Pese a que se aprobó en general, con el voto favorable del radical Fernando Meza, en el gobierno había caras largas por cuanto en la votación en particular se rechazaron varios artículos clave de la también denominada ley «anti encapuchados».
Una difícil tramitación espera en el Senado al proyecto que fortalece el resguardo del orden público más conocido como ley Hinzpeter o ley anti encapuchados, pese a que que tras una accidentada jornada, el Ejecutivo lograra que en la Cámara se aprobara en general la iniciativa por 57 votos a favor, 54 en contra y una abstención, con el voto radical Fernando Meza sumándose al oficialismo.
La sesión, que la semana pasada fue postergada con el argumento de que faltaban intervenciones, aunque en la propia derecha reconocían que no estaban los votos para aprobar el mensaje del gobierno, fue tensa y agitada por cuanto desde la oposición insistieron en que la iniciativa del gobierno no contribuye a mejorar el orden público, sino que más bien apunta a contener las manifestaciones sociales.
Por su parte, el diputado Felipe Harboe reiteró en la sala su argumento en orden a que el polémico proyecto no resuelve los temas de seguridad ciudadana del gobierno y que “existe un problema de gestión e inteligencia en las policías”.
El ambiente estaba tan enrarecido que incluso el diputado demócrata cristiano Matías Walker tuvo un encontrón con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el marco del debate, donde mientras la autoridad argumentaba a favor de la iniciativa, el parlamentario lo acusó de demagogo y el secretario de Estado, interrumpiendo su alocución, le dijo: “dígamelo a la cara”, a lo que el legislador respondió: “se lo digo”.
Tampoco se le permitió utilizar el derecho a réplica al diputado Harboe, a quien tanto el ministro como la diputada de RN Marcela Sabat aludieron directamente, atribuyéndole esta última responsabilidad en un proyecto que el año 2007 habría presentado la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet con una finalidad similar a la que, asegura el gobierno, tiene el actual proyecto en tramitación.
Pese a que Harboe pidió al presidente de la Cámara, Edmundo Eluchans (UDI) reiteradamente que le permitiera responder, simplemente se le ignoró.
Adicionalmente, en medio de la discusión, llegó hasta la Cámara un grupo de organizaciones no gubernamentales que pretendían entregar a Eluchans 20 mil firmas para solicitar que no sea promulgada la polémica ley, de ser aprobada su tramitación. Sin embargo, según los representantes de estos organismos, el presidente de la Corporación se negó a recibir el listado.
En ese contexto, el diputado socialista Marcelo Díaz, planteó que si bien es necesario aplicar todo el rigor de la ley a quienes se infiltran en las manifestaciones ciudadanas para cometer delitos, la polémica iniciativa en tramitación, de ser aprobada, plantea “restricciones y efectos nocivos” para el movimiento ciudadano y, además, “pretende esconder el fracaso del gobierno” en esta materia.
Por su parte, el diputado Matías Walker también aclaró el incidente con Chadwick, pues no se le permitió hacerlo en la sala, y reiteró que lo que el ministro y el gobierno han hecho, es una “demagogia penal”, pues el titular del Interior planteó en su exposición, y en su defensa del proyecto, que el artículo 85 del Código Procesal Penal no se aplica en Chile, resulta preocupante, porque querría decir que “este gobierno dejó de gobernar con la confesión del ministro de que la ley no se está aplicando”.
Aunque hasta última hora la derecha no tenía certeza de contar con los votos para aprobar la iniciativa, la ausencia en la sala de tres diputados de la Concertación –el DC Juan Carlos Latorre, Joaquín Tuma del PPD y la socialista Denise Pascal- y el voto a favor del PR Fernando Meza, permitieron que el Ejecutivo pudiera aprobar en genera la iniciativa. Sin embargo, las ausencias que también se produjo entre sus filas –Mario Bertolino de RN, Javier Hernández y Cristián Letelier de la UDI y la independiente Marta Isasi- impidieron que se pudieran aprobar varios artículos, como hubiera querido la actual administración, lo que pronostica una tramitación compleja en la Cámara Alta.
En el marco de lo accidentada de la sesión, al final de la misma la oposición reclamó oficialmente por el voto a favor de la diputada UDI Andrea Molina, quien no respetó el pareo que tenía con el independiente Pedro Araya, lo que provocó una gran molestia, pues entre los parlamentarios se asume que este es un acuerdo de “caballeros”, ya que no está regulado en la normativa del Poder Legislativo y cuyo cumplimiento depende sólo de quienes lo suscriben.
Tras la polémica, y la petición de Sergio Aguiló de repetir la votación general, a lo cual no accedió Eluchans, la propia Molina, en medio de los cuestionamientos de sus pares, optó por retirar su voto.
Tras la sesión y pese a la aprobación en general, el ministro Chadwick lamentó que se rechazaran los artículos clave de la normativa, como aquella que castiga con más dureza los actos de violencia protagonizados con el rostro cubierto.
«Lamentablemente los diputados de la Concertación han votado por favorecer la acción de los encapuchados y de los violentistas, y han votado en contra de poder respetar los derechos de las personas que quieren vivir en paz y en tranquilidad», afirmó.
Y visiblemente molesto, considero que «si queremos efectivamente avanzar contra la delincuencia y contra los violentistas, los encapuchados, era el momento hoy día que la Concertación lo demostrara con su voto y no lo supo hacer». Y remató: «Lo lamentamos como gobierno, pero por sobre todo lo lamentamos por el país».
