Rechazo de acreditación de la UDLA repone el foco en prácticas mercantiles en la educación superior

En el acta de la Comisión Nacional de Acreditación del 16 de octubre, la Universidad de Las Américas selló su futuro inmediato. A las 16:20 de la tarde, los comisionados pusieron punto final a la reunión que determinó que –después de tres años de contar con la acreditación– la casa de estudios del grupo Laureate quedaba sin el visto bueno de la institución.

El hecho no sólo perjudica a la UDLA –ya que no podrá recibir alumnos con CAE (crédito con aval del Estado)– sino que también, para algunos, pone de manifiesto que la acreditación a la que fue sometida la institución el 2010, no hace más que reafirmar ahora los vicios del sistema que vigila la educación superior en el país.

“Este caso ejemplifica muy bien las graves fallas que presenta el sistema de acreditación. La inexistencia de criterios objetivos de medición de la calidad como tal –la actual ley sólo habla de mejoramiento de la calidad– ha hecho posible que esta universidad, como varias otras que han recibido tres o menos años de acreditación, continúen contando con el aval del Estado ya que, siendo la CNA un organismo público, es el Estado de Chile quien les indica a los jóvenes que ingresan a estas instituciones que son razonablemente buenas como para que estudien en ellas”, comenta Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA.

Según la Resolución de Acreditación Institucional Nº230 –y tomando como referencia la información entregada por la casa de estudios– el número de estudiantes de pregrado aumentó de 25.272 en el año 2010 a 34.436 en el año 2013, mientras que el número de docentes con jornada completa aumentó sólo de 231 en 2010 a 235 en 2012 y los académicos de media jornada disminuyeron de 177 a 164. Con estas herramientas, según el documento, “la universidad ha declarado e implementado un proyecto de universidad docente, masiva, inclusiva y orientada a la demanda, con presencia en tres regiones, que ofrece 51 carreras profesionales y 13 carreras técnicas en modalidad diurna, vespertina, Executive y de continuidad de estudios”.

La resolución es clara y apunta hacia el desigual crecimiento de planta docente versus alumnos: “El empeoramiento en este índice que refleja un aspecto estratégico clave en el desarrollo del proyecto institucional de la Universidad debiera haber sido un punto crucial del informe de autoevaluación y materia de una evaluación crítica por parte de los órganos superiores de la Universidad. Sin embargo, no hay evidencia de que los organismos superiores de la Universidad hayan reconocido esta dilución y que se pretenda corregirla a través de planes de mejora”.

[cita]Según el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Matko Koljatic, el crecimiento de la universidad ha sido acelerado. “La universidad creció en cuatro años algo así como de 25 mil a 35 mil alumnos, sin tener un crecimiento proporcional en su planta académica”, dijo.  Pero, sin duda, uno de los temas que también llamó la atención es que, desde la perspectiva financiera, se concluye “que la universidad no posee por sí misma capacidad suficiente para sustentar el proyecto institucional”. [/cita]

Según el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Matko Koljatic, el crecimiento de la universidad ha sido acelerado. “La universidad creció en cuatro años algo así como de 25 mil a 35 mil alumnos, sin tener un crecimiento proporcional en su planta académica”, dijo.

Pero, sin duda, uno de los temas que también llamó la atención es que, desde la perspectiva financiera, se concluye “que la universidad no posee por sí misma capacidad suficiente para sustentar el proyecto institucional”.

“Desde el punto de vista financiero, la acreditación de esta clase de universidades les ha permitido recibir los beneficios del crédito con aval del Estado siendo, en no pocos casos, la razón última de su sustentabilidad económica”, advierte Basso. A diciembre de 2012, el CAE representó un 39,4% de los ingresos de la UDLA.

Los evaluadores señalaron que hasta un 45% de los costos están evidentemente concentrados en el pago de arriendos y servicios administrativos y de apoyo educacional.

“Aunque el componente de remuneraciones académicas es bajo, el gasto en arriendos, servicios administrativos, y educacionales, prestados por empresas relacionadas a Laureate, es sustantivo. Por la salida de flujos hacia Laureate, la Universidad está expuesta a una eventual vulnerabilidad financiera en caso de no tener su soporte”, señala el documento.

En una entrevista que concedió hace pocos días a La Tercera, el rector de la UDLA, José Pedro Undurraga, señaló sobre los costos que van a empresas relacionadas que, de acuerdo a la información que está en la página web de la universidad, “todos los contratos de prestaciones de servicios que tenemos con empresas de propiedad de Laureate, el controlador, o donde el grupo es mayoritario, suman 11% de los costos totales de la universidad. Los arriendos los brinda una institución que no está relacionada con Laureate, sino de la cual nosotros somos parte, junto a otras universidades”.

Los establecimientos relacionados con Laureate son la UNAB, UDLA, AIEP, IP Escuela Moderna de Música y Universidad Viña del Mar.

LA SOMBRA DE DÍAZ

La lupa aún continúa sobre el sistema de acreditaciones de las universidades; un caso que está siendo investigado por el fiscal Carlos Gajardo, quien también sigue la pista a las instituciones que hubiesen lucrado.

En esta última indagación se encuentra el nombre de la Universidad de Las Américas y actualmente la PDI sigue el hilo con algunas pericias.

Respecto a la investigación que dice relación con el lucro, una arista que se abrió a comienzos de año son los créditos internos que entregaron algunas de estas instituciones, con altos intereses y sin tasas fijas. Entre el año 2002 y 2009, la Universidad de las Américas entregó créditos directos como una forma de financiar las carreras de los alumnos que no tenían otra opción. Sin embargo, la ayuda se transformó en un salvavidas de plomo para muchos estudiantes que fueron endeudándose más tras cada retraso en las cuotas.

En cuanto a la primera investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente, aquella que dice relación con las acreditaciones, quien ha debido declarar es Jorge Selume, presidente de la Región Andina de Laureate y vicepresidente de Corpbanca –de propiedad del empresario Álvaro Saieh– , banco que se quedó con el negocio de los Créditos con Aval del Estado el año 2011.

Fuentes de la Fiscalía señalan que su testimonio tiene relación con las universidades Viña del Mar, Las Américas y Andrés Bello, pero sobre todo con la última. Uno de los correos que constan en la investigación, fechado el 11 de diciembre de 2009 –y que fue incautado al ex presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz– da cuenta de forma más clara del vínculo entre Díaz y Selume: “Estimado Jorge: el próximo miércoles se verá el IP Escuela Moderna de Música. Yo debo inhibirme, aunque no haya una estricta inhabilidad legal. El informe está bueno. Los relatores internos (la opinión de ellos es muy importante) son —por favor esto es confidencial— Rodrigo Alarcón y Octavio Henríquez. Ya hablé con Rodrigo Alarcón y estoy llamando a Octavio. También hablé con Emilio y la Sally), y hablaré con Pedro Corona y Roberto Careaga. Creo que sería bueno que tú hablaras con Rodrigo para afirmarlo. Estoy pidiendo que se jueguen por cinco años aunque conociendo a mi comisión me sospecho o me temo que la discusión serán entre 3 y 4. Pídele a Rodrigo que se juegue por cinco. Aunque no estaré en sesión estaré encima de la decisión. El martes los repasaré a todos. Cordialmente, Eugenio”.

Eugenio Díaz trabajó para la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad de la UNAB desde enero de 2009 hasta marzo de 2011. El objetivo de su contratación fue asesorar la creación de esta (levantada finalmente en mayo de 2010), con el objetivo de preparar a la institución para el proceso de acreditación internacional. Díaz fue presidente (s) de la CNA desde el 30 de abril de 2010 hasta el 24 enero de 2011 y tuvo distintos períodos como comisionado.

En medio del proceso de acreditación, algunos personeros de la CNA recordaron la vehemencia con que Díaz quería participar de las acreditaciones de las instituciones del grupo Laureate. Incluso, debió inhabilitarse, por su cargo en la UNAB, de opinar sobre la acreditación de la UDLA en 2010. Meses después (18 de diciembre de 2010), Díaz envió un correo a Selume contándole sobre estas situaciones: “Conversando con Julio Castro (ex jefe de la División de Educación Superior del gobierno de Lagos que se integró al grupo Laureate) se nos ocurrió que quizás sea conveniente solicitar un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de la supuesta inhabilidad que me afectaría –que se aplica también a Luis Horacio y ahora afectaría también a Eduardo Olivares (rector del AIEP, también del grupo Laureate)– para participar en la acreditación de las demás instituciones Laureate. La abogada jefe –que es muy sesgada– emitió un informe recomendando la inhabilidad. Enrique Montenegro, cuando íbamos a comenzar a ver AIEP, planteó que no podíamos estar en esa sesión y todos los demás estuvieron de acuerdo. Como ello nos seguirá afectando, se nos ocurrió conveniente recurrir a la Contraloría”.

Respecto a ese e-mail, Selume dijo a CIPER que ese correo nunca fue respondido y que también abría nuevas sospechas: “Yo tengo la impresión que él estaba usando el caso nuestro para poder habilitarse para votar en otras acreditaciones en curso que le interesaban, porque fue condición desde el día cero que él debía inhabilitarse en las acreditaciones nuestras y así quedó registrado”.

Hay quienes han salido a criticar la severidad de la CNA en esta oportunidad, como el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, quien dijo a la prensa que el organismo “está cayendo en un exceso de celo al acreditar, condicionado por la historia reciente, para limpiar su imagen. El organismo sufrió un grado de desprestigio significativo producto de los problemas que todos conocemos y hoy está aplicando una severidad que en algunos casos puede ser injustificada. Es una decisión que se dio durante el período del actual presidente, Matko Koljatic, y que busca limpiar la imagen. Creo que quieren validarse ante el medio y la estrategia apunta a aplicar mano mucho más dura”.

LA UDLA POR DENTRO

El año 2008 la UDLA pasó a formar parte del consorcio educacional internacional Laureate. Actualmente, importantes personajes, tanto de la Alianza como de la oposición, estampan sus nombres como autoridades del plantel. El presidente de la Junta Directiva es Herman Chadwick Piñera, primo del Presidente, ex presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y actual presidente del Consejo Nacional de Televisión.

En la junta también aparece el nombre de Genaro Arriagada, ex ministro de la Concertación y ex embajador en Estados Unidos; Manfredo Mayol Durán, ideólogo de las campañas políticas de la UDI; y Jorge Selume, presidente para la región andina del consorcio Laureate.

Entre las autoridades también se encuentra Pilar Armanet (PPD) –abogada, ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc y ex vocera de Bachelet–, quien se desempeña como vicerrectora académica de esa casa de estudios. A su nombre, entre la lista de personeros ligados a la Concertación, se suma el de la ex subsecretaria de Educación, durante 2006 y 2007, Pilar Romaguera (PS), decana de la Facultad de Educación, y el abogado Patricio Zapata (DC), quien conformó el equipo constitucional de Michelle Bachelet en el último tramo de elaboración de su propuesta programática y quien figura como decano de la Facultad de Derecho.

Respecto a este último proceso de acreditación, la UDLA tenía plazo hasta ayer para encontrar un camino de apelación. Por esa razón, la institución presentó un recurso de reposición ante la CNA. A partir de esta fecha la comisión tiene 30 días hábiles para pronunciarse sobre la reposición. “Tras un análisis de todos los informes que se han dado a conocer en este proceso, hemos concluido que, como institución, no logramos comunicar del modo más adecuado nuestro proyecto, lo que influyó en que la CNA se hiciera una idea equivocada del quehacer de UDLA”, señaló la institución por medio de un comunicado.

De no prosperar esta acción, la universidad podría también apelar al Consejo Nacional de Educación (CNED); un escenario que recuerda la misma situación de hace seis años, según Basso: “El 5 de diciembre de 2007 la CNA negó la acreditación a la UDLA debido a, según se infiere del Acuerdo N° 06, severas deficiencias tanto en su organización institucional como en docencia de pregrado. No obstante, el Consejo Superior de Educación –actualmente Consejo Nacional de Educación, CNED– decidió en abril de 2008, en instancia de apelación, otorgarle 3 años de acreditación. Esta casi permanente menor exigencia del CNED ha causado, en mi opinión, un  irreparable daño al sistema de educación superior”.