Parlamentarios criticaron las recientes declaraciones del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y señalaron que «no somos partidarios de que tipos como éste sean entrevistados por los medios de comunicación, y tampoco que se le llame General».
La bancada de diputados del PPD llamó al Ejecutivo a ponerle urgencia y patrocinar el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar sobre la degradación militar por crímenes de lesa humanidad.
«Tras escuchar las declaraciones de Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, uno de los organismos encargados de torturar y asesinar a miles de chilenos durante la dictadura, resulta indignante que en el Código Militar no exista la degradación para aquellos uniformados que hayan cometidos delitos de lesa humanidad siendo ellos repudiables por todos los estados democráticos del mundo», sostuvo el subjefe de la bancada PPD, Tucapel Jiménez.
El parlamentario agregó que «creemos que a pesar de que este proyecto tiene un cariz simbólico -ya que no tiene carácter retroactivo- sería una importante señal para los familiares y víctimas que por iniciativa propia y por una cuestión de ética, las Fuerzas Armadas degraden y saquen de los cuadros de honor a estos criminales, desde el dictador Pinochet hacia abajo, que no sólo han provocado dolor a las víctimas y a un país entero sino que han manchado a la Institución».
Por su parte, el diputado Enrique Accorsi, sostuvo que «como Bancada PPD no somos partidarios de que tipos como éste sean entrevistados por los medios de comunicación, y tampoco que se le llame General, a Manuel Contreras».
«Rechazamos categóricamente las mentiras y la prepotencia del mayor asesino y transgresor de los derechos humanos que ha tenido Chile en su historia. Personas como él no vale la pena que sean entrevistadas», agregó el parlamentario.
Cabe señalar que tal como señala el artículo 228 del Código de Justicia Militar, «la pena de degradación producirá la privación del grado y del derecho a usar uniforme, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares, el retiro absoluto de la Institución, la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, la pérdida a perpetuidad de todos los derechos políticos activos y pasivos, y la incapacidad para desempeñar, a perpetuidad, cargos, empleos y oficios públicos».
