Transparencia Internacional ubicó a Chile en la categoría de «Riesgo Moderado»
Según los resultados arrojados, en la mayoría de los 82 países analizados se necesita mayor fiscalización, y «dos tercios de los parlamentos no tiene políticas de control eficaz para detectar corrupción en Defensa”. En el caso de Chile, existen factores que dificultan esta labor como la falta de conocimiento público del tema y la existencia de la Ley del Cobre que asigna ingresos que se distribuyen a las Fuerzas Armadas.
Hace pocos días entregado, la organización civil que lidera la lucha contra la corrupción, Transparencia Internacional, difundió su informe 2013 «Guardianes» en donde se aborda el desempeño y rol de los parlamentarios a la hora de combatir los riesgos de la corrupción en el área de Defensa. Según los resultados arrojados, en la mayoría de los 82 países analizados hace falta fiscalización y mayor control, carencia que termina por facilitar la existencia de este mal.
Este estudio, realizado por el programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional con sede en Londres, Inglaterra, ubicó a Chile en la categoría de “Riesgo Moderado”, junto a otros 13 países, entre ellos Argentina, Italia, Sudáfrica, México y España entre otros. Las clasificaciones van desde «Muy Bajo Riesgo» a «Muy Alto Riesgo», midiendo las capacidades que tienen los congresos de los países para fiscalizar la compra de armamentos y planes de adquisición de las FF.AA. Según Transparencia Internacional, “dos tercios de los parlamentos no tiene políticas de control eficaz para detectar corrupción en la defensa”.
El análisis revela que Venezuela, China, Irak y Jordania integran el grupo de “Muy Alto Riesgo» junto a 21 naciones. En tanto Rusia, Israel, Turquía integran el grupo de naciones de “Alto Riesgo”; en cambio Brasil, Japón, Estados Unidos, Francia y Corea del Sur son catalogados como países de Bajo Riesgo”. Lideran el estudio con “Muy bajo riesgo” Australia, Alemania, Noruega y Gran Bretaña.
«La corrupción en defensa es peligroso, divisiva y anti económica, y el costo es pagado por los soldados, empresas, gobiernos y ciudadanos. La mayoría de los congresos le están fallando a sus electores por no actuar como perros guardianes de este gran sector. Si los problemas son debido al ambiente político, legislación deficiente o pobre compromiso por parte de los parlamentarios, los ejemplos de buenas prácticas en este estudio puede ayudar a mejorar», señaló Mark Pyman, director de TI-DSP. Y agregó que el costo global de la corrupción en el sector de Defensa alcanza un mínimo de 20 billones de dólares al año, según a datos del Banco Mundial y el Instituto de investigación de Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI).
Para Transparencia Internacional, lo que hace más vulnerable al sector de Defensa es el secretismo con que se abordan algunas temáticas y contratos de alto valor involucrados. Asimismo, para que la fiscalización de los parlamentarios resulte efectiva, apunta a que el tema sea puesto en la agenda pública para su debate, permitiendo así a los congresistas supervisar los procesos de compra.
El análisis que hace TI sobre nuestro país es claro. “El gobierno chileno informa al Congreso sobre asuntos de Defensa pero el Congreso no tiene poder para fijar la agenda de Defensa o de aplicar un veto. El gobierno fija los términos del debate público sobre la Defensa a través de la liberación selectiva de información, y hay una falta de combate específico contra la corrupción política y en las instituciones», señalan, afirmando además que la Ley de Presupuesto general permite una transparencia presupuestaria justa, pero está debilitada por una falta de conocimiento público.
Además, se señala que la situación del interés militar en los recursos naturales es compleja. «Aunque ha habido una reducción significativa de estos vínculos en los últimos años, esto es potencialmente socavada por la Ley del Cobre que permite ingresos que son distribuidos a las Fuerzas Armadas», explican.
Por último, en materia de transparencia, se plantea el servicio de inteligencia chileno como un desafío pendiente. «En cuanto a riesgo de corrupción financiera, los controles de enajenaciones de activos están en un estado bastante preliminar (vía Ley 18.928), aunque la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y otros instrumentos regulan el gasto fuera del presupuesto para contingencias, y no hay señales de prácticas ilícitas relacionadas. Aunque sólo de 1% a 3% del gasto total se destina a la inteligencia, hay escaso control parlamentario», asegura.
A continuación puede leer el informe completo sobre corrupción en Defensa de Transparencia Internacional.
