La demanda pide establecer la responsabilidad civil que tendría la Iglesia Católica de Santiago, en lo que califican de negligencia sistemática e ignorancia deliberada de las autoridades eclesiásticas al momento de enfrentar los casos de abusos, a los que, aseguran, dieron soporte.
Ante el ministro de fuero Juan Manuel Muñoz, los tres denunciantes en contra del sacerdote Fernando Karadima interpusieron una millonaria demanda exigiendo la responsabilidad contractual del Arzobispado de Santiago por los actos impropios y abusos sexuales cometidos por el ex párroco de El Bosque.
Con mucha tranquilidad, y en compañía de su abogado Juan Pablo Hermosilla, el médico James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz y filósofo y presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo llegaron hasta el Palacio de los Tribunales
Con sus firmas se concretó la presentación de una demanda exigiendo 450 millones de pesos al Arzobispado de Santiago, luego que en noviembre del año pasado habían interpuesto una medida prejudicial probatoria, que permitió interrogar nuevamente al sacerdote Fernando Karadima, en julio pasado.
En 14 de noviembre de 2011, la ministra Jéssica González estableció que el ex párroco era responsable de abusos sexuales reiterados entre 1980 y 1995, pero que estos hechos por el paso del tiempo estaban prescritos, aunque en materia canónica la Santa Sede condenó al octogenario sacerdote a una vida de penitencia y oración por los delitos de abusos de menores y adultos, además de abusos de poder.
La demanda pide establecer la responsabilidad civil que tendría la Iglesia Católica de Santiago, en lo que califican de negligencia sistemática e ignorancia deliberada de las autoridades eclesiásticas al momento de enfrentar los casos de abusos, a los que, aseguran, dieron soporte.
Al tratarse de una acción por perjuicios, la demanda pide $ 200 millones en el caso de James Hamilton, $ 150 millones en el de Juan Carlos Cruz y $ 100 millones en el de José Andrés Murillo.
La acción que llegará a manos del ministro de fuero, Juan Manuel Muñoz acusa que la Iglesia Católica es una institución estrictamente jerárquica, en la cual el obispo es la autoridad territorial de cada diócesis.
El médico James Hamilton comparó este caso con las violaciones a los derechos humanos, donde buscan que no haya impunidad para otras víctimas de abusos sexuales por clérigos.
Hamilton recalcó que «necesitamos que se establezca la discusión en este país, ya que las víctimas llegan y como se ha dicho en su momento, basta con reconocer para que haya reparación, verdad y justicia y eso no es asi. Tal como ocurre con los delitos de DD.HH, todavía hay una impunidad tan grande que mantiene herido a este país. Nosotros creemos que hay heridas, distintas y tan ocultas como las heridas del abuso, que no tienen un camino de reparación. Y necesitamos que personas que no han tenido las condiciones y el ambiente familiar y social que nosotros tenemos y que hay que reconocerlo, tengan la posibilidad de tener un camino ya establecido» dijo el facultativo, ex integrante de la Acción Católica.
Por su parte, el periodista Juan Carlos Cruz calificó la medida como una búsqueda para transparentar estos graves hechos, donde afirmó que «la Iglesia en realidad no ha aprendido nada, entonces nosotros queremos tranquilamente y sencillamente poner la luz en la oscuridad que ha habido en la Iglesia y también el hecho de que ha pasado tanto y se han tratado de mirar para el otro lado, a pesar de todo lo que estaba pasando y sabían» dijo el comunicador social.
A su vez, el filósofo José Andrés Murillo apeló a la responsabilidad institucional de la Iglesia Católica agregando que «estamos intentando romper la piedra angular del abuso sexual que es el silencio y eso se hace a través de lo que estamos haciendo. Cada vez que hay abuso hay un daño y si el abuso lo cometió una persona que pertenece a una institución, que es garante de la confianza que las personas tienen en él, hay una responsabilidad que no es solo personal, sino que hay una responsabilidad organizacional, institucional establecida, y queremos que se investigue» dijo el también presidente de la Fundación para la Confianza.
Asimismo, el abogado Juan Pablo Hermosilla explicó que el Arzobispado de Santiago supo de las denuncias enfatizando que «el Arzobispado sabía que esto estaba ocurriendo y dejó de tomar las medidas para que siguiera ocurriendo y proteger a las personas que debían ser protegidas» puntualizó el jurista.
La demanda entrega como antecedentes las denuncias de abusos en contra del ex arzobispo de Viena Hans Hermann Groer; los resultados del informe del John Jay College of Criminal Justice, que da cuenta de más de cuatro mil clérigos acusados de actos impropios, en seis décadas, en Estados Unidos, y las más de 10 mil víctimas menores de edad, por parte de la Iglesia Católica de Holanda, consignados por la Comisión Deetman.
El Arzobispado de Santiago no ha querido hacer comentarios por el momento.
