Inexplicado vínculo del director del Servicio de Impuestos Internos
Un documento del SII indica que, luego de asumir en la entidad fiscalizadora en 2010, Julio Pereira permaneció como representante legal de Price Waterhouse hasta 2012, lo que sería irregular. Esto, pese a que sí dejó de ser socio de la firma para asumir como director del ente recaudador.
Según un documento del Servicio de Impuestos Internos (SII) (ver imagen), al que accedió El Mostrador, el director de la entidad fiscalizadora, Julio Pereira Gandarillas, figuraba como representante legal de Price Waterhouse Coopers Consultores y Auditores y Compañía Limitada (RUT: 81.513.400-1) hasta fines de 2012.
Pereira asumió como director del SII el 11 de marzo de 2010. Esto significa que por lo menos desde esa fecha hasta 2012 —como lo señala el documento del SII— cumplió dos cargos, uno como director del servicio, y otro como representante legal de Price Waterhouse, lo cual sería ilegal.
Según el artículo 68, inciso final del Código Tributario se dispone que “los contribuyentes deberán poner en conocimiento de la Oficina del Servicio que corresponda las modificaciones importantes de los datos (…).”
Para clarificar qué modificaciones son importantes y deben ser comunicadas obligatoriamente, se emitió la Declaración Exenta SII Número 55 del 30 de septiembre de 2003, actualmente vigente. Ella señala en su letra H que se debe informar el “cambio de sus representantes y sus domicilios”.
Por ende, si Pereira hubiera dejado su cargo de representante legal, Price Waterhouse debería haber dado cuenta de la salida al SII, lo que, por lo menos, hasta fines de 2012, no sucedió.
“Está claro que luego de asumir como director del servicio, Pereira siguió como representante legal de Price por lo menos hasta fines de 2012. Pero es probable que siga con doble militancia hasta hoy, ya que si la Price hubiera hecho el cambio, el SII le habría cursado una multa, la cual no existe dentro del sistema”, señala una alta fuente del Servicio.
Price Waterhouse, envió a El Mostrador la documentación referente a la salida de Julio Pereira (ver imagen de Formulario 3239). Sin embargo, el formulario fechado el 29 de abril de 2010 deja en evidencia que el actual director del SII sólo se retiró de Price en su calidad de socio y no como representante legal. Ante este punto, no hubo respuesta.
Contactado por El Mostrador, el SII tampoco respondió las preguntas.
Como representante legal, el director del SII tuvo, por lo menos hasta fines de 2012, facultades amplias respecto de los negocios de Price Waterhouse, sus obligaciones, administrar sus bienes y disponer de ellos, estipulados legalmente.
[cita]Como representante legal, el director del SII tuvo, por lo menos hasta fines de 2012, facultades amplias respecto de los negocios de Price Waterhouse, sus obligaciones, administrar sus bienes y disponer de ellos, estipulados legalmente.[/cita]
La Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, cuyo texto fue fijado a través del Decreto con Fuerza de Ley número 7 del 30 de septiembre de 1980, es clara. En relación a las prohibiciones e inhabilidades de los funcionarios del servicio, el artículo 40, letra D señala: “Ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos en entidades que persigan fines de lucro”.
En junio de 2012 comenzó el cuestionamiento al director del SII, luego de conocerse que en octubre de 2011 condonó a la multitienda Johnson’s una deuda por multas e intereses de impuestos al SII correspondientes a cerca de 59 mil millones de pesos. Y fue Price Waterhouse, que entonces tenía entre sus socios a Julio Pereira, quien asesoró a Johnson’s en su estrategia de no pago de tributos.
El saneamiento sirvió a Johnson’s, pero también a Horst Paulmann, dueño del holding Cencosud, ya que poco después compró el 85 % de la tienda de ropa en cerca de 32 mil millones de pesos, es decir, sin deuda. A esto se suma que Pereira mantiene relaciones comerciales con Cencosud, ya que en su calidad de dueño del terreno donde funciona el mall Portal La Reina, le cobra un arriendo de 22 millones de pesos mensuales.
En marzo de 2012, cuando la SVS sancionó al ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde y a varios ejecutivos por la repactación unilateral de las deudas de sus clientes morosos, también multó a Price Waterhouse por cerca de 179 millones de pesos. La sanción se debió a la “Infracción a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs), en relación a la Ley de Mercado de Valores. Lo anterior, vinculado a la infracción a los deberes de cuidado y obligaciones a que se ven afectadas las empresas de auditoría externa y a la falta de diligencia en la realización de los diversos procesos y pruebas de auditoría”.
También sancionó a uno de los socios de Price Waterhouse, Luis Joignant, por un monto de casi 135 millones. En su caso, la multa se debió a la “infracción a lo dispuesto en las NAGAs en relación a la Ley de Mercado de Valores. Lo anterior, vinculado a la infracción a los deberes de cuidado y obligaciones a que se ven afectados los socios de las empresas de auditoría externa en la realización de los diversos procesos y pruebas de auditoría bajo su responsabilidad”.
Actualmente, la auditora enfrenta una demanda indemnizatoria de la cuestionada empresa.
Hasta fines de 2012 Pereira figuraba junto a Joignant como representante legal de Price Waterhouse. También 21 ejecutivos más, todos ellos, además socios de alguna de las razones sociales que tiene en Chile la compañía extranjera. Ellos son Renzo Corona Spedaliere, Enrique Olguín Pisani, Eduardo Vergara Davis, Javier Gatica Menke, Roberto Villanueva Bernasconi, Pedro Pelen de Gregorio, Juan Roncanglolio Grunert, Francisco Selame Marchant, Leslie Hemery James, Germán Campos Kennett, Guido Licci Pino, Ricardo Arrano Toledo, Gonzalo Mercado Trujeda, Claudio Pérez Serey, Jonathan Yeomans Gibbons, Colin Steve Becker, Juan Carlos Pitta De Clemente, Rafael Ruano Diez, Sergio Gabriel Tubio, Luis Orihuela Bertín y Luis Álamos Olivos.
Este último, además de ser el socio principal de Price Waterhouse en Chile, es también socio y propietario de Inversiones e Inmobiliaria El Rosario Limitada, “empresa relacionada” con Price Waterhouse y cuya declaración de impuestos anual se encuentra objetada por el SII. El motivo es que en los últimos años Price ha retirado utilidades millonarias para reinvertirlas en El Rosario, posiblemente para rebajar y eludir impuestos a través de una operación muy similar a la realizada por Johnson’s.
