La mayoría de los requeridos está actualmente en prisión, condenados en diversos juicios por violaciones a los derechos humanos a penas de cárcel, que en el caso de Manuel Contreras suman más de 300 años tras las rejas.
La magistrada de la Corte Suprema Rosa María Maggi rechazó extraditar a diez antiguos represores del régimen de Augusto Pinochet condenados en ausencia en Francia por el homicidio de cuatro ciudadanos galos durante la dictadura militar en Chile, informaron este lunes fuentes judiciales.
La jueza sostuvo en una resolución que los casos por los que la justicia francesa solicita la extradición están siendo investigados en Chile por jueces especiales y que corresponde a los tribunales chilenos juzgar los crímenes.
Los condenados por los tribunales franceses son los oficiales retirados Luis Ramírez Pineda, Rafael Ahumada, Gerardo Godoy y el empresario Emilio Sandoval Poo.
También figura la cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), con Basclay Zapata, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito y el general en retiro Manuel Contreras, que era el jefe de la unidad.
La mayoría de los requeridos está actualmente en prisión, condenados en diversos juicios por violaciones a los derechos humanos a penas de cárcel, que en el caso de Contreras suman más de 300 años tras las rejas.
Todos ellos fueron condenados en ausencia por un tribunal de París en diciembre 2010 a penas que iban de los quince años de cárcel a cadena perpetua por el secuestro, las torturas y la desaparición de cuatro ciudadanos franceses ocurridos entre 1973 y 1975.
Las víctimas son Georges Klein, consejero del presidente chileno Salvador Allende, y Alphonse-René Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
También Jean-Yves Claudet, militante del MIR desaparecido en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor de las dictaduras suramericanas de los años 70, y Etienne Pesle, párroco dedicado a la redistribución de tierras.
En su resolución, la jueza Maggi consideró que la Justicia chilena es la que debe juzgar esos crímenes «dado que se trata de hechos acaecidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y cuyo principio de ejecución se sitúa dentro del territorio de nuestro país», según explico.
