«Nosotros consideramos que no ha existido ni un impasse ni un conflicto ni un incidente, solamente ha existido una divergencia de opiniones respecto a la forma de interpretar diversas normas constitucionales», dijo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien salió a dar la respuesta oficial del Ejecutivo frente al pronunciamiento del máximo tribunal que acusó a la ministra de Medio Ambiente de haber cometido una «intromisión indebida».
Luego que el pleno de la Corte Suprema expresara su malestar y considerara una «intromisión indebida» las afirmaciones de la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien puso en tela de juicio un fallo del máximo tribunal, el gobierno fijó su posición ante la controversia entre ambos poderes del Estado y -a juicio de la autoridad- no genera un «impasse».
«Nosotros consideramos que no ha existido ni un impasse ni un conflicto ni un incidente, solamente ha existido una divergencia de opiniones respecto a la forma de interpretar diversas normas constitucionales», enfatizó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera ante las consultas por el duro tenor de la declaración de la Corte Suprema.
Si bien se le insistió en que los jueces del máximo tribunal argumentaron su llamado de atención basado en el artículo 76 de la Constitución Política que precisa que «ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos», además del reclamo por la autonomía que es condición indispensable para el «mantenimiento de la estabilidad democrática y el Estado de Derecho», el ministro de Justicia reiteró que «nosotros creemos que hay una diferencia en términos interpretativos, pero que no conducen ni a un incidente ni a una situación de mayor gravedad» .
Teodoro Ribera llegó hasta La Moneda, y tras reunirse con el ministro vocero Andrés Chadwick, leyó una declaración en el patio de Los Naranjos en la que se reafirma que «el Gobierno ha tomado debido conocimiento del Acuerdo adoptado por la Excelentísima Corte Suprema».
El secretario de Estado continuó su lectura: «El gobierno, una vez más, reitera su más pleno y total compromiso y respeto por la independencia del Poder Judicial como fundamento del sistema democrático de derecho, tal como ha sido su conducta inalterada durante el ejercicio del actual mandato presidencial».
«De igual forma manifiesta su convicción de que todo ciudadano o autoridad pública tiene el legítimo derecho de emitir su opinión con respecto a las actuaciones de cualquier poder del Estado, para contribuir con ella a la generación de una opinión pública informada, siempre y cuando lo haga con el debido respeto y sin afectar sus atribuciones o competencias constitucionales», acotó.
El párrafo final de la declaración del Gobierno, suscrita por el ministro Ribera, plantea: «En el caso referido por el Acuerdo, tratándose además de un fallo completamente firme y ejecutoriado, y habiendo transcurrido un tiempo prudente de su dictación, el gobierno entiende que las opiniones emitidas por la ministra encargada de velar por el correcto funcionamiento del sistema institucional medioambiental, han sido expresadas en su calidad técnica y como responsable del área en cuestión, con total respeto hacia la Corte Suprema y no han tenido ninguna intención de afectar la independencia del Poder Judicial».
