La idea central de la iniciativa presentada por el diputado Enrique van Rysselberghe es “descongestionar la investigación” y perseguir judicialmente únicamente a quienes persistan en seguir recibiendo estos dineros mensuales cuando no califican para ello.
Por medio de una oficio de la Cámara de Diputados, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Enrique van Rysselberghe solicitó al Ministerio del Interior presentar un proyecto de ley que permita a los falsos exonerados políticos renunciar a la pensión que reciben mensualmente.
La iniciativa planteada por el parlamentario gremialista apunta a que, dentro de un plazo de 30 días una vez que hubiera sido promulgado el texto legal, quienes estén recibiendo una pensión de exonerado político obtenida a través de procedimientos irregulares, puedan renunciar voluntariamente a ésta, quedando eximido de responsabilidades civiles, administrativas y/o penales en virtud de una futura demanda del Estado por estos hechos.
Esto, explicó Van Rysselberghe, porque “perseguir judicialmente a los falsos exonerados podría tardar años, y a través de esta medida se podría destrabar la situación de muchas personas que voluntariamente renuncien a dicha pensión y conseguir que el Estado deje de entregar dinero a personas que no les corresponden”.
“El Estado –añadió el legislador- hoy gasta millones de pesos pagando pensiones a personas que no califican para ello, mientras que otros que sí lo merecen y lo necesitan, no reciben nada. Por eso, resulta de toda justicia generar incentivos para que, en el menor tiempo posible, el Estado deje de cancelar recursos que no corresponden”, acotó.
Asimismo, el diputado por el distrito 44 señaló que a través de esta iniciativa se permitiría “descongestionar la investigación”, de manera que “los organismos judiciales y administrativos encargado de seguir esta causa, puedan concentrarse en investigar a quienes persistan en estos hechos, y también en quienes incentivaron e hicieron posible la ocurrencia de estas irregularidades”.
A juicio del diputado Van Rysselberghe, “aquí existe el deber de cooperar con la justicia, porque se han entregado beneficios sin el sustento legal, en base a documentación falsa y/o adulterada, infringiendo un grave daño al patrimonio fiscal. Pero también entendemos que el gran número de casos que se debe investigar y que eventualmente se encuentran en situación irregular, aconseja buscar fórmulas que terminen a la brevedad con las pérdidas fiscales y que permitan focalizar la investigación en las responsabilidades jurídicas, administrativas y políticas de quienes resulten responsables”.
