«Hemos visto como ciertos proyectos se han resuelto por elección presidencial, otros por la Corte Suprema y hay que preguntarse por qué se llegó a estas instancias y por qué la institucionalidad no resolvió el problema antes», acotó Bernardo Larraín Matte.
El presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, manifestó su preocupación ante las últimas resoluciones judiciales que han afectado a las inversiones en materia energética.
En el marco del seminario “Desarrollo Eléctrico: ¿Dónde está el corto circuito?”, organizado por Aipef Chile y Sofofa, el empresario dijo que «la institucionalidad se ha visto superada».
«Hemos visto como ciertos proyectos se han resuelto por elección presidencial, otros por la Corte Suprema y hay que preguntarse por qué se llegó a estas instancias y por qué la institucionalidad no resolvió el problema antes», acotó Larraín Matte.
«Para que el resultado sea el legítimo, es necesario que la institucionalidad tenga legitimidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo. No se están dando equilibrios entre las empresas y la ciudadanía», agregó.
Por su parte, el gerente general de Endesa Chile, Joaquín Galindo, señaló que «hay barreras importantes para llevar a cabo nuestros proyectos».
«Entre los que se encuentran la fragilidad del sistema de transmisión, demora importante en la obtención de permisos ambientales, la judicialización de los procesos y una oposición importante a los mismos», indicó haciendo alusión al clima social y político como causas que están provocando la oposición de las comunidades.
En tanto, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, reparó en que «los permisos medioambientales están siendo impugnados y llevados a tribunales y los proyectos se están cayendo. Estamos ante una situación compleja y difícil».
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Lorenzo Constans, declaró que el fallo de la Corte Suprema contra Castilla es «negativo para el país», debido a que un proyecto eléctrico puede llegar a demorar hasta 10 años para que llegue a producir.
