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Carmen Hertz, abogada de Derechos Humanos:

“Es obligación de la Presidenta derogar la Ley de Amnistía”

por 4 septiembre, 2013

“Es obligación de la Presidenta derogar la Ley de Amnistía”
Participa en la comisión de Derechos Humanos del comando de Michelle Bachelet que durante un mes elaboró una propuesta para enfrentar esta materia en un eventual gobierno. Las décadas que lleva palpando el legado de la dictadura le entregan certezas sobre las obligaciones de una nueva administración: una institucionalidad que concentre el tema, derogación de la Ley de Amnistía, menos beneficios penitenciarios para los victimarios y que todos entiendan que los pactos de impunidad con que se levantó la Transición, ya quedaron en el pasado.
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Durante un mes se reunió en el Instituto Igualdad un amplio número de voces ligadas a los derechos humanos para levantar una propuesta en torno a esta materia; un tema que se dividió en tres frentes: institucionalidad; memoria y educación; y justicia pendiente.

La abogada Carmen Hertz fue relatora de Institucionalidad y aunque insiste en que será Michelle Bachelet quien analice las propuestas, hay puntos en los que piensa como claves para evitar el olvido y, además, lograr justicia.

“Todos sabemos de la obsecuencia vergonzosa de parte de los tribunales de justicia, la Corte Suprema, y la Corte de Apelaciones durante todo el tiempo de la dictadura, que fueron cómplices y encubridores en definitiva de la política de exterminio, al no hacer nada frente a los miles y miles de Recursos de Amparo y denuncias que tanto el Comité Pro-Paz como la Vicaría de la Solidaridad entablamos, víctima por víctima, caso por caso. José María Eyzaguirre, quien fuera presidente de la Corte Suprema en los 70, se contactaba por teléfono directamente con Manuel Conteras, delante de los familiares. Y siempre Contreras negaba la detención y la Corte aceptaba lo que él sabía e ignoraba lo que las familiares de las víctimas decía”, critica Hertz.

Según la abogada, en los ’90 la justicia también fue esquiva, pero la detención de Pinochet en Londres marcó un hito. “En ese momento es un punto de inflexión en la conducta de los Tribunales de Justicia. A partir de ahí y cuando Pinochet es traído a Chile con el artilugio de su falsa enfermedad, es cuando los jueces se atreven a investigar. Y si bien podemos decir que Pinochet murió en una impunidad penal, no podemos dejar de reconocer que murió hecho una ruina moral y un cadáver político y, al menos, fue posible desaforarlo y procesarlo por los crímenes de La Caravana”.

Cheyre fue parte de la cadena que hizo que el niñito Lejderman terminara huérfano abandonado en un convento de monjas. Pero aparte del juicio moral, esto abre otro tema: que un ex Comandante en Jefe del Ejército, en este país, hoy, no puede pretender ser un alto funcionario público en la vida civil y mucho menos ser el director del Servel. Todas las personas que pretenden blindar a Cheyre sacan su “Nunca más” a relucir.

Hoy existe un número importante de causas abiertas, son casi 1.400 las que se tramitan y aunque para Carmen Hertz se han logrado dosis de verdad, éstas han sido relativas: “Aunque se están investigando crímenes de lesa humanidad, porque a partir de la década del 2000 los tribunales aceptan el derecho internacional en sus fallos, en definitiva se aplica la media prescripción y se les entregan beneficios carcelarios, no obstante que la doctrina internacional prohíbe que opere este tipo de beneficios, porque no son estos delitos comunes.

-¿Y la idea sería que dejen de operar estos beneficios carcelarios para los condenados?
-Por supuesto. Piensa que los asesinos del padre del niño Lejderman fueron condenados a 5 años de prisión remitida, no pisan un día la cárcel. Sin contar que todos estos delincuentes de lesa humanidad cuando van a dar a la cárcel, son cárceles especiales, como Punta Peuco. Todos los funcionarios que han sido procesados por estos crímenes, todos ellos han ido a prisiones preventivas de muy corto tiempo y luego a recintos militares.

-¿Se debería terminar con estos centros especiales de detención para que los condenados cumplieren penas en un centro común?
-Sí, por ejemplo Videla en Argentina fue condenado a prisión perpetua y murió en una cárcel común. Pero, por cierto, es fundamental que se aplique la doctrina internacional de los derechos humanos. Lo importante es entender que estamos hablando de crímenes contra la humanidad, de que había una política sistemática y masiva para eliminar a un sector de la población. Y esto agravia no sólo a los familiares, sino al conjunto de la sociedad del Estado en el que se cometieron y afecta la seguridad mundial. En Chile no se cometió una sucesión de crímenes, sino crímenes contra la humanidad y eso afecta la paz mundial.

-¿Lo que pasó con Cheyre abrió una discusión en la comisión en la que participa respecto a que quienes están cuestionados, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, participen de organizaciones públicas, o como en este caso, tan importantes como el Servel?
-Desde mi punto de vista, el actuar de Cheyre no sólo es éticamente reprochable, sino que en su momento constituyó un delito de encubrimiento. Ahora que Cheyre no haya sido procesado el año 2008 cuando sale el fallo el ejercía como Comandante en Jefe… No nos engañemos ¿iban a procesar por encubrimiento al Comandante en Jefe del Ejército? No, eso no lo iban a hacer. Nadie ha dicho que tuvo responsabilidad en los hechos, pero Cheyre fue parte de la cadena que hizo que el niñito Lejderman terminara huérfano abandonado en un convento de monjas. Pero aparte del juicio moral, abre otro tema: que un ex Comandante en Jefe del Ejército, en este país, hoy, no puede pretender ser un alto funcionario público en la vida civil y mucho menos el director del Servel. Todas las personas que pretenden blindar a Cheyre sacan su “Nunca más” a relucir. Por cierto que es un documento que valoramos, pero van por cuerdas separadas. Cheyre y su 'Nunca más' debieron irse para la casa. Hay una impunidad moral y social que permite que las personas aspiren a seguir teniendo vigencia en la vida pública.

-Pero ese blindaje, especialmente el de Cheyre, no provino de la derecha, sino que del propio Presidente Ricardo Lagos, que lo volvió a defender hace unas semanas. ¿Cuál es el 'mea culpa' que tiene que hacer la Concertación también en la falta de justicia en estos años?
-Los artífices de la Transición van a blindar este tipo de situaciones. La Transición es una transición que se basó en pactos tácitos de impunidad. Se hace un acuerdo entre la Concertación y el régimen para una transición pactada. El movimiento popular, que había salido a la calle, queda al margen. Estos pactos son los que estallan de forma dramática cuando Pinochet es detenido en Londres. ¿Y cuál es la reacción del gobierno? presionar para que Pinochet fuera traído. Eso da cuenta de a existencia brutal de los poderes fácticos en ese momento. De la influencia que tenían las Fuerzas Armadas y el empresariado, porque se volvieron locos, presionaron al gobierno. ¿Y qué sigue ocurriendo? El desafuero de Pinochet, el Banco Riggs… todo eso se hace al margen del establishment político que muchas veces está incluso en contra. Lo que pasó con Pinochet aceleró los plazos de la transición. Hoy en Chile no tiene que haber ni un asomo de poderes fácticos actuando.

-¿Qué tendría que hacer Bachelet en materia de derechos humanos para sumar un hito en esta historia?
-Hay distintos ámbitos, un tema es el de la justicia pendiente. Aunque no le corresponde al Ejecutivo, será bueno para la memoria que se designen jueces de dedicación exclusiva; es fundamental porque nos encontramos hoy con causas como La Caravana de la Muerte, que aún no se cierra. Estamos a 15 años desde que se inició y sigue en sumario y qué pasa: se mueren los querellantes, los perpetradores y los que siguen vivos se van declarando enfermos. Todos se enferman y les da el síndrome de Pinochet. Otra obligación de la Presidenta es la derogación de la Ley de Amnistía y dentro de la pobreza de institucionalidad, una de las propuestas es pensar la existencia del ombudsman o defensoría del pueblo y sobre todo una institución que coordine todas las políticas públicas en esta materia.

-¿Pero cómo se avanza desde el Ejecutivo en la justicia pendiente?
-En primer lugar que fuéramos capaces de ratificar todos los convenios internacionales en el Congreso. Me parece que desde el Ejecutivo se pueden adoptar muchas medidas de memoria reales y colectivas, no espacios de memoria acotados a grupos, como los mismos memoriales, que la gente no sabe dónde están. No están ubicados en el centro de las comunidades y eso debería cambiar. El gobierno de Bachelet tiene que ampliar aún más la memoria, que sea de verdad la memoria colectiva, es la única forma de reconstruir esta sociedad de forma decente y democrática, porque ahora estamos en los bordes de eso. Una sociedad en que los cómplices del extermino, como la derecha, siguen teniendo vigencia política y están en la completa impunidad. La Presidenta tendría que crear una institucionalidad de Derechos humanos acorde con un Estado democrático. Los currículos de las Fuerzas Armadas son pobrísimos, Carabineros sigue actuando de forma militar. Todas esas son tareas pendientes.

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