Este domingo dio a conocer los lineamientos de un eventual gobierno
La ex mandataria reforzó los tres ejes de lo que será una eventual administración suya, como las reformas constitucional, educacional y tributaria, anunciando otros aspectos, entre ellos la eliminación del multirut o impulsar una negociación colectiva con titularidad sindical. En cuanto al tema valórico, se acordó convocar a un debate abierto para elaborar un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, crear un Ministerio de la Mujer y establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios, creando un Ministerio de Asuntos Indígenas.
Durante la mañana de este domingo, la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, entregó el tan esperado programa de gobierno y los lineamientos que tendrá de cara a las elecciones del próximo 17 de noviembre, despejando las dudas en aspectos laborales y valóricos que provocaban controversia en las filas del Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Sin embargo, el documento mantiene una indefinición por el matrimonio igualitario y de paso le hace un guiño al PC en el tema de la negociación colectiva.
La entrega de su programa se produce a 21 días de los comicios electorales, lo cual motivó en las últimas semanas una serie de críticas de parte de sus contendores y desde algunos dirigentes de la Nueva Mayoría, debido a que se han generado algunas controversias respecto a las prioridades que pretende establecer en caso de llegar a La Moneda.
De esta forma, los principales problemas programáticos eran esperados por la DC y el PC, ya que, en el caso de estos últimos, han condicionado su eventual ingreso al gobierno al tono de los puntos que se incluyan, como es una reforma laboral y otra educacional, además de la reforma tributaria.
Dentro de los aspectos más importantes de los lineamientos dados a conocer por la ex mandataria está el de la reforma educacional, que se sustenta –de acuerdo al programa– en cuatro pilares, que son la calidad educativa, segregación e inclusión, gratuidad universal y el fin al lucro en todo el sistema educacional.
De esta forma, el programa establece que todos los establecimientos educacionales deberán ser de excelencia y para concretar esto se deben entregar las herramientas y recursos necesarios para mejorar la calidad y asegurar una efectiva fiscalización, como el debido apoyo y acompañamiento, lo cual requiere que la profesión docente esté dentro de las más valoradas socialmente y de las más exigentes, así como también entregar el espacio y las herramientas necesarias para que los profesores, directivos y asistentes de la educación puedan desarrollar su labor.
En cuanto a la educación superior, se deben aumentar las exigencias hacia las instituciones, a través de mecanismos fuertes de acreditación, procesos más equitativos de acceso y compromisos para reducir la deserción.
Sobre la gratuidad universal, el plan implica pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece un derecho social.
En cuanto al fin del lucro en la educación, el programa de Bachelet no implica terminar con el sector particular subvencionado, respetando la existencia de un sistema mixto, pero debe hacer valer el derecho a una educación de calidad.
Sobre la reforma tributaria, el plan de la ex mandataria establece cuatro objetivos: aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos permanentes, los gastos de la reforma educacional, otras políticas del ámbito de la protección social y el déficit estructural en las cuentas fiscales; avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso; introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al ahorro e inversión y disminuir la evasión y la elusión.
“La meta de recaudación del conjunto de las medidas de la Reforma Tributaria será de 3% del PIB. Esta meta se descompone en 2,5% del PIB provenientes de cambios a la estructura tributaria y 0,5% del PIB de medidas que reducen la evasión y la elusión”, propone el documento.
En cuanto al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), el programa parte señalando que es un mecanismo que no existe en ninguna parte del mundo, el cual fue creado en los años 80, posterior a la crisis económica de esa década y que obedece a las condiciones económicas específicas de ese momento, debido a las restricciones financieras que enfrentaron las empresas en dicha década en Chile.
Según el programa, este mecanismo se ha transformado en una fuente de elusión y de evasión tributaria, por lo que se contempla que los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran, lo cual será implementado a partir del cuarto año de la reforma y terminando con el FUT.
Sobre la nueva Constitución, el programa de la Nueva Mayoría establece que el texto vigente reconozca y se base en un sistema plenamente democrático; que recoja las normas y principios de Derechos Humanos reconocidos en Chile y en el ámbito internacional.
El documento agrega que la Constitución actual, aún con las modificaciones que se le han efectuado, “está sustentada en una desconfianza a la soberanía popular; de allí las diversas limitaciones a la voluntad popular mediante los mecanismos institucionales de contrapesos fuertes a dicha voluntad, siendo el ejemplo más evidente el mecanismo de los quórum contra mayoritarios para la aprobación y modificación de las leyes importantes. Ello no es propio de un sistema democrático; contribuye a la deslegitimación del sistema político; y actualmente constituye un freno al desarrollo del país, y a su gobernabilidad”.
En cuanto al sistema electoral, la nueva Carta Magna propuesta por la Nueva Mayoría estipula consagrar los principios que aseguren un sistema electoral que recoja los principios básicos de una democracia representativa, por lo que se impulsará la sustitución del actual sistema electoral binominal para la elección parlamentaria por uno de representación proporcional.
Sobre los quórum para aprobar leyes, el programa señala que “de acuerdo a la esencia del sistema democrático, se deberá consagrar el principio de mayoría; siendo la mayoría absoluta el máximo quórum de aprobación y modificación de las leyes, recogiendo con ello nuestra propia historia constitucional democrática, así como el derecho comparado y el desarrollo de las doctrinas democráticas”.
En otro punto, el programa habla sobre la reforma a la Constitución, indicando que la nueva Carta Magna prevé para el ejercicio del poder constituyente algunas reglas básicas, como que la potestad constituyente derivada “reside esencialmente en el Congreso Nacional quedando sometida al principio de doble lectura y de rol co-constituyente del Gobierno; las diferencias entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República que se traduzcan en un desacuerdo sobre el contenido de la reforma constitucional, en cualquiera de sus trámites constitucionales, deberán ser sometidas a referéndum constituyente de forma que sea el pueblo el que arbitre ante tales diferencias; la reforma constitucional despachada por las cámaras del Congreso Nacional, sancionada por el Gobierno, deberá ser sometida a ratificación del pueblo mediante referéndum, antes de su promulgación, y el ejercicio del poder constituyente derivado admite la reforma total o parcial, debiendo someterse a las reglas procedimentales fijadas para su ejercicio en la Constitución”.
Sin embargo, en el punto sobre el proceso para la elaboración de una nueva Constitución, en ninguna de sus tres aspectos habla de una Asamblea Constituyente, y se señala que se debe estructurar en un contexto en que se escuchen todos los puntos de vista, se hagan presentes todos los intereses legítimos y se respeten los derechos de todos los sectores, para lo cual el Ejecutivo y el Legislativo tendrán que “acordar criterios que permitan dar cauce constitucional y legal al proceso de cambio; y que permitan la expresión de la real voluntad popular en el sentido de los cambios”.
No obstante, en el último punto se habla de que “la ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aprobación de la Nueva Constitución. Para tal efecto, el proceso constituyente supone, de entrada, aprobar en el Parlamento aquellas reformas que permitan, precisamente, una deliberación que satisfaga esta condición”.
El programa de gobierno de la Nueva Mayoría también le hace un guiño al PC en el tema laboral, afirmando que es necesario fortalecer los sindicatos y realizar un conjunto de modificaciones a la negociación colectiva, que permita ampliar la cobertura de trabajadores que pueden ejercer este derecho.
En este sentido, se anunció que el primer paso será la eliminación del multirut o razones sociales para efectos laborales, debido a que se ha traducido en limitaciones al ejercicio de derechos laborales de los trabajadores, como la sindicalización y la negociación colectiva.
Bachelet dijo que se impulsará una negociación colectiva con titularidad sindical y se extenderán los beneficios, de forma automática, al trabajador que se afilie a un sindicato que negoció el contrato colectivo.
El programa también señala que es necesario avanzar en un nuevo marco legal que contenga el Estatuto del Temporero y la Actividad Agrícola de Temporada, que consagre la protección a los trabajadores y trabajadoras del mundo rural.
Respecto de la protección a la libertad sindical, se fomentará y facilitará la actividad de estas organizaciones, para “lo cual una de las áreas a estudiar es que los permisos sindicales deberían ser ampliados y de cargo de la empresa, en particular, los que se utilizan para labores de educación y capacitación sindical y otras actividades propias de la labor sindical”.
En el ámbito de sistema previsional, el programa menciona que en los primeros 100 días del eventual gobierno de Bachelet se encargará un estudio sobre el sistema de pensiones a un equipo de expertos nacionales e internacionales para que propongan alternativas de solución frente a los problemas actuales.
Además, se anuncia el envío de un proyecto de ley para crear una AFP Estatal “que permita mayor competencia de precios, la atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP existentes, como los trabajadores independientes, de menores rentas y quienes laboran en zonas apartadas de los grandes centros urbanos”.
El programa –de más de 190 páginas– también propone otros aspectos, como el tema energético, estableciendo planes a corto plazo y largo plazo, entre los que se cuentan mejorar la regulación de transmisión eléctrica, promover las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), un mayor esfuerzo en eficiencia energética.
Sobre ciencia, tecnología e innovación, el plan estipula dar un nuevo estatus legal al Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) y al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que les dará estabilidad y les permitirá ampliar su ámbito de preocupación desde la competitividad al desarrollo nacional.
También se propone crear el Ministerio de Asuntos Indígenas, que será el encargado de colaborar con el Presidente de la República en la definición de una política indígena. Además, se enviará un proyecto de ley para crear el Consejo de Pueblos Indígenas que deberá tener funciones consultivas y resolutivas y garantizar la debida representación por Pueblos, entre otras materias.
En cuanto al matrimonio igualitario, el plan de Bachelet no habla explícitamente sobre apoyar esta opción, ya que se contempla convocar a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia.
En cuanto al tema de género, Bachelet propone una Nueva Agenda de Género, que se base en los derechos, igualdad y autonomía de las mujeres, la cual será impulsada por una institucionalidad renovada y de mayor rango.
De esta forma, en los primeros 100 días de gobierno, se enviará al Congreso el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer, el cual busca situar la “igualdad entre mujeres y hombres al más alto nivel en la agenda política. Junto con ello, reinstalaremos el Consejo de Ministros para la Igualdad de Oportunidades y fortaleceremos su funcionamiento, generando una instancia permanente de asesoría técnica”.
