi cerrados», manifestó Codepu.
Asimismo, el organismo denunció que los estudiantes detenidos en manifestaciones han sido «brutalmente golpeados, retenidos durante horas en furgones policiales, amenazados de muerte por parte de oficiales, llevados esposados a centros hospitalarios y luego liberados sin pasar por las comisarías y/o juzgados de Garantía; constituyendo el hecho ilícito de secuestro o detención ilegal y arbitraria».
