Luego que 84,5% de las bases rechazara principio de acuerdo
El titular del Interior apuntó contra aquellos ediles que han contribuido a «agravar» el conflicto, mismos a los que conminó a cumplir sus obligaciones legales frente a las elecciones del domingo 17. Y anunció que, pese a que la movilización sigue, el Ejecutivo igualmente enviará al Congreso el proyecto que iguala gradualmente las asignaciones del PMG.
El gobierno endureció este viernes su posición frente al paro de los funcionarios municipales, que se extiende ya por casi tres semanas, luego que el 84,5% de los trabajadores rechazara, en una votación realizada durante la presente jornada, el documento que habían acordado sus dirigentes con el gobierno y que se vislumbraba como un principio de acuerdo para poner fin a la movilización.
Fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick quien, junto al subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Flores, dio lectura en el Palacio de La Moneda a una declaración pública en la que condenó el rechazo a la propuesta, calificó el paro de “ilegal” y apuntó contra los alcaldes que, según indicó, llamaron a los funcionarios a desecharla, pese “al grave daño a la ciudadanía” que está ocasionando la situación, y que impacta especialmente a “la clase media y los sectores vulnerables de nuestro país”.
“El gobierno rechaza y condena los procedimientos al margen de la ley que han sido utilizados. Estos han provocado graves daños a la ciudadanía, poniendo en riesgo la salud de la población ante la negativa de extraer la basura o bien de distribuir el agua a los sectores más necesitados y, además, como no lo habíamos visto antes en los funcionarios municipales, con alteraciones al orden público y acciones de carácter violento”, dijo el secretario de Estado.
Si bien reiteró que el Ejecutivo considera justa la demanda de nivelar las asignaciones de los programas de mejoramiento de gestión (PMG), que es una de las principales exigencias de los trabajadores municipales, y que se nivele la situación de estos con los del sector público, advirtió que “hay que entender que esto compromete 50 mil millones de pesos anuales, y es por esta razón que hemos propuesto avanzar de forma gradual para poder cumplir esta justa nivelación”.
“Esto no será de cargo de este gobierno, sino que de los gobiernos futuros, pero igualmente nos exige actuar con la mayor responsabilidad”, agregó.
De todas maneras, y pese a la continuidad del paro, adelantó que en los próximos días se enviará para su tramitación al Congreso Nacional “un proyecto de ley para igualar gradualmente las asignaciones del PMG de los funcionarios municipales y fiscales. De esta forma creemos que estamos contribuyendo a terminar con un conflicto que ha sido ilegal e injustificado en su origen, condenable en sus métodos y muy dañino en sus consecuencias para todos los chilenos”.
Andrés Chadwick recordó que el jueves último el gobierno propuso a los dirigentes reducir dicha gradualidad a tres años, lo cual fue rechazado en la consulta a las bases. Por ello dijo que lamentaba “la intransigencia y rigidez que condujo al rechazo de esta propuesta que los propios dirigentes nacionales habían construido y aprobado en beneficio de todos los funcionarios municipales”.
Y dijo que “lamentablemente también tenemos que rechazar la actuación irresponsable de algunos alcaldes, que olvidando su principal compromiso de atender las necesidades de los vecinos de sus comunas, lejos de colaborar con la solución del conflicto, han contribuido a agravarlo, lo que ha quedado al descubierto al llamar hoy día a votar en contra de la propuesta a sus propios funcionarios”.
Chadwick, puso énfasis en que los ediles son responsables de los recursos financieros de las municipalidades y que “el no cumplimiento de esta obligación podría conducir a juicios de cuentas e involucrar responsabilidades personales de los señores alcaldes”.
Asimismo, advirtió que sólo restan nueve días para las elecciones presidenciales y parlamentarias y que la ley obliga a los jefes comunales a colaborar con la entrega de los materiales para la realización del acto electoral. “Si ello no se hace, incluso quedan con sanciones penales aquellos que no brindan esta colaboración”.
Finalmente, dijo que el gobierno espera que todos los alcaldes “cumplan con sus obligaciones y compromisos legales y democráticos” y que está en constante coordinación con el Servicio Electoral para garantizar que los comicios se lleven a cabo “con absoluta normalidad”.
“Nadie tiene derecho a amenazar con interrumpir o alterar el normal desarrollo de las elecciones que se van a desarrollar el próximo domingo 17 de noviembre”.
