También se incorporan nuevos derechos ciudadanos
El documento sostiene que es el Congreso quien tiene la “potestad constituyente”, con lo cual se descarta la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente que permita desarrollar las reformas. Sin embargo, el texto precisa que las discrepancias surgidas entre el Parlamento y el Presidente durante ese proceso, deberán ser sometidas a un referéndum constituyente, por lo que será “el pueblo el que arbitre ante tales diferencias”.
La candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, dará a conocer en las próximas semanas su programa de gobierno, el cual tendrá tres reformas como ejes claves que son constitucional, educacional y tributaria. Sin embargo, dentro del cambio constitucional se destaca la posibilidad de reelección presidencial y la eliminación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Este domingo sesionará por última vez el grupo de 20 de profesionales que integran la Comisión de Constitución de la candidatura de la ex mandataria, con el objetivo de afinar los detalles para entregar el texto final a Bachelet y que contempla una serie de propuestas para modificar la Constitución.
Así, los tres ejes prioritarios del programa presidencial de la ex directora de ONU Mujeres son la reforma constitucional, la reforma educacional y la modificación al sistema de impuestos para financiar las propuestas planteadas por la abanderada en su campaña.
Según señala La Tercera, el equipo de la ex jefa de Estado, coordinado por Francisco Zúñiga, definió un sistema de trabajo cuya fase final, la de determinar cuáles de las propuestas serán las escogidas, está a cargo de Bachelet, quien dará a conocer las alternativas definitivas de su programa en las próximas dos semanas.
Así, cada grupo entregará un texto con el resultado de su trabajo como también un documento en donde se establezcan las conclusiones finales de sus propuestas y se definan aquellos temas en los que no se logró consenso.
El documento que será entregado a Bachelet y que servirá de plataforma de la propuesta de cambio constitucional sostiene que es el Congreso quien tiene la “potestad constituyente”, con lo cual se descarta la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente que permita desarrollar las reformas.
Sin embargo, el texto precisa que las discrepancias surgidas entre el Congreso y el Presidente durante ese proceso deberán ser sometidas a un referéndum constituyente, por lo que será “el pueblo el que arbitre ante tales diferencias”.
Además, se propone que la reforma a la Carta Fundamental que despache el Congreso deberá ser sometida “a la ratificación del pueblo”.
Asimismo, los cambios propuestos por la comisión incluyen nuevos derechos ciudadanos como el “derecho a la intimidad y derechos sexuales y reproductivos”, como también el “derecho a la vida, integridad física y psíquica”.
También se incorpora la posibilidad de la reelección presidencial y la eliminación del Consena. El grupo propone varias medidas que apuntan a “moderar el excesivo presidencialismo que existe en Chile”, debido a que es necesario generar un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Para tal efecto, se propone mantener el sistema bicameral dando nuevas atribuciones al Congreso como es la posibilidad de que sea el Senado el que apruebe por mayoría la designación de los embajadores.
Además, se propone modificar el periodo presidencial, estableciendo cuatro años con posibilidad de reelección inmediata y la potestad de que el Presidente, por una vez en su mandato, pueda disolver el Congreso.
En cuanto a una transición al régimen semipresidencial, se promueve la “separación enrte la jefatura de Estado y jefatura de Gobierno” y para evitar roces, la reforma constitucional debe establecer con claridad los roles entre ambos cargos.
Así, mientras el jefe de Estado mantendrá la decisión sobre el “derecho a excepción” o la “prerrogativa del veto parcial suspensivo”, el jefe de Gobierno se encargará de “conducir las relaciones internacionales” y de promover nombres para ministros.
Con respecto a la administración del Estado, el grupo propone la eliminación del capítulo que hace referencia a las Fuerzas Armadas y de Orden, como también suprimir el Cosena.
La propuesta también establece la autonomía constitucional de la Contraloría General de la República y que pase a ser un órgano sometido a responsabilidad constitucional vía juicio político.
Otro punto es la creación de una defensoría del ciudadano, el cual deberá recibir las quejas de los usuarios de la administración del Estado.
También se propone en cuanto a la administración territorial, bajo la modalidad de un “Estado regional”, la eliminación de las gobernaciones provinciales y sugiere que “los intendentes regionales seguirá siendo un cargo de exclusiva confianza del Gobierno”.
En cuanto a los gobiernos regionales, la propuesta del grupo es la de dar mayor protagonismo a la ciudadanía, ya que estos estarán constituidos por una asamblea regional, compuesta de miembros elegidos por los ciudadanos directamente.
