A raíz del accidente en que se vio involucrado su hijo
Si bien el timonel de Renovación Nacional salió inmediatamente al paso de cualquier crítica, anunciando que solicitará ser reemplazado por alguno de sus pares en la Comisión Mixta que analiza las discrepancias entre ambas cámaras en la tramitación de la “ley Emilia”; igualmente resurgió la necesidad de normar en el reglamento los eventuales conflictos de interés que impedirían a los parlamentarios votar una determinada iniciativa.
Una de las cosas que más ha contribuido a la constante baja en la confianza de la ciudadanía en los parlamentarios —12 por ciento según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos— sólo más alta que los Tribunales de Justicia y los Partidos Políticos, es su evidente dificultad para autonormarse. Mientras legislan para reglamentar el desarrollo social e institucional de la ciudadanía, se deja al arbitrio de ellos mismos la decisión de autorregularse en materias tan significativas como los conflictos de interés que pueden producirse en medio de la tramitación y el debate de proyectos e iniciativas que también los afectan, o alcanzan a sus parientes directos y su vida privada. Algo que recobró importancia en el marco del problema familiar que enfrenta el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín Peña, luego que su hijo se viera involucrado en un atropello con resultado de muerte. El que el máximo dirigente de la tienda haya reaccionado, anunciando que solicitaría un reemplazo para excusarse de participar en la Comisión Mixta que analiza las discrepancias entre ambas cámaras en el marco de la llamada “ley Emilia”, da cuenta de que está consciente que el choque de intereses se convertiría en una complicación.
Pero este es un problema que ha salido a la luz cada vez que el Congreso Nacional tramita algún proyecto con notoriedad pública y no es habitual que el afectado reaccione inmediatamente, como lo ha anunciado Carlos Larraín. De hecho, el debate acerca del conflicto de interés, que inhabilita a los parlamentarios afectados, para votar en una determinada iniciativa en la que pudiera tener algún beneficio, también surgió durante la polémica Ley de Pesca, bautizada como “ley Longueira”, por ser el entonces ministro de Economía quien la impulsó. Y si bien en esa oportunidad hubo una fuerte presión ciudadana, sólo uno de cuatro senadores cuestionados para votar, se inhabilitó. Y no pasó nada. Ello, porque por increíble que parezca donde más se da el refrán aquel que reza “en casa de herrero, cuchillo de palo”, es justamente en el Congreso. El punto es que eso de la inhabilidad no está normado, por lo que se deja la decisión de hacerlo, o no, en manos del propio afectado. Así, actualmente, son los senadores o diputados los llamados a decidir si son objeto de inhabilitación o no lo son. Para que esto no siga ocurriendo es necesario cambiar los respectivos reglamentos del Senado y la Cámara Baja, algo sobre lo cual se habla mucho, pero en general se ha hecho poco. Aun cuando el problema también se presentó durante la discusión del proyecto de Ley de Prórroga al Subsidio Forestal.
[cita]A juicio de un senador opositor, “estas situaciones no se dan tan a menudo. Sin embargo, ayudaría a mejorar la imagen del Congreso, tan vapuleada por la ciudadanía, que se reglamentara el tema. Así, sabríamos cuáles son, y cuáles no, las causales de inhabilidad a la hora de votar un determinado proyecto y se terminaría con las polémicas públicas que se han generado en algunos casos como la Ley de Pesca”. [/cita]
Según un parlamentario, “puede que este problema se produzca más seguido de lo que aparece públicamente, porque no todos los proyectos son mediáticos”. Lo que no deja de ser cierto, por lo mismo, es aún más urgente que se regularice. Y en ello, tienen particular relevancia las comisiones de Ética de ambas cámaras. El problema es que, según explica el presidente de la instancia en el Senado, Hernán Larraín, ésta no tiene atribuciones para declarar la inhabilidad de un parlamentario. Y la comisión sólo puede pronunciarse al respecto si otro senador presenta un reclamo que apunte a las razones de por qué uno de sus pares, que sufragó en una determinada iniciativa, no debería haberlo hecho. Tampoco se puede hacer la presentación antes de que el ‘afectado’ estampe su votación. Así es que se vuelve al inicio, porque la instancia encargada de vigilar el comportamiento ético de los integrantes del Senado no puede actuar tampoco de oficio. Lo que genera aún más desconfianza es que después de tantos años del regreso a la democracia y constituido el Congreso nadie se haya aplicado en modernizar el reglamento, normando aspecto como las inhabilidades.
Algo que podría cambiar en los próximos meses, porque la Comisión de Ética de la Cámara Alta se encuentra trabajando en una batería de modificaciones que deberían hacerse al reglamento de esta instancia. Todo esto se está haciendo, aclara Larraín, con la finalidad de que la comisión que encabeza tenga mayores atribuciones en este ámbito, dado que cuando es posible que surjan inhabilidades los eventuales afectados se acercan a preguntarle si es necesario o no que se inhiban de votar, pero eso es algo en lo que este estamento no está calificado para actuar. De allí la importancia de que en el reglamento del Senado quede plasmado un criterio común para enfrentar los diferentes casos que puedan seguir surgiendo en el desarrollo de la labor que cumple el Congreso. Sobre todo, porque para el senador el hecho de que “cada uno es responsable y debería tener claro si hay conflicto de interés, consideramos que no es un mecanismo muy apropiado”.
A juicio de un senador opositor, “estas situaciones no se dan tan a menudo. Sin embargo, ayudaría a mejorar la imagen del Congreso, tan vapuleada por la ciudadanía, que se reglamentara el tema. Así, sabríamos cuáles son, y cuáles no, las causales de inhabilidad a la hora de votar un determinado proyecto y se terminaría con las polémicas públicas que se han generado en algunos casos como la Ley de Pesca”.
En todo caso, el problema de las eventuales inhabilidades no se restringe sólo al Senado, también se produce en la Cámara de Diputados, por lo que la Corporación se encuentra en un proceso similar al de la Cámara Alta. Según explica uno de los integrantes de la Comisión de Ética, el diputado socialista Juan Luis Castro, “está elaborando una propuesta sobre el conjunto de inhabilidades a que se podría ver enfrentado un diputado”, porque el mecanismo actual —similar al del Senado en que la decisión queda al arbitrio del propio afectado— “se presta para una mala interpretación y, a veces, se está al límite”, concluye.
