«Esta norma vulnera principios del debido proceso. Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables», sostuvo la entidad a través de un comunicado.
El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió al atentado incendiario que destruyó la casa patronal en el fundo Palihue, comuna de Vilcún, que causó el fallecimiento del empresario agrícola Werner Luchsinger Lemp y su señora, Vivianne Mackay.
«Repudiamos y deploramos los hechos que han provocado la muerte del matrimonio Luchsinger en Vilcún, Región de La Araucanía. Solidarizamos con sus familiares y amigos/as y reiteramos nuestra condena a la violencia, sea cual sea su origen, como forma de solución a los problemas de la zona», sostuvo el organismo a través de un comunicado de prensa.
En esa línea, la entidad llamó a los tribunales de justicia y a los organismos policiales a actuar con la mayor eficacia para identificar a los efectivos responsables de estos hechos, juzgarlos de acuerdo a las normas aplicables y sancionarlos como en derecho corresponda. «El deber del Estado de garantizar los derechos humanos exige no dejar estos hechos en la impunidad», resaltó.
De igual modo, reiteró que «la Ley Antiterrorista, tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos humanos, vulnera principios del debido proceso. Nuestra legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y sancionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables».
«Finalmente, insistimos en que la situación del pueblo mapuche debe ser abordada integralmente y generando las condiciones necesarias para un diálogo fecundo y un trabajo persistente entre todos/as los/as involucrados/as, sin exclusiones y con el ánimo de buscar soluciones efectivas a un problema que se ha mantenido por demasiado tiempo. Sólo un esfuerzo decidido en esa dirección podrá poner término a la violencia y acercarnos a una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos de todos y todas», concluyó el Instituto Nacional de DD.HH».
