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Por qué más del 70% de los deudores de crédito Corfo no serán beneficiados con la rebaja impulsada por el Gobierno 74 mil personas continuarán enfrentando escandalosos intereses

Por qué más del 70% de los deudores de crédito Corfo no serán beneficiados con la rebaja impulsada por el Gobierno

Si bien desde el Ejecutivo señalan que 90 mil de los 106 mil endeudados con este crédito universitario cumplían los requisitos para acceder a la rebaja de las altísimas tasas de interés que pagan a la banca, y que promedia casi 9 %, apenas 31 mil postularon al beneficio. Los motivos, según la Agrupación Estafados Corfo son diversos, como, por ejemplo, que para acceder es necesario no estar moroso y tener un ingreso per cápita menor a 560 mil pesos.


Hace unas semanas venció el plazo para que los 106 mil deudores del Crédito Corfo completaran un formulario de antecedentes que les permitiría postular a los diversos beneficios anunciados por el gobierno con el fin de aliviar la desproporcionada deuda que arrastran miles de familias que obtuvieron esta vía para financiar los estudios universitarios de sus hijos.

Desde la institución liderada por el ministro de Economía, Pablo Longueira, aseguran que unos 90 mil deudores “eran elegibles para la rebaja” que permitiría reducir la tasa de interés anual de 8,7 %, en promedio, a 2 %. Pese a ello y según cifras entregadas por Corfo, solo 31.696 personas finalizaron el proceso de postulación, por lo que los restantes 74 mil 404 quedaron fuera de la posibilidad de rebajar las millonarias deudas que mantienen con la banca. O sea más del 70 % no contará con esta solución.

El bajo rating de la iniciativa impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera no es casual. Al menos así lo asegura el vocero de la Agrupación Estafados Corfo, Cristián Villagrán, quien asegura que hay diversos motivos que provocaron que en la práctica los deudores no tuvieran chance de mejorar su situación, por lo que “esa cifra de 90 mil personas que cumplirían con los requisitos necesarios no es real”.

[cita]A las 75 familias que presentaron inicialmente esta acción se sumarán unas 200 personas más. El objetivo: la nulidad de todos los contratos “por tratarse de una deuda de recursos fiscales que fueron a parar a los bancos. Y denunciamos que hubo autoridades que impulsaron este mecanismo que luego terminaron trabajando en la banca. Por ejemplo el ministro de Educación de Eduardo Frei, Sergio Molina, ideólogo de los créditos Corfo, llega al directorio del Banco del Desarrollo, que fue el que tuvo más beneficio con estos créditos”. También se menciona una larga lista de ministros, tanto de Educación como de Economía de la época hasta la actualidad “por falta de fiscalización. Lo mismo que le están cobrando a Beyer”.[/cita]

Por otra parte, aunque consideran la iniciativa como un avance, señalan que es insuficiente y que adolece de una serie de desventajas en comparación a la solución ofrecida a los deudores con Crédito con Aval del Estado (CAE). Ello porque, si bien en ese caso también se exige que no estén morosos, la rebaja es retroactiva desde el principio y el pago no puede exceder el 10% de los ingresos de la persona, lo que no aplica en el caso de los endeudados Corfo.

El veto a la clase media

Entre las razones que la agrupación enumera como un impedimento para ser “elegible” para los beneficios, se cuenta el requisito de no estar moroso, lo que para los más de 3 mil deudores en esta situación —según cifras de Corfo y 4.800 según la agrupación— implica quedar fuera inmediatamente. Conforme explica Villagrán “muchos están con amenaza de embargo o de remate. Cuántos exactamente no lo manejo, pero tenemos más de 500 casos de gente que nos ha pedido ayuda por este tema”.

Entre ellos Cristóbal Ramírez (31), quien en 2003 solicitó a través de su madre un crédito Corfo para costearse una parte de los años que dura la carrera de Arquitectura, pero en medio de una serie de problemas su familia no pudo seguir pagando. Hoy debe más de 6 millones de pesos y aún no está al día, aunque sigue abonando a su deuda. Cristóbal relata que en medio de las repactaciones con el banco “me transformaron el crédito Corfo en un crédito común y corriente, de consumo: en Dicom aparece así. Entonces no pudimos seguir pagando hasta como el 2010”. En vista de ello, asegura, “es imposible que los que estamos con deudas gigantes podamos ponernos al día para que nos rebajen los porcentajes de los intereses. Es muy complejo”.

No es el único en esta situación. El padre de Gisela Rojas (25), Jorge Rojas, adeuda más de 12 millones de pesos asociados al crédito Corfo al que optó para poder pagarle a su hija la carrera de Terapia Ocupacional. En su caso, según explica Gisela, el banco optó por unificar esta deuda con otra que tenía por un colectivo que adquirió hace unos años, sumando un total de 22 millones de pesos. Nadie les consultó.

Los problemas para pagar ambos créditos, que fueron tomados por separado, se iniciaron hace unos cuatro años, y se les fue complicando la pista cada vez más por los altos intereses. “Hace como un año llegó una orden de embargo, tras lo cual empezamos a pagar cuotas mensuales al banco que eran firmadas por el juzgado. Ya he pagado 2 millones de pesos. Pero hace dos semanas nos dijeron que esos dos millones eran de puros intereses, que no se restaban de los 22 millones y la solución que nos dieron fue pagar en 7 años cuotas de 400 mil pesos. No podemos hacerlo y no sabemos qué hacer”.

A los morosos se les suma otra complicación, ya que cuando se atrasan en los copagos, los bancos pueden cobrar la tasa máxima convencional, ya que los créditos operan con cláusulas de aceleración, lo que implica que la deuda universitaria, que desde un comienzo se ve multiplicada varias veces, aumente nuevamente. Un círculo del que para muchos es imposible salir.

Por otra parte y tal como en los casos de Cristóbal y Gisela, muchos de los deudores Corfo accedieron al crédito indirectamente a través de un pariente. Entre los requisitos que se exigen, se incluye que estos deben ser cumplidos por quien accedió al crédito, no por el estudiante, “que en muchos casos es el que actualmente paga”. Esto, según Villagrán, es relevante, ya que hace que la postulación a la rebaja sea “extraordinariamente engorrosa y muchos queden fuera”, entre otros motivos porque, por ejemplo no saben cuánto gana el aval actualmente, o este tiene un sueldo mayor a lo exigido para acceder el beneficio”.

Un tema complejo, ya que se debe pertenecer a los primeros nueve deciles de la población, es decir que el ingreso per cápita familiar no supere los $ 560 mil pesos. “Entonces si esa persona vive sola y gana 600 lucas queda fuera. Si vive con su pareja y entre los dos ganan un palo los dos quedan fuera también. Es difícil de entender”. Y agrega que “además de pedirte que incluyas tu sueldo te piden boletas de honorarios, ganancias de capital, como 10 cuadritos por llenar del 2011-2012”.

Villagrán detalla que “hemos encontrado una enorme cantidad de personas que pertenecen al décimo décil, que queda excluido. Y son personas de clase media”. Además, alega, “falta información, no ha habido una campaña masiva para que la gente pueda acceder a esto. Nosotros tenemos un grupo de Facebook pero somos 4 mil de los 106 mil… ha habido una falta de información tremenda”.

Desde Corfo señalan que para promover y publicitar la iniciativa “se implementó un abanico de acciones comunicacionales que incluyeron inversión publicitaria, tanto en medios nacionales como regionales; telemarketing (se contrató personal externo de refuerzo para realizar llamadas telefónicas directas); se reforzó el Servicio de Atención al Cliente; 24 campañas de e-mail marketing personalizado a los deudores; además de gestión de prensa en medios nacionales y regionales. Esto implicó cerca de $ 30 millones en avisos en medios en dos meses, a lo que se suman más de 450 notas en medios valorizadas en $ 1.100 millones”.

El olvido del mundo político

La Agrupación Estafados Corfo no ha dejado piedra sin levantar para encontrar una solución a las deudas que para muchos se han convertido en un calvario. También recurrieron al mundo político, pero se sienten defraudados.

“Nos reunimos con todos con el objetivo de encontrar una solución, especialmente para quienes enfrentan embargos. Transversalmente se comprometieron a legislar para que se prohibiera el embargo de bienes por deudas de crédito estudiantiles. Por mencionarte algunos tuvimos el apoyo de Sergio Aguiló (IC), Cristina Girardi (PPD), Pepa Hofmann (UDI), Jaime Quintana (PPD), Romilio Gutierrez (UDI). Pero pasó que los embargos continúan: se presentó una moción pero quedó ahí, detenida. Para avanzar se requiere apoyo del gobierno y que los parlamentarios se muevan”, asegura Villagrán.

Además recalca que “lo que pedimos debatir es que esta solución, lo que consagra con letra mayúscula es que se avala el lucro en la educación. No con recursos privados, sino públicos que se le entregan a los bancos para que los intermedien y ganen suculentas cifras, así como que las universidades generen enormes ganancias a costa de las familias que quieren que sus hijos puedan estudiar. Todo con el Estado como principal motor de este endeudamiento, por eso hemos decidido que seguiremos peleando por este derecho. Y como claramente la clase política no nos representa, los caminos a seguir son la protesta en la calle y los tribunales”.

Esta última vía ya fue abordada en enero pasado, cuando interpusieron una demanda ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del Estado, los bancos y quienes resulten responsables por el otorgamiento de estos créditos. A las 75 familias que presentaron inicialmente esta acción se sumarán unas 200 personas más. El objetivo: la nulidad de todos los contratos “por tratarse de una deuda de recursos fiscales que fueron a parar a los bancos. Y denunciamos que hubo autoridades que impulsaron este mecanismo que luego terminaron trabajando en la banca. Por ejemplo el ministro de Educación de Eduardo Frei, Sergio Molina, ideólogo de los créditos Corfo, llega al directorio del Banco del Desarrollo, que fue el que tuvo más beneficio con estos créditos”. También se menciona una larga lista de ministros, tanto de Educación como de Economía de la época hasta la actualidad “por falta de fiscalización. Lo mismo que le están cobrando a Beyer”.

No son optimistas, ya que según señala Villagrán “lo más probable es que no pase nada porque Chile vulnera tratados internacionales de derecho a la Educación: aquí no existe un recurso judicial, por lo que estamos creando una figura para demandar al Estado”. En ese caso, no darán el brazo a torcer y adelantan que llegarán a una Corte Internacional si es necesario.

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