Más de 314 mil millones de pesos en diez años
Las utilidades acumuladas en los últimos tres años por Aguas Andinas son equivalentes a los subsidios directos que el Fisco ha entregado desde 2002 a familias de escasos recursos para pagar sus cuentas del agua. En opinión de expertos, estas ayudas son una buena herramienta y están bien focalizadas, pero al mismo tiempo son una regalía para las compañías, que se aseguran el cobro entre sus clientes más difíciles amparándose en el Estado.
Entre 2010 y septiembre de 2012 Aguas Andinas acumuló utilidades por $ 642 millones de dólares: ganancias equivalentes al total de subsidios al consumo de agua potable y alcantarillado pagados por el Estado en los últimos 10 años.
Para ser exactos, los montos entregados por el Fisco entre 2002 y 2011 a familias de escasos recursos para pagar sus cuentas de agua a nivel nacional sobrepasan los 664 millones de dólares, lo que traducido en pesos alcanza los M$ 314.488.752. Eso sin tomar en cuenta el año 2008, ya que los montos entregados ese año no están publicados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), por lo que la cifra sería mayor.
Para graficarlo, este monto equivale a todo lo que se gasta en el Crédito con Aval del Estado (CAE) en un año.
También puede dimensionarse con el hecho de que hoy se podría pagar el aporte fiscal directo (AFD) de todas las universidades, todos los fondos de investigación concursables de Chile, construir dos hospitales biprovinciales, pagar todo el plan de vacunación regular del país, más el plan de emergencia de vacunación contra la meningitis, los 30 millones de dólares del juicio de La Haya. Y aún sobraría dinero.
En 2011 el sector sanitario en su conjunto recaudó $ 225.967 millones.
Ese mismo año el monto total pagado por el Estado por concepto de subsidios representó un 6 % de los ingresos por venta del sector. Porcentaje que ha sufrido leves fluctuaciones en los últimos años. Las regiones donde se benefició a una mayor proporción de familias fueron Aysén y Atacama, representando el 12,9 % y el 15,2 % respectivamente del porcentaje del total de ventas de la región.
Los recursos totales a nivel nacional entregados ese año ascendieron a $ 48.319.544.
La región donde se distribuyó mayor cantidad de dinero fue el Bío Bío ($ 6.815.354), cuyos servicios son prestados mayoritariamente por Essbio, propiedad del fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario (OTPPB); seguida por Valparaíso ($ 6.709.883), donde Esval atiende a más de 500 mil clientes, también de OTPPB; la Región Metropolitana ($ 6.639.857), cuyo abastecedor mayoritario es Aguas Andinas, del grupo Aqbar Suez y Antofagasta ($ 4.542.923). Esta última proveída por Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic.
También en 2011 el Gobierno de Sebastián Piñera se deshizo de la mayor parte de lo que aún mantenía el Estado del control de las sanitarias, rematándose 24,43 % de las acciones de Esval, 38,44 % de las acciones de Essbio y 30 % de las acciones que el fisco aún poseía en Aguas Andinas, manteniendo un porcentaje mínimo de 5 % y recaudándose US$ 1548 millones.
Tal como publicó este medio, cuatro meses después de la venta de las acciones de Aguas Andinas el Fisco había dejado de ganar 153 millones de dólares por las fluctuaciones de la bolsa que favorecieron a los inversionistas, entre los que se cuentan las AFP, el Grupo Luksic y el Grupo Bethia.
Hasta 1998 de las 19 empresas sanitarias que operaban, 13 eran estatales, situación que cambió tras la aprobación de la ley que terminó de abrir la puerta a la privatización del sector, impulsada por el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El motivo principal que se argumentó fue la urgente necesidad de aumentar la cobertura del tratamiento de aguas servidas que llegaba apenas a 18 %, y que requería fuertes inversiones. Según los cálculos, estas inversiones serían del orden de unos US$ 850 millones de la época para alcanzar el 100 % de tratamiento de aguas servidas.
A partir de ese momento se inició el proceso que terminó con que actualmente más del 95 % de los clientes de los servicios de agua potable y alcantarillado sean atendidos por empresas privadas versus al 0,1 % estatal.
Si bien originalmente se optó por la venta de las sanitarias, en el gobierno de Lagos se cambió la fórmula apostando por entregar concesiones de largo plazo. En el mismo período se suprimió la exigencia de la ley impulsada por Frei de conservar un porcentaje mínimo de 35 % de las sanitarias, lo que permitió que hace dos años el Estado, a través de Corfo, terminara manteniendo apenas 15,4 % de la propiedad del sector.
A fines de la dictadura, en febrero de 1989, se estableció un subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas que complementaba la ley de tarifas de dichos servicios que empezaría a ser aplicada en 1990 y que implementó un régimen tarifario de autofinanciamiento, que busca reflejar en las tarifas los costos de operación, mantenimiento e inversión en que incurren los prestadores del servicio sanitario.
[cita]Para el ex diputado Aldo Cornejo, el único que votó en contra de la ley que trasladó de las manos estatales a privadas el sector sanitario a mediados de los ‘90, “el gobierno destina recursos enormes para subsidios del agua, dándole plata a los más pobres para pagar al sector privado. O sea todos terminamos subsidiando a estas empresas”. [/cita]
El objetivo de la ley de subsidio fue apoyar a las familias de menores ingresos, ya que los precios podían ser elevados, especialmente tras los costos de incorporación del servicio de tratamiento de aguas servidas. De esta forma se eligió un subsidio directo, que ha ido evolucionando desde una baja utilización inicial hacia los altos niveles actuales. En 2011 más de 705 mil familias accedieron al beneficio.
Originalmente el subsidio apuntaba a ayudar al 20 % de las familias más pobres de cada región para que no pagasen por sus consumos de agua potable y alcantarillado más del 5 % de su ingreso promedio mensual.
A partir de 2002 los cupos y montos destinados al subsidio tuvieron un incremento cuando Mideplan realizó una diferenciación en el beneficio, considerando los ingresos de los hogares según deciles de ingreso autónomo y un límite máximo a subsidiar de 15 m3 para todo el país. Ello se aplicó a la totalidad de las regiones, con excepción de la RM.
En 2004 se estableció el programa Chile Solidario, que permitió una cantidad adicional de subsidios al agua potable y alcantarillado, que cubren el 100 % de los primeros 15 metros cúbicos de consumo. De esta forma el 2011 el total de beneficiados en el país ascendió a 15,4 % de los clientes urbanos.
Para el ex diputado Aldo Cornejo, el único que votó en contra de la ley que trasladó de las manos estatales a privadas el sector sanitario a mediados de los ‘90, “el gobierno destina recursos enormes para subsidios del agua, dándole plata a los más pobres para pagarle al sector privado. O sea todos terminamos subsidiando a estas empresas”.
Por otro lado, en opinión de un experto vinculado al sector, “los subsidios son una buena herramienta, porque son subsidios muy focalizados. Pero al mismo tiempo le facilita la labor a las sanitarias, porque le ahorra cobrarle a la gente más difícil: los más pobres”. De esta forma, explica, “se ahorran tener oficinas, cobranzas, ni nada. Lo que no es menor, ya que para una empresa masiva administrativamente cobrar es caro”.
Además de este beneficio, las compañías que operan las sanitarias cuentan con la garantía estatal de una rentabilidad del 9 %. Y si bien las inversiones han sido millonarias, por ejemplo Aguas Andinas ha invertido más de US$ 2.200 millones en los últimos diez años, en la práctica son los usuarios los que, a través de las tarifas, financian las inversiones y reposiciones del sector.
