Ambos enfrentan cargos por explosión en la Basílica de Zaragoza
El ministro de Defensa recordó el «maltrato» del que dice haber sido objeto no sólo él, sino que también los fiscales que estuvieron a cargo del caso que terminó con el sobreseimiento de todos los acusados, entre ellos Mónica Caballero y Francisco Javier Solar, por parte del titular de un tribunal de Garantía. Y también apuntó contra los «liderazgos políticos» que hicieron «eco de una campaña absurda e infundada de que se trataba de un montaje».
El ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, se mostró satisfecho este miércoles por la detención en España de dos chilenos que habían sido sobreseídos del denominado caso bombas, precisamente por la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza.
«Me alegra y produce satisfacción que la policía española haya logrado detener a los responsables. Es un avance para la paz mundial y para la protección de todos los ciudadanos», dijo el secretario de Estado sobre el caso de Mónica Caballero, de 25 años de edad, y Francisco Javier Solar, de 34.
Sin embargo, lamentó que cuando el caso bombas estaba en pleno proceso, época en la que él estaba a la cabeza de Interior, tanto jueces de garantía como distintos «liderazgos políticos» hayan hecho «eco de una campaña absurda e infundada de que se trataba de un montaje y una suerte de obcecación u obsesión de este ministro del Interior», lo que, a la luz de los hechos recientes, considera que quedó desacreditado.
Hinzpeter dijo también que en ese entonces «vimos cómo un juez de garantía, lo que me resulta incomprensible, se convirtió en un verdadero muro que excluyó una infinidad de pruebas», al tiempo que se quejó del «maltrato» que recibieron los fiscales y abogados de gobierno en el caso, en alusión al magistrado Luis Avilés.
En la misma línea, dijo que habría esperado que todos los sectores políticos respaldaran su labor como jefe de gabinete para investigar la colocación de bombas, poniendo énfasis en que estas no fueron una fantasía y que, por el contrario, causaron daños a la propiedad pública y privada, poniendo además en riesgo la integridad de las personas, mismas que a su juicio tienen derecho a caminar por las calles sin temor a ser víctimas de los efectos de una explosión por una acción premeditada.
Respecto al caso Mónica Caballero y Solar, Hinzpeter recordó que al momento de ser absueltos de los cargos, la Corte de Apelaciones resolvió que el fisco los indemnizara con 80 millones y 100 millones de pesos, respectivamente, pago que todavía no se ha efectuado y al que apeló el Consejo de Defensa del Estado.
Asimismo, sostuvo que el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, «sostiene tener pruebas muy categóricas de la participación de estas personas en la colocación» de un artefacto explosivo en Zaragoza, y en tono de reproche expresó que «ojalá reciba el respaldo de las fuerzas políticas y no sufra el maltrato» que asegura haber recibido él al enfrentar el caso.
La detención de ambos la dio a conocer durante la presente jornada un comunicado de la Policía Nacional de España, que detalló que la operación para dar con su paradero la llevó a cabo «en colaboración con la Policía de Investigaciones de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Chile».
«Agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía –junto a las Brigadas Provinciales de Información de Barcelona, Madrid y Zaragoza– han detenido hoy, a las 02:50 horas, en Barcelona, a los presuntos autores y una colaboradora de la colocación y activación del artefacto explosivo que hizo explosión en la nave central del Altar Mayor de la Basílica del Pilar de Zaragoza el pasado 2 de octubre». Asimismo, detalla que «los tres detenidos –de nacionalidad chilena e italiana– pertenecen a organizaciones o grupos anarquistas con conexiones internacionales responsables de múltiples acciones terroristas». Sobre el rol de la PDI en el operativo, la policía española detalla que ésta realizó las investigaciones en el «caso bombas», un procedimiento judicial en el que se procesó a 12 personas como integrantes de organización terrorista y responsables de la colocación de más de treinta artefactos incendiarios-explosivos entre los años 2006 y 2009 en Chile. Una de las acciones llevadas a cabo por este tipo de organización fue la colocación de un artefacto explosivo el 21 de noviembre de 2009 en la Iglesia de Los Sacramentos, en Santiago de Chile (Chile)».
Detalla además que «los ahora detenidos, de nacionalidad chilena, se trasladaron a España, tras un procedimiento penal en el que fueron absueltos por un error procedimental, y fijaron su residencia en Barcelona. El pasado 2 de octubre, los detenidos, que pertenecían a un grupo denominado ‘Comando Insurreccional Mateo Morral’, se dirigieron a Zaragoza en transporte público llevando consigo en una bolsa el artefacto explosivo que luego colocaron en la Basílica del Pilar, lo activaron produciendo cuantiosos daños en el interior de este templo y provocando heridas de diversa consideración a una persona».
«Esta acción terrorista, llevada a cabo en Zaragoza, tiene muchas similitudes con el otro atentado ocurrido a principios de este año, el 7 de febrero, en la catedral de la Almudena de Madrid, donde fue colocada una bomba de características similares en el interior de un confesionario que fue desactivada por especialistas TEDAX del Cuerpo Nacional de Policía», agrega.
Andrés Chadwick fue el encargado de expresar la posición del Ejecutivo tras la detención de ambos chilenos, oportunidad en la que recordó las críticas que en su momento se hicieron contra su antecesor en el Ministerio del Interior.
«Se acusó al gobierno de haber desarrollado un montaje para efecto de acusar a personas inocentes, y hubo durísimas críticas en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter”, dijo.
“¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? En primer lugar, las dos personas absueltas se trasladaron a España y allá, con la información entregada por el gobierno español, esas personas han seguido colocando bombas, pero ahora en España (…) ha quedado claro, por las situaciones ocurridas en España y por la actuación de la justicia española, que el gobierno del Presidente Piñera en el caso bombas actuó cumpliendo absolutamente con su deber, que es buscar siempre el bien común, protegiendo a las personas y recurriendo a la acción de la justicia”, sostuvo.
Y recalcó que en el Ejecutivo «cumplimos nuestro deber y con los hechos conocidos hoy, sí que teníamos razón. Creo que hay algunos tribunales de justicia en nuestro país que deben dar una explicación”.
“Es bueno y oportuno recordar que en el llamado caso bombas, el juez de garantía que conoció el caso, el señor Luis Avilés, de las 7 mil pruebas que presentó el Ministerio Público, el 60% de ellas las declaró impertinentes, es decir, prohibió la presentación de las pruebas en el juicio oral correspondiente”, concluyó.
