Ministro del Interior responde misiva de Lorena Fries por acto en cárcel de Temuco
La celebración del año nuevo indígena en un recinto carcelario de la región de La Araucanía trajo consigo, insospechadamente, una pugna entre la cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el jefe de gabinete. Mientras la autoridad de Gobierno reclama por la presencia de Celestino Córdova, principal imputado por el asesinato del matrimonio, en la actividad; la abogada responde que no hay razón alguna para negarles a las personas que pertenezcan al pueblo mapuche la realización de su ritual.
Una insospechada pugna entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, surgió luego que Gendarmería de la IX Región autorizara un acto masivo en la cárcel de Temuco —específicamente la celebración del año nuevo indígena—, que estará dirigido por Celestino Córdova, principal imputado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay.
Este lunes, el jefe de gabinete responde a Fries, a través de una carta publicada por El Mercurio: «Parece que la directora olvida que hace solo seis meses se cometió un crimen atroz en La Araucanía, en donde un matrimonio de la tercera edad fue quemado vivo, muriendo totalmente calcinados y destruidos todos sus bienes bajo el fuego».
«Olvida que el único imputado por la fiscalía regional como autor del delito terrorista de incendio con resultado de muerte es precisamente quien encabezaba la celebración masiva en su lugar de detención. Olvida que dicho crimen ha generado un dolor inconmensurable a la familia del matrimonio Luchsinger-MacKay, entre ellos sus cinco hijos y nietos. Olvida que dicho acto terrorista ha generado una gran conmoción social en dicha zona trayendo temor e inquietud a la población. Olvida el derecho a la vida de aquel matrimonio indefenso y el derecho a la dignidad y el respeto por el dolor de sus familiares», agrega.
«Me pregunto cuál sería la reacción de la directora si en algún penal del país se hubiese permitido una acto masivo religioso dirigido por un sacerdote imputado por gravísimos delitos de abusos sexuales de menores o un ex militar que encabezara un masivo acto de celebración de una conmemoración militar estando imputado por gravísimos delitos de violación a los derechos humanos. A nuestro juicio, no parecería razonable autorizarlos por respeto a las víctimas, a la seguridad de los penales y a la protección del bien común. La consistencia en el actuar de la autoridad les da solidez a las instituciones», resalta Chadwick.
Entonces, el ministro del Interior arremete con más dureza contra Lorena Fries: «Es difícil que la directora pueda apreciar en el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay el dolor de las víctimas o la desolación de una zona frente a este macabro hecho delictual. Lo creo así porque ella nunca ha tenido ni siquiera un minuto para visitar a los hijos del matrimonio, preguntarles por los hechos, sus circunstancias, sus dolores como víctimas, sus necesidades de justicia o de acompañamiento o solidaridad de dicho Instituto, perteneciente a todos los chilenos. Tampoco ella ha requerido antecedente alguno de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana y el orden público».
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos señala en su misiva –publicada ayer en El Mercurio– que «el ministro confunde a la opinión pública al mezclar cuestiones que son de distinto cuño (…) sus palabras reflejan la falta de comprensión de muchos respecto de la cultura mapuche -y en general de los pueblos indígenas- y del papel que en ella tiene esta celebración, en este caso encabezada por un machi. Si a un católico no se le niega de profesar su fe, si en los centros penitenciarios se realizan diariamente rituales religiosos evangélicos, ¿cuál sería la razón para negarles a las personas que pertenecen al pueblo mapuche la realización de su ritual, independientemente del delito del que se los acusa? Por más condenable que sea el crimen que cometa una persona —y en este caso aún no hay condena—, esto no recluye el ejercicio de otros derechos, que no sea la privación de libertad».
«En segundo lugar, el ministro del Interior compromete la responsabilidad del Estado de Chile en relación con las obligaciones que emanan de la ratificación y actual vigencia en nuestro país del Convenio 169 de la OIT. De acuerdo con este, se debe garantizar a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas el desarrollo de su espiritualidad, que no es ni más ni menos relevante que la práctica que realiza cualquier persona no mapuche de su religión. De no permitírsele, se estaría incurriendo en un trato discriminatorio que no es aceptable en el campo de los derechos humanos», añade.
«Al contrario de lo que opina el ministro del Interior —que está por sancionar a los funcionarios que autorizaron este hecho—, lo que cabe es reconocer que en estas materias Gendarmería de Chile ha hecho esfuerzos por adecuarse a los estándares exigidos en derechos humanos. Resulta contradictorio, entonces, que el Gobierno reproche los avances alcanzados en lo que ha señalado como el principal problema de derechos humanos en Chile: la situación carcelaria», concluye.
