Tres años duró la investigación
La abogada de los dueños de la mina, Catherine Lathrop, dijo estar conforme con la resolución y “sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza. La decisión de no perseverar a la que arriba el Ministerio Público hoy, es una muestra clara de que efectivamente mis clientes no habían cometido ningún delito”.
Luego de tres años de investigación, la Fiscalía de Atacama decidió cerrar el caso de los 33 mineros sin acusados, debido a que se determinó que no existían antecedentes suficientes para seguir con la indagación contra los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, como también las autoridades de la época del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Ayer fue dada a conocer la resolución por medio del fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, quien señaló que se adoptó por la decisión “no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”.
Según señala La Tercera, Mella sostiene que se investigó “la situación que todo el mundo sabe que ocurrió (el derrumbe) y el conocimiento de las querellas que se habían presentado, que tenían que ver con delitos de carácter funcionario”.
El accidente ocurrido el 5 de agosto de 2010 en el yacimiento San José, en la Tercera Región, dejó sepultado a 33 mineros, generando expectación tanto nacional como mundial por la situación de los trabajadores que permanecieron enterrados por 69 días.
El 13 de octubre de ese año, los mineros fueron rescatados uno por uno a través de la conocida cápsula Fénix 2 que bajó cerca de 700 metros de profundidad.
La fiscalía determinó iniciar una investigación “de oficio”, luego que se conociera que los 33 hombres habían quedado atrapados en el interior del yacimiento. El objetivo de estas pesquisas era la de determinar si existían responsabilidades penales tras el accidente.
La Municipalidad de Caldera presentó en su oportunidad una querella por cuasidelito de homicidio, documento que apuntaba a la empresa y a funcionarios públicos que habrían dejado de cumplir las normativas de seguridad.
En tanto, la abogada de los dueños de la mina, Catherine Lathrop, tras conocer la resolución de la justicia dijo que “estamos súper conformes, sin perjuicio de que creemos que podemos llegar a una solución jurídica de mayor certeza. La decisión de no perseverar a la que arriba el Ministerio Público hoy, es una muestra clara de que efectivamente los dueños de la mina San José no habían cometido ningún delito”.
Agregó que “esto también da certeza de que funcionan las instituciones. Es una causa bien polémica, que el Ministerio Público haya hecho una exhaustiva investigación nos deja conformes”.
Además, señaló que siempre han sostenido que el accidente ocurrido en la mina San José fue “un accidente, es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en ese caso”.
El inicio de las investigaciones de las causas del accidente se produjo pocos días después de que quedaran los mineros atrapados y una de las primeras diligencias fue allanar las oficinas de la minera, con el objetivo de conocer el funcionamiento de la mina.
La PDI también acudió a las oficinas del Sernageomin para conocer el historial del yacimiento, ya que una de las aristas que se investigó fue el cierre de la mina, en 2007, y la autorización para su reapertura fue en 2008.
Además, cuando los mineros estuvieron recuperados tras su rescate, la fiscalía les tomó declaración a cada uno de ellos para poder establecer si efectivamente hubo alertas de que algo podría estar ocurriendo con la mina y que podría ser inicio del desprendimiento de material.
Otro de los antecedentes recogido por la fiscalía fue el testimonio de los dos dueños del yacimiento, quienes estuvieron declarando ante el fiscal por más de seis horas.
Asimismo, se pidió las imágenes a las empresas que participaron en el rescate para tener conocimiento de las condiciones de la mina, mientras que el Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa que debía pagar US$5 millones al Estado, debido a los costos generados a raíz del rescate minero.
