La Moneda optó por congelar el tema y buscar un nombre de consenso en marzo
El fracaso de la nominación fue inmediatamente posterior a la salida del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien fue uno de los que gestionó el acuerdo entre el gobierno y la DC. El tema se transformó en el primer traspié de su sucesora, Patricia Pérez, recién asumida.
No es un tema fácil para nadie. Hay molestia en el gobierno, en la Corte Suprema y en la oposición y mientras tanto, sigue sin ser resuelta la segunda vacante que hay en el máximo tribunal, con la jubilación —en junio del año pasado— de la ministra Sonia Araneda. Con dos intentos de votación fracasados en el Senado a principios de enero, porque no lograron amarrar los dos tercios de los votos en la Cámara Alta para aprobar la nominación presidencial del juez Juan Muñoz Pardo, no hay dos voces en el oficialismo para reconocer que se optó por congelar el caso y retomar en marzo las negociaciones en busca de un nombre de consenso.
A pesar del sabido rechazo al juez, La Moneda decidió no retirar aún del Senado la propuesta con el nombre de Muñoz Pardo. “Formalmente sigue siendo el candidato del gobierno”, explicaron en La Moneda, pero acto seguido reconocen que no han seguido las gestiones para revertir el rechazo en la sala.
Es más, explican que la idea de no retirarlo aún pasa por querer darle una suerte de “salida digna” al magistrado, “defender la propuesta formalmente por un tiempo”. Una suerte de desagravio considerando que en diciembre estaba todo listo y los votos amarrados, gracias al acuerdo suscrito entre el gobierno y la DC para llenar los cupos de la Corte Suprema. Dicho pacto implicaba que en el primer cupo se aprobaría la nominación del juez Lamberto Cisternas —supuestamente más cercano a la Concertación— con el compromiso que la segunda vacante fuera precisamente para el ministro de la Corte de Apelaciones.
Pero la trayectoria de Muñoz Pardo, que en el pasado se inclinó por fallos favorables a la prescripción y la amnistía en materia de crímenes contra los derechos humanos, a último minuto jugó en contra. El ex Presidente Eduardo Frei emplazó en privado y en público a su partido y al resto de la oposición a no aprobar el nombre del juez, argumentando que “había denegado justicia” en la investigación por la muerte de su padre, el también ex mandatario Eduardo Frei Montalva, en plena dictadura.
La opinión del senador DC fue el factor que inclinó la balanza y permitió llevar a buen puerto el lobby que en semanas previas hicieron sectores del PS para rechazar el nombre del juez.
Considerando que esta semana comienza el receso legislativo del Congreso, en La Moneda reconocen que prefirieron esperar y que en marzo comience a destrabarse el tema, lo que exige que la Corte Suprema elabore una nueva quina de candidatos, de la cual el Presidente Sebastián Piñera elijará un nuevo nombre que proponer para el máximo tribunal del país.
Uno que sea de consenso, que no genere los anticuerpos de Muñoz Pardo y que, de paso, su votación permita restablecer las confianzas rotas entre el oficialismo con sectores de la oposición.
En el palacio de tribunales comentan que entre los jueces hay más de uno molesto por lo que consideran “mal trato” y poco respeto a uno de sus pares, considerando además que en diciembre Muñoz Pardo cumplió con el requisito de asistir a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, respondió todas las preguntas de los parlamentarios, incluso aquellas sobre las críticas a sus fallos en materia de DD.HH, ítem en que el juez aseguró haber cambiado de opinión y dicha comisión aprobó su nominación en forma unánime y alabando —consta en las actas— su trayectoria.
[cita]En el oficialismo aseguran que la oposición repuso la idea original de instalar en la Corte Suprema al juez Alfredo Pfeiffer —quien integra todas las quinas por derecho propio— a cambio de elegir para la otra vacante al ministro Carlos Cerda, sobre quien recae un “veto” desde la derecha por su trayectoria en causas de derechos humanos desde la dictadura, razón por la que su nombre ya fue rechazado por el Senado una vez.[/cita]
Sin embargo, también hay molestia en La Moneda. Es cierto que el fracaso de la nominación fue inmediatamente posterior a la salida del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien fue uno de los que gestionó el acuerdo entre el gobierno y la DC. El tema se transformó en el primer traspié de su sucesora, Patricia Pérez, recién asumida.
En todo caso, en el gobierno responsabilizan directa y exclusivamente a la DC por no respetar la palabra empeñada. “Se comprometieron, no cumplieron”, agregan en La Moneda, asegurando que con ello se ha puesto en jaque la validez de las negociaciones.
En ese sentido, en el gobierno reconocen que las relaciones quedaron deterioradas y que el escenario no es fácil, precisamente porque consideran que se ha instalado una “falta de confianza” para dialogar. Ello, agregan, complica las negociaciones futuras, porque no ven por ahora garantías para fijar un nuevo acuerdo que permita solucionar los cupos pendientes de la Corte Suprema.
En el oficialismo el clima no es mejor y también fustigan con dureza a la DC. “Nosotros cumplimos, aprobamos el nombre del juez Cisternas, que no era de todo nuestro agrado y luego, no dan los votos para Muñoz Pardo”, cuestionan desde la UDI.
Por lo mismo, en la Alianza no se atreven a asegurar que en marzo el escenario esté lo suficientemente tranquilo como para dar por superado totalmente el episodio y negociar nuevamente.
De manera informal y casi como un sondeo del ambiente, han salido al ruedo algunas alternativas para zanjar el cupo pendiente en la Corte Suprema. No hay plazos que apremien efectivamente a tener solucionado este nombramiento, pero las vacantes se están acumulando, ya que además está sin resolver el cupo que dejó el ministro Adalís Oyarzún, quien también jubiló en junio y la que dejó la magistrada Gabriela Pérez, que jubiló la primera quincena de enero.
En el oficialismo aseguran que la oposición repuso la idea original de instalar en la Corte Suprema al juez Alfredo Pfeiffer —quien integra todas las quinas por derecho propio— a cambio de elegir para la otra vacante al ministro Carlos Cerda, sobre quien recae un “veto” desde la derecha por su trayectoria en causas de derechos humanos desde la dictadura, razón por la que su nombre ya fue rechazado por el Senado una vez.
“Uno por otro” es la lógica de esta tesis, afirman en RN, sabiendo que el nombre de Pfeiffer es altamente resistido en la oposición, entre varias razones por algunas declaraciones antisemitas que ha vertido el juez en el pasado y que el 2008 llevó a que su nombre también fuera rechazado por la sala del Senado cuando lo propuso Michelle Bachelet.
En la Alianza reconocen que es una fórmula que ha existido, que cada cierto tiempo se vuelve a barajar y que en el marco del rechazo al juez Muñoz Pardo, volvió a adquirir alguna fuerza, ya que —aseguran— desde la oposición les reconocieron que preferían votar por Pfeiffer que por el actual candidato de La Moneda.
En este escenario, también ha rondado el nombre del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Ricardo Blanco, a quien en el último tiempo le correspondió revisar, como integrante de una de las salas, la prisión preventiva en el “caso Bombas”, resolviendo mantener el encarcelamiento de los imputados.
