Entre las irregularidades se encuentra un desorden financiero que incluye gastos por $82 millones correspondientes al año 2012 cancelados con presupuesto del 2013, remates realizados en forma errónea, información falsa en el pago de facturas, pérdida de especies incautadas y la existencia de «peritajes fantasmas».
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ordenó reabrir un sumario interno por una serie de anomalias ocurridas en estos últimos dos años en la Fiscalía Metropolitana Sur. Según consigna La Segunda, entre las irregularidades se encuentra un desorden financiero que incluye gastos por $82 millones correspondientes al año 2012 cancelados con presupuesto del 2013, remates realizados en forma errónea, información falsa en el pago de facturas, pérdida de especies incautadas y la existencia de «peritajes fantasmas».
El jefe del Ministerio Público no quedó conforme con el sumario anterior, donde se responsabiliza de los hechos únicamente a funcionarios que ya no trabajaban allí, y por ello ordenó cambiar al fiscal instructor del sumario.
Asimismo, Chahuán dispuso realizar diligencias que apuntan a «determinar si efectivamente se puede descartar o no la responsabilidad administrativa de dos altas autoridades de la Fiscalía Sur».
De acuerdo al vespertino, la Metropolitana Sur había ingresado como «pagados» y había enterado impuestos por decenas de peritajes privados de credibilidad del relato sin que ellos hubiesen sido realmente cancelados a los psicólogos y psiquiatras contratados, algunos de quienes no cumplieron con la totalidad de los trabajos. Materia que está consignada en un documento elaborado por Chahuán, fechado el 30 de agosto.
«La operación comenzó a gestarse a fines del año 2012, cuando la Fiscalía Sur se percató de que no habían gastado todo el presupuesto asignado para peritajes privados, lo que implicaba una reducción de este ítem al año siguiente. Entonces, se ideó una fórmula: Pedir a los peritos boletas por adelantado para casos en que los fiscales consideraban conveniente tener estos estudios. Cada “orden de servicio” fue asociada así a análisis de credibilidad del relato, que deberían realizarse en causas de abuso sexual determinadas, dejando registrado el RUC interno», señala La Segunda.
De esta forma, llegaban las boletas y se llenaban los cheques, sin firma. Quedaban corcheteados a la espera de que el perito entregara su trabajo. A la Fiscalía Nacional se le informó del gasto y, por ende, ella pagó al Servicio de Impuestos Internos el 10% correspondiente al año tributario 2012.
Todo bien hasta que: los peritajes comenzaron a demorar más de la cuenta y «no todas las víctimas estaban accesibles para realizarse los análisis.Varias incluso se negaron. Algunas eran causas antiguas que no habían avanzado y las víctimas ya no estaban dispuestas a someterse a nuevas entrevistas. De esta forma, existen peritajes que a la fecha no se efectúan y ya se dan por impracticables», indica La Segunda.
