Fiscalía dispuso cierre de la investigación sin señalar culpables
«Por la imagen país, por el respeto que nos tienen otros países, por el cariño que nos tomaron, deberíamos haber dado un ejemplo como castigo (…) a mí me hubiese gustado que se les hubiese quitado la licencia y se le prohibiera a esta gente que nunca más en la vida quedase a cargo de personal», dijo Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros de Atacama.
«Mucha gente cree que nosotros somos tontos, pero no lo somos. Somos humildes». Del otro lado del teléfono, la voz de Mario Sepúlveda se escucha cargada de rabia e impotencia. Habla lento, pero fuerte.
Mario es uno de los 33 mineros que en 2010 estuvieron atrapados durante 70 días bajo tierra, tras un derrumbe en la mina San José, en Copiapó, al norte de Chile.
Mario es también el más extrovertido y alegre. Conocido como «SuperMario» después del rescate, fue uno de los líderes reconocido por sus compañeros y una figura que fue clave a la hora de mantener el temple para lograr que los 33 salieran prácticamente ilesos de la hazaña. Pero hoy a Mario se le acabó la alegría, dice.
La decisión del Ministerio Público de cerrar la investigación por el derrumbe de la mina San José, sin presentar acusación contra presuntos responsables, ha generado indignación y sorpresa.
«Nos enteramos por la prensa», le dice Sepúlveda a la BBC.
El fiscal regional de Atacama Héctor Mella Farías informó en conferencia de prensa que, tras tres años de investigación, no había elementos inculpatorios suficientes contra los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny ni contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, la entidad fiscalizadora.
«No había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado», afirmó Mella Farías en la conferencia.
Sepúlveda reconoce que era difícil que el caso constituyera penas duras para los empresarios. «Conociendo un poquito las leyes, tendría que haber salido un compañero o muy accidentado o muerto para que hubieran penas de cárcel».
Sin embargo, al menos esperaban que se presentara una acusación que derivara en un juicio y los hiciera comparecer ante la justicia.
«Por la imagen país, por el respeto que nos tienen otros países, por el cariño que nos tomaron, deberíamos haber dado un ejemplo como castigo (…) a mí me hubiese gustado que se les hubiese quitado la licencia y se le prohibiera a esta gente que nunca más en la vida quedase a cargo de personal».
La rabia de Mario no es sólo con la justicia chilena, sino también con las autoridades. «Después de habernos hecho personas muy grandes, nos han pagado muy mal», denuncia.
«Uno de nosotros tendría que estar muerto o demasiado herido para tener justicia».
Los mineros no son los únicos sorprendidos con la decisión.
El exministro de Minería Laurence Golborne, quien estuvo a cargo del rescate de los mineros, le aseguró a BBC Mundo que consideraba «lamentable» la decisión de la Fiscalía.
«Creo que es posible configurar algunos elementos de alguna negligencia culpable en este caso, pero aparentemente el fiscal no lo ha considerado así».
Esta «negligencia culpable» radicaría en el caso omiso que hicieron los responsables de la mina de los requerimientos básicos, lo cual tampoco habría sido fiscalizado acuciosamente por la autoridad.
Según el exministro, era obligatorio que la mina tuviera una segunda salida que en el caso de San José era una chimenea de ventilación sin escaleras.
Además, desde el punto de vista de fiscalización, en el año 2007 la mina se había clausurado por un accidente y se habían establecido una serie de condiciones, entre ellas convertir la chimenea en una segunda salida, con escaleras, cosa que nunca ocurrió.
«Se dio un permiso de operación el año 2008-2009 sin que se haya cumplido ese requerimiento y esa es una situación realmente inaceptable. Si la chimenea de ventilación hubiese tenido las escaleras que la normativa contempla, los 33 de Atacama no habrían vivido una experiencia tan traumática como la que les tocó vivir», le dice Golborne a BBC Mundo.
Otro de los que no oculta su molestia es el senador Alejandro García-Huidobro, quien fue presidente de la comisión investigadora que se formó en el Parlamento chileno después del derrumbe.
«Nosotros le entregamos a la Fiscalía un informe de 222 páginas donde se establece de forma unánime y absolutamente transversal que las responsabilidades recaen en los dueños de la mina y en Sernageomin».
Según el parlamentario, el fiscal a cargo de la investigación «no hizo una investigación seria, ya que un importante número de mineros, que fueron los testigos directos, no fueron llamados a declarar».
«Sin duda el fiscal no hizo su trabajo», remata García-Huidobro.
Si bien la investigación no continuará, tampoco es que la causa haya sido sobreseída. Es decir, la investigación podría ser abierta, a la luz de nuevos antecedentes.
Consultado por la prensa local, el fiscal aseguró: «Siempre que se adopta una decisión de no perseverar existe la opción de abrir [nuevamente] la causa».
BBC Mundo intentó conversar con el fiscal Mella, sin embargo no está dando entrevistas, según comentó el equipo de prensa de la Fiscalía Regional de Atacama.
«Una alternativa es pedir que se reabra la investigación. La otra es que otro fiscal la asuma», le dice García-Huidobro a BBC Mundo.
Los 31 mineros que se agruparon para presentar las querellas se reunirán este domingo para evaluar las opciones a seguir.
Por ahora, por lo menos Mario Sepúlveda, a través de su abogado, Maximiliano Delgado, le pedirá al tribunal revertir la decisión de la Fiscalía.
Delgado le comenta a BBC Mundo que están recopilando antecedentes para solicitar la reapertura de la investigación.
Además se reunirá con García-Huidobro para evaluar los antecedentes aportados por el parlamento.
«Los 33 mineros han recibido una suerte de abuso. No tienen idea de lo que está pasando», asegura el abogado.
Desde el punto de vista civil, existe también una demanda presentada que sigue su curso.
