La Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Piñera
Para el director de América Solidaria, los $205.000 brutos que propuso el gobierno como salario base no alcanza ni para el pan, ni para el alza de la bencina, ni para los aumentos sostenidos que ha enfrentado el transporte público. Según el experto, La Moneda está confiada en que «el mercado lo resuelve todo».
Benito Baranda es tajante. Para él, el salario mínimo chileno debería partir en $250.000 líquidos -alrededor de $300.000 brutos-, bajo la premisa de que en promedio, menos de una persona trabaja por hogar en situación de pobreza y éstos están integrados por cuatro personas o más, según las cifras que maneja el director de América Solidaria. “El salario mínimo debería ser siempre aquel que permita a las familias superar la pobreza”, afirma.
En esta misma línea, la propuesta del gobierno de fijar el monto en $205.000 brutos, con un reajuste del 6,2%, es insuficiente para el experto. «No hace ninguna diferencia. (El aumento) se lo come el transporte público en este caso. Suelen usar el IPC para el cálculo de ese porcentaje pero se debería usar el IPC de los pobres para eso, en base a lo que ellos consumen, no lo que consumimos todos», afirma.
El ex director del Hogar de Cristo es crítico con cómo el gobierno de Piñera ha manejado el tema. «Cuando te comprometes en tu programa de gobierno a conformar una comisión que estudie a largo plazo y tú no lo haces, y en un día pretendes analizar la situación, es irresponsable del punto de vista intelectual. Habla del poco peso que tiene», afirma, apuntando que esta última instancia no fue más que una señal política y un guiño hacia el sector empresarial. «Ellos quieren hacer ver que al final han manejado responsable la economía», explica Baranda.
Aunque la crítica es aún más transversal: «A los economistas de gobiernos anteriores y de este gobierno no les interesa mucho el salario mínimo, no les angustia ni duele, creen más en el mercado y poco en lo que debe haber el Estado en este ámbito”, concluye.
“Menos caridad desde el Estado y más justicia” es lo que Benito Baranda cree que le hace falta a la estrategia del gobierno para combatir la pobreza en Chile, refiriéndose a prácticas como la creación del “bono marzo” que fue anunciado hace dos semanas por Piñera y tildado por varios como un “ofertón electoral”. “¡En los últimos cuatro años se han gastado más de US$ 1.000 millones sólo en bonos! Si estos recursos se hubiesen usado para mejorar salarios y para un macizo plan de capacitación y empleo juvenil, la situación sería muy diferente hoy para los 600.000 jóvenes que no trabajan ni estudian en Chile”, asegura el experto.
La polémica que generó el “bono marzo” así como la idea del gobierno de legislar antes el proyecto del salario mínimo ha desatado una discusión sobre cuáles son las estrategias más idóneas para combatir los índices de pobreza. En este sentido, el oficialismo se ha empeñado en subrayar la creación de más de 817.000 puestos de trabajo en tres años. “No basta con crear numerosos empleos, hay que procurar que éstos sean de calidad y permitan a las personas reconocer su propia dignidad”, explica, añadiendo que “un porcentaje no menor de los creados en este tiempo son informales, a tiempo parcial, precarios y con bajos salarios. Puede ser pan para hoy y hambre para mañana”.
Para Baranda, combatir la pobreza tiene que ver con otros factores, entre éstos, un sueldo mínimo apropiado, la educación y capacitación de los jóvenes y el diseño de políticas de vivienda que sean inclusivas, es decir que no terminen marginando aún más a las familias con menos recursos.
