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Ante la decisión de dos juezas de dejar en libertad a autor de crimen de barrista

Fiscalía Metropolitana Oriente: "Liberar a un homicida va contra el sentido común"

por 3 octubre, 2012

Fiscalía Metropolitana Oriente:
"Tenemos no sólo la confesión de este señor, sino que otros antecedentes probatorios que demuestran su participación, como por ejemplo las filmaciones, la patente, la declaración de su conviviente, que también fue advertida de su derecho de no incriminarlo. En consecuencia, como dijo el subsecretario de Prevención de Delito, Cristóbal Lira, aquí hay un problema de sentido común, ni siquiera de norma jurídica", sostuvo el representante del Ministerio Público, Alberto Ayala.
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El fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Alberto Ayala, realizó una dura crítica al actuar de las juezas Natacha Ruz y Valeria Vega, quienes el lunes y martes, respectivamente, optaron por dejar en libertad y sólo con medidas cautelares (firma quincenal y arraigo nacional) a Pablo Ávila Méndez, quien confesó haber asesinado a balazos al barrista de Colo Colo, Claudio Lincaqueo.

En entrevista en Radio Cooperativa, el representante del Ministerio Público aseguró que "los antecedentes que nos entregó a nosotros la PDI –y no tenemos por qué dudar de ellos- demuestran para la Fiscalía, y así lo hicimos presente al tribunal, que el procedimiento se encuentra ajustado a derecho. Si vamos a poner permanente en duda si las actas de incautación corresponden a la realidad, si la lectura de derechos corresponde a la realidad, si fue o no voluntariamente una persona a prestar declaración, evidentemente el sistema colapsa".

En esa línea, dijo que el fiscal que investiga el caso, Felipe Sepúlveda, "se apersonó al cuartel policial luego de haber concurrido voluntariamente el imputado, y le expresó categóricamente que tenía derecho a guardar silencio, y él manifestó claramente su intención de declarar, no obstante el fiscal le señaló que todo lo que dijera podía ser usado en su contra".

Agregando que "tenemos no sólo la confesión de este señor, sino que otros antecedentes probatorios que demuestran su participación, como por ejemplo las filmaciones, la patente, la declaración de su conviviente, que también fue advertida de su derecho de no incriminarlo".

"En consecuencia, como dijo el subsecretario de Prevención de Delito, Cristóbal Lira, aquí hay un problema de sentido común, ni siquiera de norma jurídica", reparó Ayala.

"El día anterior (lunes), cuando se le solicitó a la otra magistrado (Natacha Ruz) la privación de libertad, porque no se encontraba privado de ésta, la juez no dio lugar a esa detención basada precisamente en que la declaración había sido voluntaria y, según ella, permitía señalar que se iba a presentar a la audiencia. Al otro día, otra magistrada (Valeria Vega), dice que esa declaración no tiene validez; de qué estamos hablando", concluyó.

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