“De no prosperar la vía reformista, habrá que recurrir a la vía institucional de la soberanía del pueblo”

El 23 de abril pasado, Michelle Bachelet anunció los nombres de un equipo de abogados que estuvo a cargo de elaborar propuestas para cambiar la Constitución. Tras reunirse, desde entonces, los lunes y sábados en el Instituto Igualdad, la propuesta fue entregada hace unos días a la candidata y en las próximas horas Bachelet se referirá a ella públicamente.

Pese a que aún las definiciones necesitan adaptarse al escenario político, y eso significa esperar el resultado de las primarias, la columna vertebral es un tema conocido: “Aquí la cuestión de fondo es el déficit de legitimidad de la Constitución de 1980, porque, si bien es cierto que ésta ha tenido 30 reformas desde 1989 hasta la fecha, son reformas impuestas desde la lógica del falso consenso”, señala Francisco Zuñiga, abogado constitucionalista que lideró el grupo.

-¿Hacia dónde hay que correr la Constitución y sus garantías?
-Tenemos una Constitución que es rica en materia de derechos civiles y prácticamente menesterosa en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Es una Constitución pensada desde las coordenadas del Estado mínimo, de una revolución capitalista como la que hubo en nuestro país; y no es una Constitución pensada desde el compromiso democrático, desde el Estado social. Y por tanto, para saldar el tema de déficit de legitimidad de la Constitución, no sólo es necesaria una Constitución que haga realidad un extenso catálogo de derechos, deberes y garantías, sino que requerimos una definición de Estado que sea coherente con esos derechos y esa definición es el Estado social y democrático de derecho.

Según Zúñiga, al mismo tiempo, se requiere perfeccionar “la república democrática, abriendo cauces a la participación directa a la ciudadanía en asuntos públicos a través de referéndum, iniciativa popular de ley y revocatoria, operativas en niveles diferentes de la estructura del Estado”.

-También se necesita perfeccionar el Estado de derecho fortaleciendo las garantías del principio de legalidad y las garantías de los derechos fundamentales a través de un Poder Judicial independiente y autónomo. Por último, se requieren nuevas instituciones protectoras de derechos fundamentales y derechos humanos, como la Defensoría del Ciudadano.

-¿Cuáles son esos derechos sociales que ustedes le propusieron a Bachelet y que deben plantearse o replantearse en una nueva Constitución?
-Es necesario reconocer explícitamente el derecho al trabajo, que no lo consagra la Constitución de 1980. Hay que reconocer el derecho de huelga y darles posibilidad a los trabajadores para que negocien por rama de actividad. La Constitución tiene que favorecer la organización social. Al principio de la transición, junto con la despolitización, en nuestro país se produjo la desactivación del movimiento social y los trabajadores. Es clave que haya un equilibrio mínimo entre capital y trabajo. La Constitución tiene que dar las posibilidades de ese equilibrio.

-¿Cómo se consagran derechos que son el espejo de la desigualdad en Chile, como la Educación?
-Se requiere un rol muy potente de parte del Estado para tener una educación universal, integrada, de calidad, pública y laica. Eso no quiere decir que privados no puedan cooperar con los cometidos estatales en materia de educación. No se trata de una publificación forzosa de la educación. Se trata simplemente de que el Estado asuma que a él le corresponde asegurar la universalidad, integración y calidad en la educación preescolar, básica, media, técnica, superior y universitaria.

-Y en cuanto a otros derechos fundamentales… ¿Cuáles tienen prioridad en la propuesta?
-Se hace esencial una potente intervención del Estado en el tema de la salud y previsional. Y la Constitución debe garantizar esas obligaciones.

-¿De qué forma?
-Por ejemplo, la propuesta de AFP estatal. Esta incide de muchos modos en el ahorro previsional de los ciudadanos y en las pensiones futuras. Realmente constituye una gran industria del “abuso”, como se la denomina recientemente, que tú tengas administradoras de pensiones que te cobren altas comisiones independiente de si esos fondos rentan o no. Es un negocio seguro. En el campo de la salud previsional no es posible que haya contratos en los que las Isapres se impongan sobre los usuarios y definan condiciones bajo las cuales otorgan prestaciones de salud y sus precios. Y a mayor abundamiento se produzca integración vertical.

[cita]Insisto. Tanto el Congreso Nacional como la asamblea constituyente son espacios institucionales. El primero, del poder constituyente derivado. Y el segundo, del poder constituyente originario. Ambos son democráticos. Si el primer hito del camino institucional es el Congreso Nacional es porque existe aún confianza en las instituciones del poder constituyente derivado, y en la altura de miras de la clase política. Por ello, de no prosperar la vía reformista en los plazos que se definan, habrá que recurrir a la vía institucional de la soberanía del pueblo expresada en asamblea y referéndum constituyentes.[/cita]

-¿Pero de qué forma específica se protege a los ciudadanos constitucionalmente de este negocio que ha sido rentable durante décadas?
-En la Constitución de 1980 encuentra cobertura la industria del abuso porque tiene exigencia de leyes de supermayorías. Si quieres crear una AFP estatal, la ley exige que la creación  de una empresa pública sea mediante una ley de quórum calificado. Si quieres reformar la educación requieres de Ley Orgánica Constitucional, porque así lo exige la Constitución vigente. Si quieres introducir en el ordenamiento legal un régimen distinto en cuanto a explotación minera o pública, vas a requerir leyes de quórum especial. Y eso hace, desde el punto de vista político-institucional, muy importante suprimir las leyes de quórum especial y restaurar la tradición repúblicana.

-¿Cómo se hace eso si no existe un apoyo político transversal y el problema vuelve al mismo punto de origen una y otra vez?
–El apoyo político transversal a que se refiere la pregunta aquilata en el resultado electoral, parlamentario y presidencial, y en el programa que aglutine a la Nueva Mayoría; sin perjuicio que la legislación que se dicte para cumplir este programa debe ser fruto de la deliberación pública, representación política y de los acuerdos que se logren en el Congreso Nacional.

Zúñiga comenta que la propuesta también contempla el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su lengua, tradiciones, costumbres, y derechos. También se reconocen los procedimientos de participación y consulta de estos pueblos originarios.

La descentralización del poder propuesta, es un eje central de una nueva Constitución. “Esta permite conformar un nuevo Estado Regional, dotado de recursos económicos propios para el desarrollo de la región. Se conservan los intendentes como autoridades sólo de gobierno, pasando el Presidente Regional, autoridad elegida, a desempeñarse como el Poder Ejecutivo de la región. Al mismo tiempo, se abren nuevos cauces de participación ciudadana a nivel regional y local, especialmente a través de referéndum y consultas”, explica Zúñiga.

LOS RECURSOS y LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Es un tema que Michelle Bachelet ha comentado en su entorno cercano y que también comunicó al Partido Comunista cuando sus dirigentes llegaron hasta la sede de su comando, en calle Tegualda, a expresarle el apoyo de la colectividad: la idea de ir tras los recursos naturales.

“Es muy importante reforzar la función social del derecho a propiedad. Reconocer la necesidad de que las aguas sean de dominio público y finalmente que el Estado pueda eventualmente establecer regalías o derechos a la explotación de los recursos naturales de dominio público”, dice Zúñiga.

-¿Es una nacionalización del agua?
-Algunos lo han denominado así. En el fondo, lo que se requiere es llevar a la Constitución una definición básica de dominio público de las aguas, que hoy está presente tibiamente en el Código de Aguas, y por tanto es el Estado el que va definir de qué forma se explota por parte de privados el recurso hídrico, sean derechos consuntivos o no consuntivos y el tipo de gravámenes al que se encuentra sometido.

-¿Qué va a pasar con las empresas que se quedan con grandes cantidades de agua en desmedro de los habitantes, como las mineras?
-Hay muchas consecuencias prácticas que derivan de la publificación del agua como del dominio público, pero le va a corresponder al legislador democrático definir en su momento cuáles son esas consecuencias. Hay muchos recursos naturales que podrían estar sometidos a un régimen, por ejemplo, de regalías, como ocurre en otros países. Más aún en un país donde la explotación de commodities es tan significativa.

-¿En cuanto a las reformas institucionales hacia dónde se debe apuntar?
-Tienen un lugar importante, porque Chile tiene que perfeccionar su régimen político democrático y tiene que ser capaz de suprimir esas leyes de supermayoría que se han transformado en una camisa de fuerza, porque aquí en el debate se han puesto ejemplos que son un despropósito. Se ha dicho que hay leyes de supermayoría que existen en otros países… O sea, sí existen leyes de supermayoria en otros países como Francia y España como ejemplo, estas provienen de una Constitución aprobado por el demos, de la soberanía popular, no de una dictadura. Más aún las leyes orgánicas, que en su gran mayoría fueron dictadas antes de marzo de 1990 por la junta de gobierno, son una prolongación legislativa de la voluntad de un régimen autoritario que terminaba. Por tanto son leyes de amarre.

-Hay quienes piensan que otro de los debates importantes tendrá que ver con el cambio del régimen político.
-El régimen político y sus opciones: régimen presidencial moderado y régimen semipresidencial, están actualmente en estudio en el Equipo Constitucional. Con todo, la idea de reformar el régimen político es afianzar su democratización y lograr eficiencia en la acción gubernativa y administrativa con la finalidad de garantizar gobernabilidad; superando la lógica del “presidencialismo minoritario”.

-En cuanto a la fórmula para conseguir los cambios constitucionales Bachelet no descartó una asamblea constituyente, pero habló de una vía institucional… ¿Cómo se lleva por esta última vía una reforma profunda con las trampas que tiene la Constitución?
-En relación a lo dicho por la candidata presidencial Michelle Bachelet sobre la vía o procedimiento a emplear para obtener una Nueva Constitución, la “vía institucional” significa situar en el Congreso Nacional la operación constituyente para que, vía reforma total de la vieja Constitución, se reemplace ésta por una Carta legítima, democrática y eficiente. De no prosperar esta vía reformista, siempre institucionalmente, la operación constituyente tiene previsto el recurso de la soberanía del pueblo que se expresa mediante una asamblea constituyente y un referéndum constituyente. Este camino debe estar fundado en cuatro características basales: institucional, con participación de la ciudadanía, con representación política de la ciudadanía e incorporando nuestra historia y tradición republicana. En esta perspectiva tanto el Congreso Nacional como la asamblea constituyente son espacios institucionales de deliberación pública, representación política y de participación indirecta o directa de la ciudadanía.

-Con falta de acuerdo político es obvio que el camino final será una asamblea…
-No me parece obvio desahuciar de antemano la vía institucional, equivale a desahuciar de antemano, demonizando, a la asamblea constituyente. La vía institucional tiene un primer hito en la reforma total de la vieja Constitución. La reforma total es una vía institucional que traslada al Congreso Nacional una enorme tarea que exige abrir cauces a la participación ciudadana y una aproximación patriótica, con alturas de miras y visión de país de la clase política. A mi juicio, el eje del debate debe estar en la nueva Constitución y sus contenidos institucionales, que superen la crisis de representatividad y legitimidad de las instituciones. Una nueva Constitución no puede ser impuesta por una parte de la sociedad, sino fruto del pacto o compromiso y de un verdadero consenso institucional.

-¿Qué le parece a usted la opción del decreto lanzada por Atria? ¿Cuál era su viabilidad?
–En mi calidad de coordinador del Equipo Constitucional del programa de la candidatura Bachelet no me corresponde opinar sobre la idea del decreto de Atria y su viabilidad.

-¿Qué le parecen las declaraciones que algunos han denominado campaña del terror, como las del ministro de Hacienda en torno al vínculo de la asamblea constituyente con la economía del país?
-Me parece que las campañas del terror recrean un escenario que ya vivimos. Es una suerte de déjà vu. Durante el plebiscito del Sí y el No se dijo por parte del régimen autoritario y  de sus corifeos civiles o rostros visibles, que votar por el No en Octubre 1988, era votar  por  la anarquía, el desorden y el desgobierno.  En el escenario de hoy algunas de estas  mismas caras visibles de la campaña del Sí, incluido el ministro de Hacienda, reponen esa misma lógica: la del desgobierno o de la ruina económica; todo lo cual resulta francamente delirante. Incluso algunos personeros de derecha más reaccionarios han amenazado incluso con un escenario de Golpe de Estado. Realmente es una pendiente que no termino de explicarme, porque demonizar la asamblea constituyente es absurdo.  Es demonizar un procedimiento democrático, empleado en diversos países de América Latina y de Occidente para establecer constituciones duraderas, y que son sustento de regímenes democráticos.

-¿Por qué le teme tanto la elite a la asamblea constituyente?
-Una parte significativa de la elite le tiene temor a la asamblea constituyente.  Es un temor infundado que deriva del desconocimiento, el prejuicio y también del desempoderamiento que importa todo procedimiento democrático que recurre a la soberanía popular. En este temor de parte de las elites se observa cierta transversalidad. Paradójicamente también una defensa “purista” y a ultranza de la asamblea constituyente que la transforme en una suerte de fetiche, contribuye a su demonización o a su estereotipo, que le hacen un flaco servicio a la finalidad de alumbrar una nueva Constitución para la república. Insisto. Tanto el Congreso Nacional como la asamblea Constituyente son espacios institucionales. El primero, del poder constituyente derivado. Y el segundo, del poder constituyente originario. Ambos son democráticos. Si el primer hito del camino institucional es el Congreso Nacional es porque existe aún confianza en las instituciones del poder constituyente derivado, y en la altura de miras de la clase política. Por ello, de no prosperar la vía reformista en los plazos que se definan, habrá que recurrir a la vía institucional de la soberanía del pueblo expresada en asamblea y referéndum constituyentes.